Córdoba

Ante el peligro que supuestamente representaba la presencia de dos caballos pastando en el cantero de la vereda de su casa, la periodista ciudadana llamó primero al 101 para pedir auxilio y luego aprovechó el hecho para reflexionar sobre el trabajo de los carreros y la legitimación que este oficio insalubre ha alcanzado en el poder público.

La afirmación corresponde a un ex empleado del Registro de la Propiedad que está siendo juzgado por fraguar títulos dominiales para apropiarse de inmuebles. Daniel Cerdá -imputado en la megacausa- confesó ayer que robó para la corona al aseverar que falsificó escrituras para De la Sota y los suyos: Carbonetti, Riutort, Alessandri, Elettore y González. Dijo que todos eran parte de una banda.

Este es el momento en que manifestantes encapuchados y con el rostro cubierto con pañuelos perpetran el ataque contra el móvil de Canal 12 y son captados in fraganti por la cámara de nuestro periodista ciudadano Carlos Amiune. Sucedió ayer, durante la marcha protagonizada por los gremios estatales contra el recorte a las jubilaciones del Gobierno provincial. Otra vez un importante grupo de violentos -ya lo habían hecho el día en que se aprobó la ley del saqueo a los jubilados- se dedicó a cometer destrozos contra edificios públicos y a atacar cobardemente a los trabajadores de prensa.

Cansada de tanto manoseo burocrático, una cliente de la empresa Telecom de la ciudad de Córdoba denuncia la indiferencia empresaria y la ineficacia de los organismos de control para satisfacer un reclamo. Cuestiona, por igual, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, al Defensor del Pueblo y a Defensa del Consumidor.

El énfasis puesto sólo en el negocio ha degradado al periodismo gráfico. La culpa no es de los periodistas -está claro- sino de ejecutivos despreocupados por la calidad informativa. Así, toda la cadena de producción periodística se fue degradando al punto que hasta el canillita ya no puede tener un empleado; se le pone un gorrito o remera markitinera y ya. Mientras, el lector es un convidado de piedra. De esto habla el artículo.

La cooperadora de la Escuela Litvack y el equipo de trabajo del Proyecto de Escuela Técnica de Arguello convoca a padres y alumnos de quinto y sexto grado a asistir a las escuelas de la zona de Argüello donde les explicaran el proyecto, y receptaran la matricula proyectiva 2009-2010 para quienes deseen asistir a una Escuela Técnica. Ademas, convocan a una reunión con los padres, los niños y toda la comunidad de Argüello, Villa Allende, Unquillo y zonas aledañas a la reunión informativa y matriculación en el C.P.C de Argüello el 22 de agosto a las l9 horas.

La firma de Darío Vezzaro aparecería en un contrato de locación de un inmueble de barrio San Vicente que ya fue vendido (o estaría a punto de serlo) a la Provincia para un plan de viviendas. Marcelo Bossi -socio del Fiscal General en un estudio jurídico- reconoció ser copropietario del edificio de los ex talleres Csaky. El tema se reactualiza por una sospechosa denuncia que se ventila hoy en Tribunales II.

Hace 26 años la localidad de Despeñaderos festeja cada 16 de agosto la fiesta Nacional del Productor Agropecuario. Este año, se reducirá a un homenaje: no hay fiesta. La comisión que la organiza considera que "sería chocante" después del conflicto que protagonizó el sector.

Un predio que ayer fue un lugar de trabajo y un atractivo para los vecinos de barrio Alta Córdoba, hoy es el reflejo del desemparo en que viven muchos cordobeses. Nos referimos al terreno de Baigorrí y Rodríguez Peña, donde están los viejos galpones del ferrocarril y el tanque de agua. Allí, a escasos minutos del centro, un asentamiento emerge en medio de la mugre. Un convenio firmado entre el municipio y la Nación obliga a buscar una solución, que aún no aparece.

Son 1,551 millones de pesos que el gobierno de Juan Schiaretti dispuso imputar del Programa Prevenció y Lucha contra el Fuego. Ese Fondo, creado por De la Sota, sigue siendo una caja paralela para mantener contento al cuarto poder. Lo cuestionable de esto no es tanto la cantidad de lo que se gasta (o sí) sino la forma poco transparente de contratación y lo que el Gobierno entiende por publicidad oficial, más propaganda propia que información relevante para el ciudadano.