María Karina Lucero, María del Carmen Correa, Elida Noemí Fulla, Violeta del Valle Rodríguez y Gladis Antonia Colazo (*)

Pertenecemos a un país federal en donde las provincias creen que los tratados y acuerdos internacionales deben sólo ser cumplidos por el Estado Nacional.

En 1994, Argentina firmó la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará). Luego el Congreso la incorpora a través de la Ley 24.632. Esto quiere decir que se generó una obligación para todos los niveles del Estado: Nacional, Provincial y Municipal.

En nuestra Provincia, luego de una larga lucha del “Movimiento Mujeres Córdoba”, que agrupaba diferentes ONG,  surge la Ley 9.283 de Violencia Familiar, pero la misma, sólo pudo hacer visible la diferencia de tratamiento de la problemática en el ámbito provincial.

No existe en Córdoba una política pública integral para garantizar el acceso a la justicia y la respectiva contención a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufren la violencia; al observar las medidas sociales o programas para prevenir y tratar la violencia, las diferencia entre Córdoba capital y el interior son más que evidentes.

No es secreto para nadie que las instituciones judiciales están saturadas. A esto se suma la desventaja económica que frecuentemente enfrentan las víctimas de violencia y abuso, quienes después de una separación, si se pretende “cuota alimentaria, tenencia, etc” deben esperar la lenta intervención de algún defensor oficial. En el Departamento Punilla, nuestra asesoría letrada tiene una espera de un año a un año y medio. 

Además de sufrir dolorosas preguntas, las víctimas de maltrato suelen retirarse de las instituciones judiciales más maltratadas, humilladas y solas  que cuando ingresaron, por más ley de violencia que exista en la provincia, ya que la ayuda e intervención en salud mental en nuestro departamento no existen. La violencia familiar debiera estar ya desterrada en una sociedad civilizada, pero no sólo sigue actuando entre nosotros sino que es la base de tanta violencia social.

Desde la ciudadanía tratamos de buscar salidas alternativas a la falta de equipos interdisciplinarios pero son insuficientes, el Estado es quien debe dar la solución,  por su estructura, por sus recursos y porque así lo dicen las leyes y tratados internacionales.

Un estudio realizado por la O.M.S señala que el sostén de la violencia es el desconocimiento de las víctimas como portadoras de derechos humanos pero cuando decidimos ejercer ese derecho, nos encontramos con la violencia institucional política.

El Estado sanciona leyes pero parece no tener una política de Estado integral para aplicar en forma efectiva estas leyes. A su vez, responsabilizamos a los tres poderes del Estado: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, por hacernos víctimas de violaciones a los derechos humanos básicos, infringiendo a su vez nuestra Constitución que consagra la igualdad al acceso a la justicia y a la salud para todos quienes habitamos este suelo.

Tal vez sea necesario decir las cosas por su nombre para desmitificar funciones. Deberíamos dejar de hablar de "la Justicia", como si se le atribuyeran cualidades de sujeto, con todo lo que eso implica. Son instituciones judiciales que deben dar cuenta de su accionar frente a la sociedad como cualquier otro poder.

Este es un reclamo que llevamos desde hace dos años un puñado de vecinos, a los diferentes ámbitos que tienen la decisión política para hacerlo, mandado notas a todas las instituciones que orbitan en esta problemática, hasta el mismísimo Gobernador, siendo la respuesta sólo deseos de solucionar pero nunca nada en concreto.

Estos aspectos están directamente relacionados con la cuestión presupuestaria. Es necesario la habilitación de sedes judiciales, proporcionar suficientes recursos materiales y humanos para una efectiva prestación judicial; tanto para asegurar la existencia de tribunales razonablemente cercanos al ciudadano, como para preservar la dignidad de las partes,  de jueces y auxiliares que proporcione un trato justo y humano a quien acude en busca de justicia. Estos a su vez, deben estar acompañados por profesionales que realicen contención.

