Córdoba

El Obispado de Río Cuarto recibió 200 mil pesos, no reintegrables, del gobernador Juan Schiaretti para solventar el pago de indemnizaciones y aportes adeudados a las obras sociales de su radio. ¿Por qué el Estado debe hacerse cargo de los desaguisados o inconvenientes administrativos del medio de comunicación de la Iglesia? El obispo Eduardo Eliseo Martín (foto) gestionó el subsidio con De la Sota y lo cobró hace unos días de manos de Schiaretti.

Como testimonio del busto que homenajea a Baden Powell en el Paseo del Scout en barrio Altos de Vélez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba, sólo quedó indemne del accionar de los vándalos el pilote. A la escultura de Ana Frank, en barrio Nueva Córdoba, le mutilaron parte del rostro. Y el piropo que homenajea a Jardín Florido no puede leerse porque falta la mitad de la placa. Sólo una muestra del ensañamiento sin sentido contra el espacio público que la ciudad sufre a diario.

Son hombres que consiguen la custodia de sus hijos, o que quedan viudos, o a quienes su ex mujer les deja los niños, o incluso aquellos que deciden tener un hijo a pesar de no tener pareja. Según un informe de la Consultora Delfos el 15,9 por ciento de los hogares cordobeses son monoparentales y de esos casi tres de cada 10 son de padres solos. Se calcula que en la ciudad hay casi 15.000 hombres en esta situación.

El "Encuentro de Información, Intercambio, Debate y Reflexión para la Acción, acerca de las problemáticas que surgen a partir de las luchas en defensa del Agua y la Vida" fue el cierre de las numerosas asambleas barriales, radios abiertas y difusión de la problemática que en la provincia desarrolló la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) a lo largo de todo el verano. Entre las acciones que se prevén para los próximos días figura un juicio popular a las privatizaciones.

La municipalidad declaró inadmisible el planteo realizado por una participante del concurso municipal de historia Santiago del Castillo, que denunció un supuesto contubernio entre los premiados y los integrantes del jurado. Un decreto del intendente Daniel Giacomino ratificó el carácter "inapelable" del polémico fallo. En una carta abierta, la damnificada expone sus argumentos en contra de la decisión del municipio y afirma que el decreto "vino a sancionar la confiscación particular de un patrimonio común cuyo sentido, efectiva publicidad y prestigio debiera garantir".

En una carta enviada a los medios de comunicación el ex intendente capitalino asegura que esa es la cifra que habrían aportado los cordobeses durante los últimos años al Fondo Complementario y que, misteriosamente, esa cuenta sumaba a fines del 2007 un saldo de 26 millones de pesos. Afirma que la situación crítica de la Caja de Jubilaciones es sólo el comienzo del "largo listado de bochornos que vendrán: el Apross, la Epec, el Banco de Córdoba, etc."

Así lo aseguró el apoderado del Frente Cívico y Social con relación a la falta de rendición de los gastos de campaña denunciado por el secretario del juzgado electoral provincial. Ernesto Martínez aseguró que no es obligatorio rendir a la Provincia y que así también lo habría entendido el Tribunal Superior en una acordada. Negó que la Provincia pueda retirarles la personería jurídica cuando ésta, en el caso de partidos nacionales y distritales, fue otorgada por la Nación.

La actual edil presentó en nombre del bloque Eva Perón un proyecto de ordenanza para fijar el régimen de remuneraciones de la planta política y, en ese marco, propone que se cumpla con la Carta Orgánica que establece que todo aumento a los agentes de la administración pública sean automáticamente aplicados a la planta política del Ejecutivo, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Tribunales Administrativos de Faltas.

Pasaron seis meses de la elección del 2 de setiembre y ninguno de los 40 partidos provinciales registrados rindió los gastos de campaña electoral. Tampoco lo hicieron los municipios que celebraron sus elecciones a fines del 2006. La demora impulsó a la justicia electoral provincial a librar emplazamientos. Mientras, los candidatos se lavan las manos y culpan a las autoridades partidarias. Lo cierto es que hasta los que presumen de moralistas ignoran la ley.

Es que el capítulo de la ley 8837 referido a la incorporación de capital privado y a la liquidación de la banca pública provincial aún sigue vigente. Dos legisladores de la oposición piden su derogación así como la Legislatura lo hizo con la Epec a través de una ley enviada en el 2006 por De la Sota, cuyo plan era enajenar el patrimonio público.