Revista El Sur.

"Este es el juicio más importante sobre delitos del lesa humanidad desde el enjuiciamiento a las Juntas Militares durante el gobierno de Alfonsín", exclama Miguel Ceballos con ojos inquietos.

Ceballos es abogado querellante en la causa en la que se investiga el asesinato de 29 presos políticos fusilados durante la dictadura, entre ellos su padre, a quien le aplicaron la "Ley de Fugas" en 1976. 

Ceballos diferencia el juicio de la UP1 (Unidad Penitenciaria Nº1, como se conoció a la cárcel de barrio San Martín) de otros ya realizados en Córdoba: se trata de diez hechos y una treintena de asesinatos donde están implicados funcionarios judiciales, además de los autores materiales de los delitos.

La secuencia de asesinatos se produjo entre abril y octubre del '76, las v¡ctimas -entre las que se encuentra Miguel Hugo Vaca Narvaja, padre del director de esta revista- fueron dirigentes pol¡ticos, sociales y profesionales, detenidos en su mayor¡a con anterioridad al golpe militar. En la lista de 26 acusados est n Jorge Rafael Videla y Luciano Benjam¡n Men‚ndez, el primero como titular del Poder Ejecutivo de entonces, ya que los presos estaban a su cargo.

"Este es diferente a otros juicios porque acá no hay desaparecidos. Fueron presos a cargo del Poder Ejecutivo y Judicial, hay muchísima documentación probatoria y el Concejo de la Magistratura ya determinó la complicidad del juez Carlos Otero Alvarez con los hechos, por más que no sea juzgado en esta oportunidad", describe Luis Miguel Baronetto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y esposo de una de las víctimas.

Los querellantes detallan que la relación entre la banda militar y los tribunales se debe a que los presos fusilados estaban bajo responsabilidad de los jueces, que debieron velar por su salud y seguridad, pero que por el contrario actuaron en complicidad con el terrorismo de Estado, permitiendo que las víctimas fueran sacadas de la cárcel para ser torturadas, primero, y fusiladas posteriormente.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura lo confirmó en el caso de Otero Alvarez en el dictamen 132/2010, el 6 de mayo pasado, cuando consideró que "los hechos imputados (...), sin lugar a dudas constituirían causal de mal desempeño, ya que manifiestan una actitud colaboracionista del magistrado con los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado y la falta de apego a los principios constitucionales".

Como "delitos de lesa humanidad" se entiende aquellos que no prescriben nunca por haber sido cometidos por el Estado en contra de un sector amplio de la población, de forma sistemática y premeditada. Hasta el momento Menéndez fue condenado por el secuestro, tortura y muerte de cuatro personas en el caso Brandalisis y otra en el caso Albareda. Pero en aquellos procesos no quedó tan evidente la complejidad del aparato represivo cívico militar como en esta oportunidad.

"Este juicio es el paradigma del Estado terrorista. Ahora quedará  en claro cómo las instituciones se fagocitaron a las personas detenidas con la connivencia del Poder Judicial", abunda el fiscal federal Carlos Gonella, a cargo de llevar adelante la acusación junto a Maximiliano Hairabedián.

"Además se juzga toda la cadena de responsabilidades, desde Videla como máximo responsable, pasando por Menéndez, el estado mayor que lo asesoró en el  área 311 -eslabón que no se había tocado con anterioridad- e integrantes del Regimiento de Infantería Aerotransportada 2 y la policía militar, que retiraban a los presos y los mataba. El caso es similar a la Masacre de Margarita Belén en el Chaco y la Unidad Penitenciaria de La plata", agrega.

24/6/10

Selva

fuerza compañeros!!!, no dejemos impunes los crimenes de estos asesinos, pero tenemos que ir por mas...por todos.