Sosperiodista.

La Voz del Interior publica hoy que "en fallo dividido, la Cámara de Acusación de la Provincia de Córdoba sobreseyó a todos los ex funcionarios y ex proveedores del desaparecido Ipam (hoy Apross) que se vieron involucrados e imputados en maniobras presuntamente fraudulentas ocurridas durante la gestión de José Manuel de la Sota".

Según describe el diario, esos funcionarios son: Edgardo Schmal, ex presidente del Ipam, y Benjamín Pablo Bondone, ex gerente de Asuntos Legales, quienes estaban imputados por cohecho pasivo y administración fraudulenta calificada. También fueron sobreseídos los ex funcionarios del ex Ipam, de segunda línea, identificados como Mónica Moresi, Iris Claudia Romagnoli, Oscar Navas y Gustavo Luna, quienes estaban imputados como cómplices necesarios de administración fraudulenta calificada reiterada.

La resolución judicial también favoreció a los empresarios Alfredo Pantalone (ya fallecido) y Alejandra León. Pantalone (proveedor por entonces de servicios de hemodiálisis para el ex Ipam) había sido grabado por una cámara oculta admitiendo haber pagado "coimas" a los funcionarios involucrados.

Pese a que el fiscal del fuero Anticorrupción Hugo Amayusco determinó la existencia del cobro de coimas, por lo cual decidió elevar a juicio la causa con el aval de la jueza de control Lucero Ofredi, la Cámara de Acusación dice ahora que acá no pasó nada.

La Cámara de Acusación, apodada "Cámara del perdón" desde la absolución al ex gobernador Eduardo Angeloz por supuesto enriquecimiento ilícito, está integrada hoy por el juez Carlos Alberto Zalazar, Francisco Gilardoni y Gabriel Pérez Barberá.

La información señala que Barberá votó en disidencia y que Gilardoni coincidió con Salazar, señalado por el diario como el autor del voto de sobreseimiento.

Cabría agregar a la información que el hoy camarista Salazar es uno de los jueces nombrados durante el gobierno del propio De la Sota durante la vigencia de la emergencia judicial del año 2003.

La declaración de esa emergencia le permitió a la coalición gobernante Unión por Córdoba nombrar una indeterminada cantidad de jueces mediante una Comisión Asesora con integrantes que en su mayoría respondían al poder político de turno. Esa comisión suplantó al Consejo de la Magistratura, que era el órgano natural para designar a los jueces con cierta ecuanimidad.

Por esa emergencia y por esa comisión antinatura, Salazar fue nombrado juez de control y posteriormente, en octubre del 2006 fue designado nuevo vocal de la Cámara de Acusación gracias al polémico voto de la mayoría oficialista en la Legislatura. Juan Schiaretti era quien presidía la Legislatura en aquel entonces.

El pliego de Salazar fue cuestionado por el ex legislador juecista Eduardo Massa, quien dijo que el nombrado no reunía las condiciones éticas ni legales para ejercer la magistratura. Esto porque lo acusó de haber tenido una "pésima actuación" en una causa por violación a una joven en la que habría favorecido a dos jóvenes imputados.

Los jóvenes imputados eran defendidos por el entonces abogado penalista Darío Vezzaro luego propuesto por De la Sota para el cargo de Fiscal General de la Provincia. Justamente cuando en febrero del 2007 se discutió en la Legislatura el pliego de Vezzaro, el propio Massa volvió sobre el caso para fundamentar su rechazo a su nombramiento. Así lo había reflejado este sitio web aquella vez.

En conclusión: ya lo decía ese gaucho sabio: hacéte amigo del juez y chau problemas.

31/10/10

Andrés Broda

Es ésto un escándalo, ni mas ni menos, estimado SOS, así es la corrupción de guantes blancos (u obediencia debida por el puesto bien retribuído) y me recuerda la otra Cámara Penal, aquella denominada "del perdón" en la cual el Pocho Angelóz quedó libre de cargo y culpa y la "isla" se fué a pique.

Jocé Leal

Será justicia: o estamos cada véx más lejos de dar a cada uno lo suyo; si el que la solicita no es poderoso. Cómo creer en una justicia genoflexa con los poderosos, e impiadosa con los déviles.