Sosperiodista.

La semana pasada, los cordobeses nos enteramos que tendremos que indemnizar con 76 millones de dólares a una empresa que cobraba para circular por rutas penosas.

¿Por qué tenemos que indemnizar a una empresa incumplidora?, nos preguntamos al leer la desagradable noticia. Aparentemente, por las obras que hizo al inicio de la concesión y que no pudo amortizar en 12 años de recaudación diaria, minuto a minuto, segundo a segundo.

La empresa Camino de las Sierras –de ella hablamos- aduce que fue perjudicada por un incumplimiento de contrato protagonizado por el gobierno de José Manuel de la Sota, quien desconoció la tarifa que su antecesor en el cargo, Ramón Mestre, había acordado con la firma. Esto motivó que la empresa no pudiera pagar su deuda financiera y cumplir con la segunda parte del plan de obras comprometidas.

La pesificación y el congelamiento de las tarifas decretado por la emergencia del 2001-2002, terminaron juntas por enfriar para siempre el plan previsto y mandaron a la empresa a concurso de acreedores. 
 
Bajo este marco, expondremos algunos planteos e interrogantes que, entendemos, dejó el costoso acuerdo suscripto entre el gobierno provincial y la concesionaria:

Planteo 1-. El ministro de Obras Públicas provincial Hugo Testa –el negociador público ante la empresa- justificó el acuerdo bilateral por “el riesgo” que suponía para las finanzas de la Provincia la demanda por 250 millones de dólares entablada por la empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial.
Es una justificación bastante pobre la del señor ministro. Es como decirnos que a Córdoba no le conviene defender sus intereses en el Ciadi porque se encamina a una derrota segura, lo que es un argumento falaz. Los antecedentes muestran que a la Argentina no le ha ido tan mal en el tribunal. Según un artículo publicado por Clarín el 6 de abril del 2008, “la Argentina ganó casi tanto como perdió en su pelea con las empresas extranjeras que recurrieron, tras la pesificación de la economía en 2001, al Ciadi”. “Hasta ahora”, ilustraba el diario entonces, “el país fue condenado a pagar 912 millones de dólares aunque logró zafar de abonar casi la misma cifra (917 millones de dólares)”. Se podrá discutir después cómo el gobierno argentino logró zafar de algunas demandas (si con recomposición de tarifas u otras compensaciones), pero el ejemplo sirve para mostrar que al menos hubo una estrategia de defensa de los intereses nacionales ante el tribunal mundial, que no ha tenido correlato en Córdoba. La gestión justicialista que desde hace una década gobiera a esta provincia en forma ininterrumpida, favoreció a las empresas en cada una de sus demandas. Así como Schiaretti indemniza ahora a Caminos de las Sierras, similar proceder tuvo De la Sota y su vice en la renegociación con Aguas Cordobesas.

Planteo 2. Por otra parte, el reputado profesor de derecho internacional público cordobés, Pedro Baquero Lazcano, opinó que los temores manifestados por el gobierno, a través del ministro Testa, acerca de lo arriesgado que es afrontar una demanda internacional, no son fundados. Consultado por Sosperiodista, explicó que la categoría internacional del juicio no lo hace más complejo ni más riesgoso, porque para el mismo rigen las garantías del debido proceso que rigen en un juicio local. Sospecha Lazcano que si la Provincia se avino a un acuerdo extrajudicial con la concesionaria, será porque  “las pruebas y los argumentos que tenía para ejercer su defensa en juicio, quizá no eran suficientemente fuertes”. Puede ser. Pero tampoco parecían serlo los de la empresa. De haberlos sido, no se entiende ¿por qué la empresa arregló por apenas el 30% de la deuda reclamada ante el tribunal del Banco Mundial? Si eran tan convicente su reclamo ¿por qué se conformó con 76 millones de dólares de los 250 millones, encima pagaderos en extenuantes 90 meses? ¿Será por el axioma de pedir más para negociar por menos? ¿Será por qué los negociadores oficiales son unos inútiles incorregibles (para ser generosos con los calificativos) que terminan pagando cualquier cosa porque la plata, en definitiva, no es de ellos sino del pueblo? ¿O será que la empresa consideró, al igual que el ministro, que lo del Ciadi era una lotería y que mejor, más vale 76 millones de verdes en mano, que 250 millones volando sin rumbo?

Planteo 3-. Argumentó el ministro que se bronceaba al sol mientras Córdoba se venía abajo con los cortes de energía (área a su cargo), que a pesar de lo millonario, el acuerdo resulta beneficioso para la Provincia “porque el juicio ante el Ciadi amenazaba con cerrar todas las puertas del financiamiento internacional”. Tampoco este argumento resulta creíble. Argentina es el país del mundo más demandado ante el Ciadi y lo sigue siendo, y si bien hoy está fuera del mercado mundial de capitales, a través del Fondo del Bicentenario busca volver a esos mercados y las demandas aún pendientes de resolver en el tribunal del Banco Mundial no parecieran ser un importante obstáculo para lograr ese cometido. El gobierno nacional sabe que honrando el pago de los vencimientos de la deuda externa, le sobra y le alcanza para que los mercados se abran como los capullos en primavera.

