Sosperiodista.

El viceintendente Carlos Vicente salió ayer a tranquilizar a los concejales luego de ordenar la apertura de sus declaraciones juradas patrimoniales para cumplir con una solicitud de La Voz del Interior que requirió esa información para su publicación.

Parece ser que la decisión del presidente del Concejo Deliberante de Córdoba correr el velo de las declaraciones sembró algunos rechazos. De concejales de la oposición, y algunos más inesperados en pares de su propio bloque del Frente Cívico y Social. “Yo renuncio”, se le escuchó decir a una concejal, en el marco de una reunión con Vicente. Pero la sangre no llegó al río.

Recordemos que a través de Internet se puede acceder a la carátula de las declaraciones pero para conocer más información hay que formularla acreditando un interés legítimo.

La forma que utilizó Vicente para llevarle un poco de calma a los ediles enojados fue un decreto en el que les comunica que el diario del Grupo Clarín “en su carácter de solicitante, será responsable en cuanto al uso indebido de la información y su publicación”.

Les advierte que lo convenido con La Voz es que “deberá abstenerse de hacer pública la siguiente información: a) El nombre del banco o entidad financiera en que tuviese depósitos de dinero el declarante (o sea, el concejal); b) Los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y sus extensiones; c) La ubicación detallada de los bienes inmuebles; d) Los datos de individualización o matrícula de los bienes inmuebles y muebles registrables y e) Cualquier otra limitación establecida por las leyes. Así se lee en el considerando 11 del decreto enviado por Vicente.

Pese a esto, hay concejales que “rugen” porque entienden que la Ordenanza 11.249 no autoriza al titular del cuerpo a ventilar esa información si no media un “interés legítimo”. Algunos sostienen que para que exista un interés legítimo debería haber un “derecho afectado”, por ejemplo el de la esposa de un concejal que no paga la cuota alimentaria.

Sin embargo, Vicente entiende –y en esto coincidimos con él- en que el interés legítimo de un medio de comunicación “se funda en el rol que le asiste de informar a la sociedad, apelando al derecho que los ciudadanos tienen de ser informados y para lo cual es ineludible acceder a la información pública, sin interferencias que impidan esa función”.

Respecto a si la Ordenanza lo autoriza o no a brindar esa información, el artículo 9 parece claro: “Toda persona con interés legítimo puede solicitar la apertura del contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes y de Intereses Económicos y Financieros”.

Lo criticable del ex Franja Morada, Frepaso, Alianza, etc.; es que se contradijo al explicar el incremento que experimentó su patrimonio en sólo cuatro meses y que pese a que habla de “consenso y diálogo” no invitó a la oposición a participar del acto de entrega del material al diario, con lo cual queda en evidencia la intención del Ejecutivo Municipal y de los concejales del Frente Cívico y Social de congraciarse con La Voz del Interior.

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25/1/08