Hernán Vaja Narvaja.

Las controvertidas actuaciones del fiscal Rivero en distintas causas judiciales de repercusión pública han sido reseñadas en varias ocasiones por esta revista. Entre los casos más recientes, el fiscal imputó al denunciante del cuestionado grupo Cortéz (cuyo titular, Ariel Cortéz, es acreedor de su propio hermano, Gustavo “Tabo” Rivero), archivó la denuncia contra el juez José Antonio Peralta (señalado por una menor como una de las personas que la habrían abusado sexualmente cuando su padrastro la obligó a prostituirse) y sobreseyó a los policías acusados de haber disfrutado de una larga estadía gratis en el Hotel Opera mientras se abocaban a la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

El año pasado, Rivero acusó por “tentativa de defraudación a la administración pública” a los empresarios de Gamsur que pretendieron cobrarle dos millones y medio de pesos al municipio de Río Cuarto para recoger la basura de la ciudad. En vez de mirar hacia atrás -con lo cual la “tentativa” posiblemente se hubiera convertido en “defraudación” lisa y llana-, Rivero se limitó a imputar por un delito que no se consumó y que es excarcelable, aunque luego se apartó de la causa por ser pariente político de uno de los abogados que asumieron la defensa de los empresarios de la basura. Desde entonces, la causa recayó en la fiscalía de Walter Guzmán, quien tampoco se caracteriza por dotar de celeridad los procesos que tiene a su cargo.

Idéntico criterio utilizó Rivero en febrero, luego de la feria judicial, para arrojar a la hoguera del descrédito social al presidente del bloque de concejales del oficialismo, Gustavo Segre, a quien acusa de haber intentado defraudar al Estado municipal... ¡en 300 pesos!

La imputación a Segre provocó un temblor en el Concejo Deliberante justo en el momento en que la opinión pública seguía con asombro en los medios de comunicación el relato de una mujer que contaba con lujo de detalles cómo se había desarrollado un verdadero festival de sexo, drogas y alcohol en la mismísima Alcaidía de la Unidad Regional Nº 9, de la que habrían participado uniformados y reclusos.

¿Demagogia judicial?

Analizar el expediente administrativo del caso de “corrupción” en el Concejo Deliberante -iniciado a pedido del propio Gustavo Segre apenas la presunta irregularidad tomó estado público en el periódico Otro Punto- arroja luz sobre la extemporaneidad de la actuación del fiscal Rivero. Y abre una serie de preocupantes interrogantes sobre los verdaderos motivos que lo llevaron a decretar las imputaciones de Segre y su empleada Verónica Abasolo, cuya lógica (política) parece más propia de las rencillas domésticas de la eterna interna del radicalismo que de la preocupación de la Justicia riocuartense por la corrupción.

(Puede leer la nota completa en la edición impresa de revista El Sur de marzo, de venta en kioscos de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y zona de influencia)

Pepe el Viejo

Los jueces, fiscales, secretarios, pro-secretarios, defensores, jefes de policia de rango comisario para arriba, directores y sub-directores, jefes de áreas o departamentos, directores y sub-directores de todos los niveles de enseñanza, igual de los hospitales, centros asistenciales, deben concursar cada cuatro año, con tribunales no contaminados, con la participación de los ciudadanos en el mismo y seguramente tendremos tanto en la justicia como en los organismos restantes, superiores con aval cívico. Ahora llegan por el dedal o concursos seleccionados a gusto del mandante.