Sosperiodista.

Evidentemente que los miembros del Tribunal Superior de Justicia no viajan en colectivo. Si lo hicieran, si tuvieran que sufrir diariamente las deficiencias del deplorable servicio de transporte urbano, no hubieran fallado a favor de las dos prestatarias privadas que tiene el transporte urbano cordobés, en una denuncia que éstas interpusieron en contra del municipio hace cinco años atrás.

Hablamos de las empresas Coniferal y Ciudad de Córdoba, a cargo del 60% del servicio de transporte urbano de la ciudad capital. Esas empresas habían denunciado tiempo atrás la ordenanza promulgada por el gobierno de Luis Juez que dispuso un aumento del cospel de 80 centavos a 95, pese a que los estudios de costos acordado entre el municipio y la empresa sugerían una tarifa mayor.

Ayer se conoció (y hoy fue tapa de los diarios) que los vocales del máximo cuerpo judicial de la Provincia Teresa Tarditti, Armando Andruet y Juan Sesín, le dieron la razón a lo planteado por estas empresas al considerar que al aprobar un aumento de boleto inferior al sugerido por las propias áreas municipales no garantizó la ecuación económico financiera del contrato ni contempló los derechos del contratista. En opinión del Tribunal, se fijó un costo político del cospel para complacer a la sufrida ciudadanía en desmedro de las empresas.
 
Así también lo dijo, aunque con palabras más crudas, el vocal Sesín en    declaraciones formuladas a Radio Universidad que hoy refleja La Mañana de Córdoba: “Usted no puede decirle al contratista, ‘yo le pago tanto, lo que quiera, por una cuestión social’, y al mismo tiempo obligarlo a prestar un servicio que a lo mejor no tiene dinero o no le alcanza para prestarlo”, dijo el tribuno.

Las empresas (que ya se frotan las manos) estiman que el fallo las habilitaría para pedir un resarcimiento superior a los 100 millones de pesos.

Decíamos al principio que los miembros del tribunal no viajan en colectivo porque es seguro que si lo hicieran, si conocieran de verdad los padecimientos públicos, hubieran sentido algo de mínimo pudor en conceder el planteo de las empresas. Pero claro, no es función de la justicia hacer de contralor, sino que éste es un deber de un Estado, que incluso no tiene siquiera marco regulatorio.

Pero lo que nos preguntamos es si la justicia, al tener que fallar ante una demanda vinculada con la prestación de un servicio público, debe pasar por alto la calidad del servicio que se le brinda al usuario.

Ese pudor seguramente es el que sintieron los concejales para no validar un aumento que no se hubiera correspondido con la calidad del servicio que se prestaba en ese momento. ¿Cuántas sapos de promesa nos hemos tragado ya los usuarios de mejoras de servicios que no llegan no bien se aprueban aumentos?

Por otra parte, si la intención de la justicia es que los cuerpos legislativos y el propio intendente tengan que acatar y subordinarse a lo que dicen las áreas técnicas, para qué están entonces. Se supone que en el Concejo Deliberante están los representantes de los vecinos y que el intendente representa al soberano, el pueblo de la ciudad de Córdoba.  

¿Qué espacio le queda a la política, a la discusión, al intercambio de ideas, a la búsqueda de consensos, si las subas de boletos tienen que decidirse a libro cerrado, según lo que determinan los estudios de costos de los técnicos?

En la postura de Sesín de decir: “Usted no puede decirle al contratista, ‘yo le pago tanto, lo que quiera, por una cuestión social”, pareciera anidar un cierto desprecio por lo social, por aquello que la Real Academia define como “lo perteneciente o relativo a la sociedad”, en este caso los usuarios que diariamente sostienen el sistema con un boleto que el TSJ considera barato e injusto.

Ismael Cativa

Córdoba, 17 de Marzo de 2010. Felicitaciones SOSPERIODISTA por la nota. Ismael Cativa, Villa El Libertador, usuario colectivo.

juan c.olmos

QUE LINDO ES SONREIR..!!!!!Corea del Norte,FUSILO!!a un Miembro del Gobierno.Par Nam-Ki,por destruir la economia nacional.(perdon SOSPERIODISTA).

Pepe el Viejo

La sociedad debe entender y si es posible comprender, que desde hace décadas el servicio del transporte público urbano es un "servicio" y esos deben estar a cargo del Estado. Por lo tanto, deben ser brindadas por Empresas del Estado, bien organizadas y no devoradas por los oportunistas de turno. En la misma deben participar en el directorio, los empleados, el Estado y en especial, los usuarios. En su controles o sindicatura, profesionales independientes y por sorteo público, con renovación cada dos años. Han inventado la prestación por empresas anónimas, son un paso mano o intermediación de una función exclusiva del Estado Municipal.

Ramón Báez

Córdoba 18 de marzo de 2010.- Realmente estos señores que imparten justicia no saben o no quieren saber, es decir mirar para otro lado del padecimiento diario que sufrimos los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Felicitaciones¡¡ por la nota. R. Báez. Bº Las Flores.

Mariano

El comentario no dice que el error administrativo y político fue del ex intendente Luis Juez. La culpa es de Juez y está claro, nos guste o no. Sus funcionarios, por aquel entonces, Montenegro y Funes (del área de Transporte) firmaron informes técnicos que proponían un aumento de 0.30 centavos. Juez, "heróico" y demagógico, envió al Concejo (no tenía porqué hacerlo) un proyecto con un aumento de 0.15, desconociendo el análisis de costos realizado por sus mismos funcionarios. Después en el Concejo, le ordenó a sus concejales que aprobaran el aumento. No discuto si los 15 centavos o los 30 estuvieron bien o mal dados, si digo que Juez desconoció el contrato de concesión, indiscutiblemente. Él tendría que haber dado los 15 centavos y después "subsidiado" al transporte porque sus mismos funcionarios (no las empresas) aceptaban que la tarifa debía subir al menos 30 centavos. Juez demagógicamente no hizo ni una cosa ni la otra y ahora la ciudad tendrá que pagar por sus errores. Saludos.

Ismael Cativa

Córdoba, 18 de Marzo de 2010. ¿Así que fue el ex Intendente Sr. Luis Juez? Mirá vos!!! Como para no olvidarse. Ismael Cativa, Villa El Libertador, usuario de cuatro colectivos diarios.

Carlos

La responsabilidad no es del TSJ. Me parece errado la mirada. Ante un planteo el T.S.J resuelve. Cabe preguntarse por qué el planteo de la empresa, y que tipo de responsabilidad tiene el municipio.

Abel Four

El tribunal falló a derecho y punto final. Si los estudios técnicos dan un incremento de 30 centavos y decidió el ex lord petizo un importe menor, la responsabilidad absoluta y real es de quien decidió la mitad del aumento. Dictadura pura. El debería abonar los cien millones de pesos, mas costas de tal vergüenza. Pero resulta que los vecinos y/o los usuarios se harán cargo de tal error político y administrativo. No tienen la menor formación en administración gubernamental. Algún día los vecinos tendrán que decir basta a tan duro atropello. Los que no entiende o no quieren involucrarse: sigan participando!.