Sosperiodista.

La justicia caratuló el hecho como muerte sufrida en accidente, pero Graciela Colazo (mamá de la víctima) tiene la sospecha que su hijo habría muerto por una golpiza propinada por miembros de la Policía.

Los indicios que la llevan a pensar en un crimen es que lo encontró una pareja que pasaba por ahí y que contó haberle hecho señas a un patrullero -donde iban arriba cuatro policías- y éste no se detuvo. La mamá dijo que tampoco se peritó la zona al momento de ocurrido el supuesto accidente, a la altura de la usina Bazán de la Epec en Circunvalación, al sudoeste de la ciudad capital; que inexplicamente la ropa que Hugo vestía al morir desapareció del hospital de Urgencias;  que la moto estaba intacta; y que durante el velatorio, un policía vestido de civil se acercó a la mamá para susurrarle al oído: “Yo no maté a su hijo”, insinuando que los autores serían policías.

Demasiados indicios para dudar.

En ese marco, donde la familia pasó años de angustia por no saber exactamente cómo murió su hijo, años en que no estuvieron ausentes amenazas telefónicas y merodeos sospechosos por la casa de familia, la mamá denunció que la tumba de su hijo había sido supuestamente profanada por manos anónimas.

La denuncia la hizo hace cuatro años y recién ahora la justicia, a través del fiscal de Instrucción Pedro Caballero ordenó la exhumación para corroborar mediante muestras de ADN que los restos sean los de Hugo.

Del operativo participaron el fiscal, familiares y amigos, referentes de la Agrupación Padres del Dolor, la Policía Judicial y un perito de parte aportado por la familia quien dijo no advertir “signos de alteración en la sepultura”, desechando así la hipótesis de la profanación. “El cuerpo no está movido, la ropa está donde tenía que estar, están las pertenencias que le dejaron; no hay alteración”, dijo Anahí Ginarte a Sosperiodista. Junto a La Voz del Interior, únicos medios presentes.

El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y emanaba un olor insoportable. A través de dos pinzas de gran tamaño, el forense judicial extrajo lo que pudo: muestras de dientes, falanges y un fragmento de hueso que fue cortado con una sierra adelante de los presentes. 

El estudio de ADN estará a cargo del Ceprocor, el laboratorio de la Provincia.

Fue violento ver al final del operativo a personal del cementerio decirle a la familia que debían comprar una nueva caja metálica para el féretro porque la exhumada ya no servía y sugerirle que podía hacerlo en una casa funeraria ubicada frente al Cementerio San Jerónimo. Olía a contubernio. La caja cuesta 300 pesos. “Yo no tengo esa plata, porqué no me avisaron antes”, protestaba la mamá, perteneciente a una familia humilde de la Villa con un jefe de familia desempleado. Mientras que uno de los hijos narró que la caja en realidad costaba 270 pesos, "pero si te mandan del cementerio te la dejo a 230", dice que le dijo el de la funeraria. Al final, se acordó guardar lo que queda del cadáver en la misma caja y en una nueva exhumación, cambiarla.

El fiscal Caballero dijo que la causa no tiene imputados porque la principal hipótesis sigue siendo la de muerte por accidente. "Si ustedes, que son periodistas y andan por la calle, tienen una pista se lo agradecería", dijo, casi como admitiendo su impotencia sobre una muerte que ha semabrado tantas dudas como horas de insomnio en Graciela. Dudas que sólo podrían "exhumarse", con certezas.      

18/11/10

Guillermina Tissera

Muy dolorosa esta nota. Y de nuevo la muerte de un joven de condiciones humildes sembrando la duda del accionar policial. Hechos como éste no deberían volver a ocurrir y si, lamentablemente, ocurrieran de nuevo tendrían que ser aclarados por la justicia que debería ser igual para todos.