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La Maldita Policía de Córdoba /

La Maldita Policía de Córdoba

Mario Gaumet y Gustavo Funes, los policías acusados de haber atropellado y dejado morir al pequeño Ale Flores hace ya 18 años, en un crimen que el juez riocuartense Muñoz calificó de "lesa humanidad", tuvieron siempre a la institución policial de su lado, que en vez de pasarlos a situación pasiva o exonerarlos, los premió con ascensos y recién ahora los pasa a retiro voluntario. "Es la maldita policía", afirma Vaca Narvaja en el número de agosto de El Sur. Hairabedián y Brito defenderán a los acusados del aberrante crimen.

Hernán Vaca Narvaja.

A Mario Gaumet y Gustavo Funes parece haberles llegado la hora. Dieciocho años después de aquella tormentosa tarde del sábado 16 de marzo de 1991, cuando atropellaron al pequeño Alejandro Flores, el fiscal Javier Di Santo los imputó como autores de los delitos de homicidio culposo y encubrimiento. Como es sabido, también pidió el sobreseimiento de ambos por considerar que los delitos están prescriptos. Pero el juez Daniel Muñoz, en una sorpresiva lección de sentido común y ética procesal, rechazó su resolución y encuadró el crimen de Ale Flores bajo el paraguas jurídico que abarca a los crímenes denominados de “lesa humanidad”.

La de Muñoz es una pieza jurídica poco habitual en los Tribunales provinciales y constituye una señal esperanzadora de un Poder Judicial que suele aparecer autista frente al reclamo social contra la impunidad.

Los razonamientos antagónicos de  Di Santo y Muñoz implican también dos posiciones ideológicas respecto a la administración de justicia y la interpretación del derecho. 

El fiscal tipificó la conducta de Gaumet y Funes desde un aparente ascetismo ideológico y ni siquiera valoró la condición de policías de los imputados. Así, logró convertir un delito aberrante (el ocultamiento del cuerpo de un niño al que dejaron morir por falta de atención médica) en un simple accidente de tránsito.

El juez Muñoz relegó a un segundo plano el Código Penal para intentar comprender primero la esencia de un crimen atroz y cobarde cometido contra un niño indefenso. Dejó sentado en su resolución que crímenes como el atribuido a Gaumet y Funes exigen “la adopción de una postura filosófica e ideológica en el campo del derecho penal”.

La controversia entre Di Santo y Muñoz fue zanjada por el fiscal de Cámara Jorge Medina, quien terminó avalando el razonamiento del juez y remitió el expediente al fiscal Walter Guzmán para que lleve adelante las acciones pendientes que no realizó Di Santo.

Medina pidió el cambio de carátula en la causa -un delito culposo como el que imputó Di Santo no puede ser considerado de “lesa humanidad”- y sugirió tres acciones concretas para cerrar el círculo de la hipótesis policial: investigar la cadena de encubrimiento de la Unidad Regional Nº 9; determinar si la muerte de Ale fue instantánea o hubo sobrevida luego del impacto; y establecer si el cuerpo fue enterrado originariamente donde aparecieron sus huesos o fue trasladado desde otro lugar.

Para llevar adelante las dos últimas acciones hacen falta recursos económicos (las pericias técnicas y científicas suelen ser costosas); para la primera medida, en cambio, se requiere la firme decisión política de investigar a la fuerza policial en su conjunto. Di Santo ya demostró, en esta causa y en otras, que es incapaz de investigar al poder. El último antecedente de Guzmán tampoco lo favorece: fue el fiscal encargado de dilucidar si hubo aprietes policiales al testigo Carlos Curiotti para que incriminara al “perejil” Gastón Zárate en el crimen de Nora Dalmasso. Guzmán pidió el archivo de las actuaciones, pero el juez Muñoz le devolvió el expediente y le ordenó profundizar la investigación. Nunca lo hizo.

Obligado por el encuadre jurídico impuesto por Muñoz y confirmado por Medina -crimen de lesa humanidad-, Guzmán tomó declaración indagatoria a los imputados y re caratuló la causa, que pasó de homicidio culposo a abandono de persona seguida de muerte. Se trata de un delito doloso, que supone la intención o al menos el conocimiento de los imputados de que Ale Flores podía morir como consecuencia de sus actos (acciones y omisiones).