Esta inacción del gobierno nos preocupa. En momentos en que la sociedad está derribando la muralla de silencio, el Estado deja a su suerte a seres humanos con alta frustración de vida y de difícil recuperación en salud mental. Además, es discriminatorio, porque las víctimas de esta violencia política -en su mayoría- son mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza.

La universalidad de los derechos supone que todos los ciudadanos son beneficiarios  de los mismos. En caso de que ciertas prácticas sociales impidan a algún grupo el ejercicio de sus derechos, debe la dirigencia política intervenir para que ello no suceda.  
  
Las autoras de este artículo son integrantes del Centro de Protección Familiar H San Luís 337 - Bº Villa Estela - CP 5172- La Falda - TE: 03548 422577  -  154  17179  -  156 38685 -   ceprofa.blog.arnet.com.ar

17/1/09

GRACIELA

Lamentablemente tener un titulo o ser funcionario de estas areas, no quiere decir que tengan la capacitacion requerida para estos casos, tampoco tienen la contencion los empleados, menos los recursos para canalizar los problemas. Cuando digo recursos que implica???'....por ejemplo familia golpeada por el padre, por que tengamos en cuenta que la madre tambien puede ejercer la violencia o uno de los hijos, generalmente la fuerza bruta la tiene por naturaleza fisica el hombre, entonces la violencia fisica generalmente es del hombre y entonces adonde va la mujer con sus hijitos......No puede volver a la casa. Y el hombre es el que trabajo siempre, ella se desconecto del mundo por ser empleada domestica de su familia, ser madre, mucama, niñera, enfermera, cocinera y mujer.........todo por casa, comida, sexo a veces placentero al principio seguramente y al final a la fuerza y sin ser correspondido sino arbitrario y ocasional o como sea........aca no hay libertad, ni DDHH, no hay respeto ni hay dignidad, este ser esta indefenso junto a su grupo familiar, bajo estres, quizas ignorante, vulnerable, etc. Que hace el estado toma la denuncia, si queres hay una sicologa en tal horario. De noche a la madrugada sola en la calle con sus hijos, con temor la policia judicial le puede tomar la denuncia pero y despues que......la policia sita al agresor y lo intima, la burocracia mata o expone peor al grupo, lo sabemos por experiencias televisivas. Esto tambien pasa a nivel nacional, en VIOLENCIA LABORAL, EN DISCRIMINACIONES, PARA ESTO HAY CREADO ORGANISMOS, VIOLENCIA ES DISCRIMINAR.......INADI, VIOLENCIA LABORAL O COMISION TRIPARTITA O LO QUE QUIERAS CREAR ES SOLO BUROCRACIA?????????ES UN LUGAR POLITICO PARA NOMBRAMIENTOS, PARA ESTUDIAR ESTADISTICAMENTE, SIN RESOLUCIONES EXPEDITIVAS...........ESTA EXPOSICION DE DENUNCIAS LLEVADAS A LA JUSTICIA, POR EL MOTIVO QUE SEA ES EXPONER AL QUE TIENE UNA SITUACION VULNERABLE A MAYOR VIOLENCIA, ES CARTEL Y ESTADISTICAS PARA ESTOS ORGANISMOS, HACEN ALGO ES COMPROBADO POR LA TOMA DE LAS DENUNCIAS ........PERO NO HAY SEGUIMIENTOS DE LA RESOLUCION DEL CASO, LA MEDIACION, NO SE ES EXPEDITIVO POR DISTINTOS MOTIVOS NO HAY FUNCIONALIDAD. SE DEROGA GASTOS DEL ESTADO Y LOS RESULTADOS NO ESTAN A LA VISTA. CUAL ES EL PROBLEMA???????FALTA RESOLUCION EXPEDITIVA, POR QUE HAY MALA PREDISPOSICION Y SE APOYA SIEMPRE EN FORMA MACHISTA O AL QUE TIENE MAS PODER, SE VULNERA MAS A LA VICTIMA, SE CUESTIONA QUE FUE LO QUE MOTIVO DANDO LUGAR A QUE SE VUELVA A REPETIR, PERSISTENTEMENTE PARA QUE ASI NO SE VUELVA A DENUNCIAR Y NO ACEPTAR QUE LA VIOLENCIA SOCIAL ES PARTE DE BASE DE LOS PROBLEMAS DE GESTION NO DE UNA Y ACTUAL SINO CONSTANTES DE DECADAS, ES LA RESULTANTE DE DISVALORES Y DEL NO TE METAS............ALGO HABRA HECHO, SE LO MERECIA, ES POR ALGO.............NO LA REALIDAD ES QUE EL SISTEMA PERVERSO QUE NOS DOMINA LAMENTABLEMENTE EN LUGAR DE MOTIVAR A LOS FUNCIONARIOS A BUSCAR UNA RESOLUCION EXPEDITIVA PARA PROTEGER AL DENUNCIANTE A LA VICTIMA Y NO A LA C ORRUPCION INSTITUCIONAL O A LA DEGENERACION DEL SER HUMANO. PARECE SER QUE CADA DIA SE NATURALIZA MAS LA VIOLACION A LOS DDHH, A LOS DERECHOS CIVICOS, A LA CORRUPCION Y DEGENERACION DE UN SISTEMA Y DE VALORES.

