Sosperiodista.

No sólo a los representantes de la oposición política puso en guardia el proyecto de Juan Schiaretti de vender parte del patrimonio edilicio cordobés para construir una nueva sede gubernamental. Aunque suene extraño, los miembros de la Policía Judicial también están preocupados con que la costosa obra oficial –aún en pañales- prospere.

¿Por qué? La razón estriba en una vieja disputa de espacios y metodología entre los miembros de la policía científica y la policía ordinaria de la provincia.
 
La enajenación de lo que queda del patrimonio arquitectónico oficial –tendiente a completar la obra inicida por José Manuel de De la Sota, quien hizo tabla rasa en cuanto a inmuebles de carácter público- no sólo contempla la construcción de una nueva Casa de Gobierno en terrenos del ex ferrocarril Mitre (que se harían con la venta de la actual Casa de las Tejas y del palacio Pizzurno) sino de nuevos recintos para albergar en un mismo sitio a las comisarías y a las unidades judiciales, que hoy operan en forma separada.

El sólo pensar que en un futuro no muy lejano podrían volver a estar juntas ha empezado a inquietar y poner nerviosos a los miembros de la Policía Científica. Al preguntar sobre las razones de esa intranquilidad, un miembro de la Policía Judicial, con siete años en la institución se refirió, en voz bien baja, a la presunta “corruptela” anidada en varias comisarías de la ciudad.

“Una situación así es inaceptable para nosotros y peligrosa. Hoy y siempre, en las comisarías existe mucha corruptela: desaparición de cosas materiales, agresión a los detenidos, complicidad con el hampa... A la larga, si compartís un mismo edificio, son situaciones que te van a salpicar. Y es mejor luchar antes para evitar que esto suceda, que tener después que hacer la vista gorda”, comentó esta fuente a Sosperiodista, la que prefirió el anonimato para evitar represalias.

Expuso como antecedente un hecho ocurrido, años atrás, con el suicidio de un detenido en una comisaría del Distrito 6. Por esa muerte, terminó siendo culpado el representante en el lugar de la Policía Científica, supuestamente por no haber arbitrado los medios adecuados para sacar al detenido en el tiempo indicado. “Este chico tuvo que sacar plata de sus bolsillos para buscarse un abogado hasta que fue sobreseído”, rememoró la fuente.

Por ahora, los miembros de la Policía Judicial están a la espera de cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero si el proyecto gubernamental logra eludir los obstáculos legales y la reacción negativa que ha empezado a cosechar en sectores de la opinión pública y se enfila para su concreción, allí saldrán a manifestar su disconformismo.   

“Lo más probable es que planteemos un comunicado donde digamos que no es conveniente compartir un mismo espacio por razones operativas, aunque la verdadera razón va a ser el temor a ser salpicado por actos de corruptela que existen en las comisarías”, dijo la fuente.

Hasta 1996, era la propia Policía la que instruía las denuncias, pero tras la reforma que supuso el pase de la Policía Judicial al ámbito judicial, las unidades judiciales pasaron a depender del Ministerio Público Fiscal y a hacerse cargo del trabajo que antes hacía la policía ordinaria, esto es receptar las denuncias y practicar el acto de investigación.

Es decir que las Unidades Judiciales de Distrito –hay 22 repartidas en la geografía de la ciudad- son el "brazo" de la justicia en los barrios.

15/1/09