Espíritu de cuerpo

“La formación profesional (de Gaumet y Funes)  les ha permitido actuar con seguridad en tanto aquilatan experiencia en el manejo de accidentados, reforzados por la eficacia que representa el trabajo en equipo para el que son preparados y el probable favorecimiento que los pudo haber ayudado a concretar el arreglo de los daños del móvil en caso de operar un mal entendido espíritu de cuerpo en los estamentos que pudieran estar involucrados”, advierte el juez Muñoz en su resolución.

Medina no tiene dudas al respecto: “existió una sistemática actividad por parte de varios integrantes del Comando y de personal policial enderezadas inequívocamente a procurar la impunidad de los autores del hecho”.

El mismo espíritu de cuerpo que critican el juez Muñoz y el fiscal Medina es el que exhibió la Policía de la Provincia apenas se hizo pública la imputación a Gaumet y Funes. En una clásica y previsible actitud de hipocresía política, el ministro de Gobierno Carlos Caserio, y el jefe de Policía, Alejo Paredes, se rasgaron las vestiduras al ser consultados por el periodismo y pasaron a retiro a Funes, quien todavía se desempeñaba en el grupo de elite denominado ETER. Gaumet, que trabajó durante años en Asuntos Internos y tuvo el privilegio de integrar el primer tribunal de conducta policial de la democracia, había pasado a retiro obligatorio tres años antes, cuando su  nombre era mencionado en forma insistente en el caso Flores.

El decreto de pase a retiro obligatorio del sargento ayudante Gustavo Javier Funez (sic), rubricado por el gobernador Juan Schiaretti el 8 de julio último, se fundamenta en “razones de servicio” y no en la grave imputación que pesa en su contra. Idénticos argumentos se utilizaron a fines del año 2005, cuando el gobierno de José Manuel De la Sota decidió el pase a retiro obligatorio de Gaumet, implicado por la enfermera Norma Nieto cuando declaró por segunda vez en la causa.

¿La Policía sancionó a Gaumet y Funes pasándolos a retiro obligatorio? ¿O los corrió de la escena para resguardarlos del escarnio público? Si bien Gaumet y Funes ahora están retirados, cobran casi el mismo sueldo que si estuvieran en funciones, pueden utilizar el uniforme y hasta hacer servicios “adicionales” de seguridad privada.

“Si el tribunal de conducta policial funcionara realmente, se debería haber realizado un sumario administrativo y luego decidir si se los pasaba a situación pasiva hasta tanto se expida la Justicia”, explicó a esta revista un ex policía que conoce los recovecos burocráticos de la institución. El pase a situación pasiva, contrariamente al retiro obligatorio, supone un paréntesis en la carrera de los policías, que cobran sólo el 30 por ciento de su salario  hasta tanto se define su situación. En el mejor de los casos, vuelven a la  normalidad; en el peor, son exonerados de la fuerza, lo que equivale a una expulsión lisa y llana de la Policía y la consiguiente pérdida de la jubilación.

Aún habiendo sido retirados, tanto Gaumet como Funes podrían ser juzgados por el tribunal de conducta policial. ¿Habrá una señal política de la corporación o seguirá mirando para otro lado ante la gravísima acusación que pesa en su contra?

El jefe Paredes

Fuentes de la Policía de la Provincia explicaron que, desde hace un buen tiempo, el tribunal de conducta policial se ha convertido en una figura casi decorativa. Su presidenta, Ana María Becerra, estaría priorizando su labor en la Universidad de Villa María en franco desmedro del tribunal administrativo que debería controlar a los miembros de la fuerza. Sin ese contrapeso civil, la institución habría vuelto a funcionar en base a un esquema ultra vertical y en la actualidad sería controlada por el jefe de Policía, Alejo Paredes y su estado mayor, quienes dispondrían discrecionalmente del destino de los miembros de la fuerza. El tribunal, como habría ocurrido con Funes, se limitaría a refrendar las decisiones del jefe.