Planteo 4-. Si desde hacía unos años el negocio había dejado de ser rentable ¿qué inexplicable razón que no tenga que ver con cierto masoquismo económico, hace que los accionistas de Caminos de las Sierras continuaran operando las perdidosas cabinas hasta el presente?

Planteo 5-. Se dijo que la deuda por 250 millones de dólares reclamada ante el Ciadi la empresa la contrajo para financiar las obras de comienzos de la concesión, entre los años 1997 y 2000. En un pedido de informe presentado en el 2006 en el Congreso de la Nación por Laura Sesma y Oscar Aguad, quienes entre otros diputados decían estar preocupados por la situación de Caminos de las Sierras, manifestaban su descreimiento por los millones realmente invertidos en obras. Lo manifestaban  señalando que mientras la firma “era el segundo principal deudor del sistema financiero con más de 264 millones de dólares, con inversiones reales en el sistema de la RAC apenas superiores a los 125 millones de dólares”, existirían “más de 130 millones de dólares de endeudamiento que no se han invertido”. “¿A dónde están?”, se preguntaban entonces los representantes por Córdoba en la Cámara de Diputados de la Nación. Siguiendo esta línea de razonamiento, cabría preguntarse si la deuda reclamaba había sido para financiar –en su totalidad- el plan de obras inicial, o parte de ese dinero fue utilizado para otros propósitos no declarados.

Planteo 6-. A propósito de la deuda crediticia, un artículo del diario Página 12 del 20 de agosto del 2006 le daba la razón a los diputados al publicar un ranking de los 14 grandes morosos del sistema financiero argentino donde, precisamente, Caminos de las Sierras figuraba en segundo lugar con una deuda de 192,3 millones de pesos ante los bancos Río y Galicia. El autor de la nota, Claudio Zlotnik, llamaba a estas empresas “El Club de los Clavos”, aludiendo a lo difícil que era cobrarles un peso, pero comparaba que mientras algunos socios de este club había aprovechado la pesificación de las deudas dolarizadas contraídas en los ’90 para ponerse en regla con el sistema financiero, otros –como Caminos de las Sierras- no cumplieron con sus acreedores, ya sea porque no quisieron o no pudieron, siendo que la pesificación de las deudas había generado óptimas condiciones para saldar lo debido.

Planteo 7-. Además de los 76 millones de dólares con que los cordobeses indemnizaremos a la concesionaria, aportaremos de nuestros bolsillos otros 42 millones de dólares más para hacer las obras que Caminos no hizo, dijo el ministro. Esos 118 millones se obtendrán –según precisó- de la recaudación de las cabinas que el gobierno administrará por estos nuevos meses hasta que se convoque a una nueva licitación. Ruinoso arreglo éste para la ciudadanía cordobesa que asiste azorada (aunque pasiva) al espectáculo de cómo dos incumplidores deciden el reparto y destino de los dineros públicos. ¿Por qué no fueron convocadas las asociaciones de usuarios, los integrantes de otros poderes republicanos, como el legislativo, a discutir las condiciones de salida de la empresa? ¿Por qué en la Provincia del Nuevo Estado fundado en 1999, todo es secreto siendo que es público? 

11/2/10

José Abraham

Muy oportunas las dudas que plantea el autor de la nota sobre el corolario que tuvo esta concesión. Fue facil ganar las licitaciones de estos jugosos contratos con dinero de préstamos para hacer las inversiones que exigían los pliegos, pero por lo visto después no pudieron afrontar o mejor dicho no quisieron hacerlo con el patrimonio propio. Donde quedó el riesgo empresario?, que encima estaba siendo explotado bajo condiciones monopólicas. Esto debe hacer reflexionar a aquellos que promueven las concesiones, las privatizaciones o las tercerizaciones, que estos sistemas terminan siendo más caros que si los prestaran entes estatales directamente. Excelente nota. Un saludo

Anita R.

Pero amigos del medio!. Sergio Roggio acaso no es capo de la fundición, perdón debo decir "fundación mediterránea"? y el Juan S. es un integrante de la misma, desde hace décadas?. Presiento olor a tufillo o neigo....citos. Tomala vos, luego la tomo yo...y así sigue la calesita.

Gullermo P.

Creo que bien pudo haber pasado que, la diferencia entre lo declarado como "Obra Ejecutada" (en millones de dolares) y lo realmente realizado, es lo que se obtubo como ganancia del negocio, y si esto es así es logico que se quieran ir lo mas rapido posible manoteando lo que se pueda y dejando todos los clavos posibles, ej. la cantidad imçnmensa de juicios laborales con sentencia en contra de la empresa ¿quien se hara cargo de ese tomuer?