Córdoba

Desde hace 13 años funciona en la órbita municipal un espacio de formación artística gratuito para la comunidad denominado Danza-Teatro. El espacio cuenta con un elenco de artistas que recorre las escuelas municipales urbano-marginales para llevarle el teatro a niños y adultos, que de otra manera no podrían acceder a esta expresión artística. "La respuesta de los niños es maravillosa", afirma la responsable del taller, Marola Farías, entrevistada por nuestra periodista ciudadana. Hoy, el grupo, no puede programar sus actuaciones porque el municipio le adeuda cuatro meses de becas.

Un funcionario reveló a este diario que al menos la mitad de las 35 mil personas registradas como poseedoras de tierras no posee ningún inmueble. Le mienten al Estado a los fines de hacerse de un título posesorio. Raúl Costa (foto), subsecretario de Asuntos Registrales, sostuvo que por este asunto se denunció recientemente a un particular ante el fiscal general. También advierte sobre la venta de declaraciones juradas de tierras por profesionales inescrupulosos. Desde el Movimiento Campesinos destacan la actitud de la Provincia de abrir una instancia de diálogo y participación pero advierten que la situación sigue siendo preocupante para las familias campesinas. "Más del 75% no tienen títulos, pese a las normativas aprobadas", señalan.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, decretó ayer (foto) la pena de muerte del modelo gerencial de la obra social de la provincia. Destacó el mandatario que los afiliados tendrán ahora libertad para elegir, pero un prestador opina que el bajo arancel que paga la obra social conspira contra esa pretendida libertad porque los afiliados seguirán siendo el último orejón del tarro. Tampoco está muy claro si el sistema capitado se elimina del todo. En los hechos parecería que no. La picardía del gobernador es decir que será el Estado el administrador (o gerenciador) con participación de los interesados (afiliados), cuando la Constitución Provincial establece lo inverso.

Así lo dispuso, en acuerdo reglamentario publicado hoy en el Boletín Oficial, el Tribunal Superior de Justicia. Era el único poder del Estado que no había resuelto cómo dar a publicidad las declaraciones juradas que hacen a los bienes de magistrados y funcionarios.

Un grupo de vecinos de barrio Cabildo, perteneciente a cooperativas de viviendas, mantiene simbólicamente tomada desde el miércoles la Catedral de Córdoba para reclamar por fondos atrasados de la Nación para la construcción de mil viviendas. Uno de ellos está en huelga de hambre. Es la cuarta vez que deben hacer esto para que los escuchen. La última vez les mintieron: un funcionario nacional prometió que "en 20 días" le depositaban el dinero. Desde la Provincia, tampoco quieren atenderlos y los funcionarios "se pasan la pelota" entre ellos.

Entrevistamos a Juan Evaristo Puthod, el militante de derechos humanos de la Casa de la Memoria de Zárate que en abril pasado fue secuestrado por 27 horas. El suyo, es el tercer caso de secuestro en Argentina de testigos en causas contra represores. El primero fue Jorge Julio López, el primer desaparecido en democracia. Después de un mes de su enigmática captura, no hay pistas siquiera del auto utilizado por los secuestradores pese a que Puthod aportó datos como el modelo, color y chapa patente. Cuestiona al fiscal y niega que detrás de su efímera desaparición, esté el poder político. "Son grupos de tarea", insiste. El dirigente estuvo de visita en Córdoba.

Se cumplen hoy 39 años de que una revuelta popular, bisagra en la historia de Córdoba y la Argentina, sacudiera los cimientos del onganiato. Dos medios gráficos de la época, Los Principios y La Voz del Interior manifestaron abiertamente sus posicionamientos, a favor o en contra de las épicas jornadas de entonces. Mientras el diario de los Remonda entendía los fundamentos del descontento popular, el medio de la Iglesia defendía al régimen y reclamaba autoridad.

La democracia de Córdoba comenzó ayer a saldar una deuda histórica: enjuiciar y condenar a los responsables de violar los derechos humanos y de cometer los peores atropellos a la dignidad de la persona humana. Ellos son Menéndez y compañía. La semana próxima empezarán a desfilar los testigos. Los familiares de las víctimas estuvieron contenidos, aunque el presidente del tribunal sobreactuó el reto a una familiar que insultó a estos genocidas, que asistieron impertérritos a las graves acusaciones en su contra.

Así lo revela una información publicada en marzo del '77, en relación al juzgamiento de tres "delincuentes subversivos", uno de los cuales fue condenado a más de dos años sólo por repartir "emblemas". En ese tiempo Otero Alvarez era secretario en lo penal del juzgado federal número 1 e intervenía en esos castigos; hoy integra el tribunal que debe juzgar a alguien más peligroso que un simple activista panfletario.

Dan por descontado que Luciano Benjamín Menéndez al final del juicio que se inicia hoy será condenado, y a la hora de imaginar un castigo no piensan en otro que no sea la pena máxima, ya que entienden que tanto las pruebas documentales como las testimoniales recogidas en todos estos años, dan por acreeditada su participación en los asesinatos atribuidos como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.