juan carlos

hola quisiera savr el numero de telefono o, la direccionde a oficina donde pueda hacer una denuncia de vilencia fam iliar antres de qe sea tarde como sucede siempre.es que loe hechos de violencia son permanentes y cada ves mas graves en la casa de mi hermana .mi correo es orocojuanca@hotmail.com

Esther

Mi consulta es por un caso de violencia familiar casi diaria motivada por mi hijo menor, de 15 años, quien es fuertemente manipulado por mi ex marido (psicólogo y con problemas psiquiátricos) Entre los problemas que ocasiona puedo mencionar: constantes agravios y agresiones verbales hacia mí, rome cosas -máquina digital, cuadros de mi autoría, cable del teléfono, manteles, etc. etc. etc.- Le pedí que me acompañe para hacerle un psicodiagnóastico y se niega terminantemente. Temo por su integridad y por la situación de sus dos hermanos menore que él. Qué hago, a quién recurro. Muchas gracias

Miriam

Con respecto a lo anterior. Realicé la denuncia por violencia fliar. hace un año, rompiendo con ello el silencio que el miedo me obligaba a guardar. La denuncia era en contra de mi propio hermano, quien desde hacía 30 años golpeaba a mi madre (que a la fecha tiene 75 años) y no conforme con ello la expulsó de su vivienda para posteriormente cambiar la cerradura; anular la puerta de ingreso y abrir por el terreno de al lado, también de nuestra propiedad. Ella ahora vive en una pieza junto a una nieta y dos bisnietos dentro de la misma propiedad que él mismo se encargo de separar por un alambrado evitando así que tengamos acceso a la vivienda familiar. El caso es que en la denuncia que realizo pido que por favor hagan algo, ya que agoté "todas" mis posibilidades; ayuden con tratamiento psicológico y se le devuelva la casa a mi mamá. Ella es pensionada nacional, el jamás la ayudó económicamente y encima de eso puso un taller de herrería que de acuerdo a la ley por tener mi madre la excensión del impuesto municipal y la eximisión de la DGR está prohibida toda actividad con fines de lucro dentro de la propiedad. En fin; a la fecha el tiene todos sus bienes a nombre de terceros por lo tanto la justicia lo considera insolvente y mientras tanto ella va de lunes a viernes a recibir un plato de comida en un comedor bastante alejado de su casa. Ha pasado un año ; la justicia le permitió a él regresar y yo me fui a alquilar por miedo a represalias contra mí y mis hijas según textuales amenazas de èl. Ahora yo también como una vez al día ya que teniendo casa tengo que alquilar y ese gasto se lleva la mitad del sueldo. La pregunta que me hago casi a menudo es por qué la justicia no pone freno a tanta desprotecciòn. Yo me fui y tengo suerte de estar viva para contarlo , esto es solo una parte del infierno que viví; pero mi pedido es por todas aquellas mujeres que pierden la vida como casi la perdí yo.