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Córdoba

Cortados con la misma tijera /

Cortados con la misma tijera

Pasaron seis meses de la elección del 2 de setiembre y ninguno de los 40 partidos provinciales registrados rindió los gastos de campaña electoral. Tampoco lo hicieron los municipios que celebraron sus elecciones a fines del 2006. La demora impulsó a la justicia electoral provincial a librar emplazamientos. Mientras, los candidatos se lavan las manos y culpan a las autoridades partidarias. Lo cierto es que hasta los que presumen de moralistas ignoran la ley.


Sosperiodista.

Los que pregonan transparencia y se erigen en moralistas. Los que desafían a las estructuras partidarias. Los que actúan hace poco en política. O los que llegaron hace varios años para quedarse. No hay diferencias reales cuando se trata de incumplir con la ley.

El domingo 2 de setiembre del 2007 se realizaron en Córdoba elecciones para gobernador e intendente donde resultaron elegidos Juan Schiaretti y Daniel Giacomino, respectivamente.

Dentro de los 60 días posteriores a la elección, los partidos participantes debían presentar la cuenta de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral, según lo estipula el artículo 52 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6875.

El secretario electoral de Córdoba, José María Pérez Corti, reveló ayer que a seis meses de aquella fecha “nadie presentó nada”. “Aun interpretando que los 60 días fueran días hábiles (porque la ley no dice nada) el plazo está vencido”, afirmó, sin espacio para la duda.

Incluso, municipios que celebraron sus elecciones a fines del 2006, tampoco lo hicieron. “Llevan un año de atraso”, estimó Pérez Corti a Sosperiodista, aunque admitió que esto es recurrente. “Todos los años después de una elección empieza esta pelea. Cuesta bastante que traigan los papeles”, afirmó el funcionario.

Apuntó que la mayoría de los 80 partidos inscriptos en el juzgado (40 municipales y 40 provinciales) también están en deuda con la presentación del estado anual de sus patrimonios. “Algún partido municipal lo ha presentado pero ninguno a nivel provincial”, precisó.

Debido a esta demora, el juzgado está emplazando a los partidos, paso previo a intimarlos y aplicarles una sanción. Ésta consiste en la suspensión de la personería jurídica. Si bien la posibilidad de la sanción no figura en la norma, es una atribución que posee el juez. Pero siempre los partidos discuten su validez, cuestiona.

“Alguna vez habría que incluirla en la estructura de la ley y llegar a establecer sanciones más graves como la cancelación de la personería en casos de que los partidos repitan su atraso”, indicó, ahora que se habla de una reforma política.

Lavándose las manos

Le preguntamos a Olga Riutort, candidata a intendente de Córdoba, sobre la demora en la rendición. “Le corresponde a Dandach hacer esa rendición, no a mí”, se excusó la edil.

Kasem Dandach es legislador provincial y responsable del Movimiento de Acción Vecinal, partido que llevó la candidatura de Riutort en sus boletas. “Riutort debe rendir sus gastos personalmente porque los carteles que hizo hacer sólo decían: Olga, y no llevaban el nombre de mi partido. Ella gastó mucho dinero en la interna (del PJ)”, devolvió.

Agregó que ya presentó un informe de gastos y recursos a la justicia electoral federal y que próximamente lo hará ante la Provincia. Es decir, aún no lo hizo.

(Los que dicen que al legislador de origen sirio no se le entiende palabra por sus dificultades con el castellano es porque no lo conocen enojado)

El apoderado de Unión por Córdoba, Domingo Carbonetti, dijo que “históricamente los gastos de campaña los presentamos junto al balance anual del partido”. Precisó que el balance cerró en enero y sería presentado en treinta días, una vez que sea aprobado por el congreso partidario.

Luego discrepó con la normativa. Señaló que el plazo de 60 días sólo es aplicable para la ley nacional, no para la provincial. “El criterio de la ley es amplio”, dijo.

Artículo 52 inciso c) de la ley 6875: “Los partidos, por el órgano que determine la carta orgánica deberán: c) Dentro de los sesenta (60) días de celebrado el acto electoral en que haya participado el partido, presentar al Juez de aplicación correspondiente cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral”. El escrito no parece da lugar a lecturas arbitrarias.