Alejo Paredes creció profesionalmente a la sombra del comisario Carlos Yanicelli, alias “Tucán chico”, un ex represor del denominado grupo D 2 de Informaciones que operaba desde el Cabildo histórico de la ciudad de Córdoba en los oscuros años de la dictadura militar. Paredes fue colaborador de Yanicelli en el Departamento de Inteligencia Criminal, cargo del que el represor sería eyectado en 1997. Pese a la resistencia del entonces ministro de Gobierno de Ramón Mestre, Oscar Aguad, que lo protegió hasta que su situación se hizo insostenible, el controvertido comisario fue pasado a retiro ante la acumulación de denuncias en su contra por la aplicación de tormentos a prisioneros indefensos que luego engrosarían la lista de muertos y desaparecidos por el Estado terrorista.

Antes de la jubilación anticipada de Yanicelli, Paredes participó de un memorable operativo policial que incluyó un cinematográfico tiroteo con un grupo de delincuentes que intentaron asaltar la comisaría y el Banco Nación de la localidad de Laguna Larga, ubicada a 55 kilómetros de la capital provincial. Aunque la policía logró reducir a los asaltantes, nunca apareció el botín: 16.000 pesos y la misma cantidad de dólares, que  habían sido guardados por los delincuentes en una bolsa de polietileno que quedó en la vereda cuando fueron reducidos... y que se tragó la tierra. O la propia Policía. Al menos así lo entendió la Justicia Federal, que elevó la causa a juicio en el año 2006.

El comisario Luis Alejandro Nieto y los policías que participaron del polémico operativo en Laguna Larga –entre ellos Paredes- fueron absueltos por el beneficio de la duda: no hubo forma de probar quién se llevó el codiciado botín, que nunca apareció. En los fundamentos de su voto, el camarista José María Pérez Villalobos admitió que los testimonios de los uniformados a lo largo del proceso “dejan la sensación amarga y decepcionante de asistir a las deplorables contradicciones, los cuestionables olvidos, los imposibles agregados que sólo se explican por un espíritu de cuerpo mal entendido, dirigido a tender un manto de impunidad sobre el hecho”. 

Idéntico espíritu de cuerpo se impuso, a juicio del juez Muñoz y el fiscal Medina, en el caso Flores. Por eso el fiscal Guzmán deberá investigar la cadena de encubrimiento que permitió que Gaumet y Funes no sólo ocultaran el cadáver del pequeño Ale, sino que fueran reubicados en la fuerza, trasladados a Córdoba y ascendidos hasta ocupar destacadas posiciones en la institución.

¿Será ese mismo “espíritu de cuerpo” mal entendido el que le permite a Gaumet y Funes contar con dos de los más reputados y costosos abogados de la Provincia? La siempre extraña relación entre penalistas y uniformados adquiere aquí ribetes tragicómicos: el abogado Carlos Hairabedián se salvó por muy poco de engrosar la lista de víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Sobreviviente de la tortura y de los simulacros de fusilamiento practicaban rutinariamente los lugartenientes del general Luciano Benjamín Menéndez, ahora defiende al policía Gaumet, acusado de un delito igualmente aberrante.

El cinismo del inefable Marcelo Brito, abogado de Funes, ya no sorprende: además de haber embarrado la cancha hasta paralizar la investigación del crimen de Nora Dalmasso y demandar judicialmente por sumas millonarias a tres periodistas independientes de Río Cuarto, fue capaz de querellar a Alejandro Roganti, que salvó su vida de milagro tras ser baleado en la puerta de su casa en Villa María.

Sin inmutarse, Brito anticipó que su cliente, el policía Gustavo Funes, rechazará la prescripción de la causa porque quiere llegar a “la verdad histórica de lo sucedido” y así “demostrar su inocencia”. Y hasta sugirió que el padre de la víctima, Víctor Flores, podría haber tenido alguna participación en la desaparición del niño.

(Puede leer la nota completa en la edición impresa de revista El Sur de agosto, de venta en kioscos de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y zona de influencia)


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Cisneros Claudio Ricardo

Estimado yo estuve 18 años en la repartición policial y este caso despues de muchos años sale a luz y si le digo que hay otros tantos que nunca saldrán, encima como un premio a estos uniformados le dan el pase a retiro encambio a mi por una causa administrativa no penal me sancionan con una cesantia, pero hay que seguir adenlante somos el pueblo que se tiene que encargar de sacar a la luz todas estas cosas no les podemos permitir que sucedan aberraciones como estas que los malos policias ocupen el lugar que se merecen la carcel estoy convencido con conocimiento de causa que si el buen jefe policial porque los hay aunque no crean se proponen limpiar la fuerza desde adentro se puede hacer solo hay que ponerse en campaña para sacar a los que son delincuentes, por ejemplo jefes robando maquinas viales, haciendo defraudaciones, homicidios y tantas cosas por favor autoridades apliquen una politica de estado que de garantias se lo pide la sociedad, un avez mas gracias SOSPERIODISTA, por permitir que estas cosas la conozcan la comunidad en general sigan así un gran abrazo y que Dios los bendiga.



