Mario Albera.

En un país normal y serio, los hombres que cumplen funciones en los tres poderes de un Estado republicano asumen la obligación de rendir cuentas de su patrimonio con naturalidad y convencidos de su deber cívico. En Argentina, y en Córdoba, lo que debería ser un trámite meramente formal, adquiere ribetes dramáticos y algo circenses.

No se comprende que en pleno siglo 21 todavía haya funcionarios que perciban como injusto e invasivo tener que hacer público su patrimonio de bienes, contradiciendo toda una legislación comparada en la materia.

Uno de esos funcionarios es el legislador vecinalista José Maoicco, quien cuestionó ayer que las declaraciones patrimoniales sean públicas y abiertas.

Pidió que se mantuviera la obligación para el ciudadano de acreditar un interés legítimo, lo que siempre operó como una traba para acceder a la información.

“Es injusto que gente que viene con importantes logros en su vida, hoy los tenga que poner al descubierto para que cualquiera pueda acceder a esa información para mal usarla”, afirmó Maiocco, esgrimiendo como argumento de fuerza la inseguridad. “Y si secuestran a ese legislador o a su hijo, ¿quién se va a hacer cargo? No me parece justo”, expuso.

Extraño argumento el del legislador, que parte del prejuicio de que los interesados en contar con esa información la van a usar con fines ilícitos. Con este argumento podríamos prohibir el uso de los cuchillos por el temor a que la gente los use para matar y no para cortar alimentos.

¿Acaso la ley votada no toma ya recaudos al declarar confidencial (y sólo sujeto a requerimiento judicial) información relacionada con el domicilio de las propiedades, los dominios de los bienes, el nombre de los bancos y el número de las cuentas bancarias?

Omar Ruiz, legislador del ARI, le respondió que “si no le gusta que se dedique a otra cosa”, que no sea funcionario o candidato, ya que “la responsabilidad pública está por encima de las garantías individuales”. También le dijo que afuera hay una sociedad que vive más insegura de lo que puede sentirse un legislador.

Seguramente Maiocco, al expulsar de su mente pensamientos y sentimientos que lo molestaban, sintetizó el pensamiento general de sus colegas, quienes perciben que esta obligación configura, en algún punto, una intromisión a la vida privada.

Maiocco, que también tuvo tiempo para atacar al periodismo –“critica al Poder Legislativo pero le teme al Judicial”, dijo- resultó elegido por segunda vez consecutivo a través de la sumatoria de votos con el Frente Cívico y Social, que como fuerza a nivel municipal abrió las declaraciones de todos sus funcionarios y las colgó en Internet.

No fue un buen día para el legislador, que además terminó votando favorablemente.

 Sin consenso

El proyecto fue aprobado tal como lo envió el gobernador Juan Schiaretti el 1 de febrero. El oficialismo no aceptó que se le modificara una coma.

“Ya demasiado problemas tuvieron entre ellos como para aceptar los reparos nuestros”, dijo en confianza un legislador opositor.

Aludía a la situación incómoda en que el gobernador puso a sus muchachos, algunos de los cuales exhiben un envidiable patrimonio.

Por caso, la revista Veintitrés publicó un informe sobre las propiedades que posee el legislador por Calamuchita, Carlos Alesandri, a través de sociedades en las que participan él, su cónyugue, hijos y amigos.

Daniel Passerini (jefe del bloque oficial) destacó el avance que supone la norma y afirmó que “el nuevo instrumento permitirá diferenciar y profundizar el análisis crítico de los ciudadanos, evitando generalizaciones, sospechas indiscriminadas de corrupción que dañan a las instituciones en su conjunto, sometidas a un proceso de deterioro”.

Desde la otra vereda le contestaron que la ley no es garantía de transparencia si no va acompañada de comportamientos coherentes con lo que se declara. “La transparencia debe ser integral”, dijeron.

La ley prevé informar el valor de mercado de las propiedades, no sólo el fiscal. La obligación comprende a los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado y a los cónyuges y convivientes e hijos a cargo.

La oposición pidió extender esa obligación a aquellos funcionarios que participan de licitaciones o de habilitaciones administrativas, donde se mueven fuertes intereses. También solicitaron un procedimiento de sanciones, establecer el mecanismo de publicidad y que no sea la Escribanía de Gobierno el organismo de aplicación. Pero no hubo caso: Unión por Córdoba no aceptó cambios.

Por último, el último párrafo del artículo 6 de la ley faculta a cada poder a establecer “las disposiciones que estimen necesarias a los fines de determinar la naturaleza y los requisitos del acceso a la información contenida en las declaraciones respectivas”.

Ruiz alertó ayer que hay que tener cuidado cuando se reglamente este aspecto de la ley porque esos requisitos pueden volverse una traba para el propósito que se busca, que es la libertad total del acceso.

La duda persistirá hasta que se defina el medio en que se difundirán las declaraciones, si en el sitio web de la Legislatura o en otro medio.

13/3/08

América V.

No estoy de acuerdo con el tenor de la nota. No es infamante para quien cumple funciones públicas el tener bienes. Es más: Hay países en que se exige patrimonio a los funcionarios públicos, para evitarles "tentaciones" en el cumplimiento de sus cargos (que de hecho, lo mismo tienen). Estimo importante que cada uno haga su declaración jurada al empezar y al terminar, para que de su contrastación surja si ha habido o no un enriquecimiento sin causa legal. No estoy de acuerdo con que deban dar a publicidad sus patrimonios, y menos aún con indicación del lugar en que los bienes están. La publicidad, por delicadeza, pues no deshonra ser rico ni pobre a la hora de asumir, pero puede irritar a más de un ciudadano conocer de su riqueza o su pobreza (seguramente más lo primero). En cuanto a la ubicación de los bienes, Por discreción, porque no hay porqué exponer al funcionario a la curiosidad malsana de algunos (que los hay, los hay, estimulados por algunos energúmenos de los "medios"), ni a la delincuencia de otros. Perdón Sr. Albera por disentir, con todo mi respeto de mujer que piensa.

Magdalena

Habrìa que incorporar en la declaraciòn, a los testaferros, que van a tener mayor demanda de sus servicios. En definitiva se va a incrementar este nicho de actividad. Saludos

JUAN PEREZ

LAMENTO QUE TANTO ESFUERZO SE DESTINE EN ESTA PAGINA A DEFENESTRAR A TODO LO QUE SE HACE. SERIA BUENA UNA INVESTIGACION PROFUNDA DE LOS ENTRETELONES DE ESTA SANCION Y SABER QUE PASO CON EL BLOQUE JUECISTA Y SUS ESFUERZOS PARA NO INCLUIR CIERTAS CLAUSULAS. AVERIGUEN COMO INFLUYO EL APOYO DE SCHIARETTI PARA QUE ORTIZ PELLEGRINI NO QUEDE MAL PARADO. SOS PERIODISTA ES UN PANFLETO PARTIDARIO QUE PIERDE DIA A DIA LECTORES. ES UNA PENA