Unión por Córdoba llevó como candidatos a Schiaretti y a Roberto Chuit (intendencia)

Ramón Mestre, protagonista de una costosa campaña electoral, puso cara de sorpresa ante la consulta: “La pregunta se la debes hacer a las autoridades del partido. No me corresponde a mí, que fui candidato, contestarla”, dijo, empleando un argumento similar a la ex esposa de De la Sota.

La misma responsabilidad le cabe a Mario Negri, como candidato a gobernador.

“La verdad que no sé cuándo vence pero creo que está todo presentado”, fue lo primero que le surgió decir a Alberto Zapiola, apoderado del radicalismo cordobés. Pero ante la insistencia de que en el juzgado nos dijeron lo contrario, arregló: “Lo que puede estar pasando es que los gastos de campaña se presenten en abril junto al estado patrimonial”.

Zapiola se sinceró: “Ocurre que en la provincia no hay sanciones pero sí en la justicia electoral federal, que es terrible por el nivel de exigencias, como por ejemplo, que el balance sea aprobado por el Consejo de Ciencias Económicas”.

El argumento del apoderado radical confirma la teoría de que somos hijos del rigor.

Pérez Corti apuntó que la rendición de los gastos de campaña consiste sólo en un informe aprobado por el tribunal de cuentas partidario, que su juzgado no está en condiciones de revisar. “Es un papel firmado y nada más. Es más fácil presentarlo que discutirlo o exponerse públicamente para admitir que no cumplieron”, graficó.

El Frente Cívico y Social, que llevó la candidatura de Luis Juez a gobernador y de Daniel Giacomino a intendente, tampoco rindió un peso. Fue imposible localizar a su apoderado Ernesto Martínez, para que también nos explicara las causas de la demora.

Schiaretti, Negri, Riutort, Chuit y Mestre habían sido los más gastadores el 2 de setiembre, según lo revelara un estudio de la asociación civil El Agora, sobre los supuestos gastos de campaña sólo en televisión abierta entre enero y agosto del año pasado.

Ese sondeo determinó que Schiaretti gastó en ese rubro 2,3 millones de pesos; Negri, 563 mil; Riutort, 562 mil; Chuit, 475 mil; Mestre, 435 mil, y Giacomino 230 mil. Juez figuró con 100 mil, quedando noveno en el ranking.

¿Será que algunos gastaron lo que no pueden o desean justificar?

6/3/08


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juan c. olmos

Son todos iguales,NO PASA NADA.



Argentino D. Veras

Reitero, el "mercantilismo político" existe, muy bien sellado y lacrado. Es la regla del mercado-político. La Justicia Electoral debe ser la que impulse el cumplimiento de la ley. Si no lo hace, podriamos entender que las corporaciones funcionan a la perfección. Pero, mas allá de estas situaciones previsibles e irritantes, ¿nosotros que debemos hacer?: ¡sigamos participando!, por una plan trabajar y otro descansar, mientras el "Loto-Soja" viva por añitos. Saludos



adri

La legislación provincial es clara y los partidos políticos deben cumplirla, porque además de formar parte del derecho positivo, en una rendición de cuentas a la sociedad civil. Si hablamos de tomar medidas políticamente correctas, una forma es transparentar cuánto se gastó en las campaña electoral para ocupar hoy cargos públicos. El Agora es una asociación civil que tiene prestigio y en este momento colabora desde algún punto con la Municipalidad de Córdoba, y anticipó con estudios serios como sonaba el ranking.La transparencia debe atravesar los puestos de conducción, como así también en forma transversal la trama social y la construcción de poder ciudadano.Como dijo Amadeo Sabattini a quien estuvimos recordando en estos días "Solo aspiro a que se diga" cumplió con su deber.



Selva

Adri el tema esta ahi...como construir PODER CIUDADANO si los CIUDADNOS que son los que tienen EL PODER venden su voto al mejor postor.



Martín Menditto

la idea para que no vendan el voto es crear en la población un fuerte sentido de dignidad, pero para que eso prenda tienen que estar satisfechas las necesidades elementales de los ciudadanos.




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