Selva

NADA cambiara mientras las instituciones esten contaminadas con FAMILIAS MAFIOSAS enquistadas en los mas encumbrado del poder, en tanto las causas pasen de mano en mano de familiares, amigos, correligionarios, compañeros etc.etc. en esta provincia NO HABRA JUSTICIA. Como dije en la anterior nota sobre esta causa...aparecieron los abogados famosos e influyentes capaces de lograr justicia a medida...por supuesto defendiendo a los REOS como no podia ser de otra manera.



JOSE FELICIANO SILLIAS

que hara la maldita policia caminera con los ruralistas patoteando lasrutas .. los metera presos a los ricachones, oligarcas, y estafadores agrarios ...????



evelin

yo creo q la policia caminera s emueve muy bien ,aca en bs as tendrian q estar asi pero q paren autos de todo tipo



nico

el sabado 31/10, hora 14, ruta 38, limite con La Rioja, puesto de control, la policía de córdoba me "jetea" plata "para hacer una campañita contra animales sueltos y eso..." me pareció simplemente GROTEZCO. Asimismo, horas más tarde, saliendo a Santiago del Estero por ruta 9, cerca de ojo de agua, me para la policía de córdoba: el efectivo me pone un bate rojo a la altura del parabrisas. me detengo, mi pasajero de atras se desabrocha para sacar agua fría del baúl. me cuestiona (el tipo) que no se puede desabrochar con el coche en movimiento. me multa. (patético, no?).



soledad

a mi me parece que lo que hace la policia esta bien y cada padre se tendria que hacer cargo de su hijo en vez de estar juzgando a la policia



jorge fernandez

La policia caminera es un gran ejemplo de lo que no se debiera hacer. Esta ajena a un rol educativo y preventivo. Se oculta debajo de los puentes en las autopistas, a la vuelta de curvas o subidas, con el solo proposito de recaudar. Por otro lado y ya mas alla de la policia se ha establecido un mecanismo perimido en las legislaciones de avanzada donde el policia se convierte de preventor a juzgador, aplicando multas en forma directa y estableciendo un inconstitucional mecanismo de apelacion en donde otro policia hace de juzgador y duplica la sancion un verdadero desproposito de una sociedad democratica con el agravante de tampoco ser juzgado por un juez del domicilio sino que de extrañas jurisdicciones que convierten en quimeras el derecho de defensa. Por ultimo el capitulo de la merituacion de la falta no existe arbitrariamente se aplica el maximo de la sancion, sin considerar, circunstancias, antecedentes, absolutamente nada un modesto agente de policia caminera es el arbitro y juzgador aplicando valores prohibitivos para el comun de los ciudadanos, y por ultimo como frutilla de este postre solo se le aplican estas multas a los automoviles con capacidad de pagarlas, aquellos sin cubiertas, sin frenos , sin amortiguacion sin ITV, en condiciones ruinosas de circulacion no son molestados, y autos de alta gama que sobrepasan apenas el limite arbitrario de velocidad ( imposible de determinar en el velocimeto de un auto comun si se marcha a 130 ó 134 ) es multado severamente con el maximo de la multa $ 1850 desgraciadamente no tine logica ni sentido por lo que el ciudadano se revela ante tamaña desproporcion e injusticia. Reflexionemos y transformemos esta sin razon



jose eduardo gallardo

La otra,el tribunal de conducta policial esta para hacer pinta nada mas, hasta hoy tampoco han tomado medidas con los causantes de los golpes y la baja de mi hijo, yua va a hacer tres años de esto y todavia estamos esperando resolucion, segun ellos estan esperando la resolucion de tribunales (penal) para recien hacerlo ellos, ¿ Estanran esperando para copiar lo que ese tribunale disponga? que triste, donde n i en una segunda instancia existe desicion propia, si tambien sopn abogados los del tribunal de conducta y pueden tener desicion propia




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