Por Guillermo Posada.

Durante los últimos diez días, un terremoto movilizó los cimientos de la justicia federal cordobesa. Sonaron teléfonos de un despacho al otro, clamaron pedidos de reunión y reclamos de tregua por parte de caracterizados funcionarios de la corporación judicial, ante la posibilidad concreta de que se quebrara la tensa calma que históricamente acompañó el status quo de la torre de avenida Concepción Arenales. 

Tres querellantes que intervienen en la conocida “causa de los magistrados” acusaron al fiscal Gustavo Vidal Lascano de haber desestimado la denuncia contra el juez jubilado Carlos Otero Álvarez, a cambio de que éste hiciera nombrar a Julieta Vidal Lascano, hija del fiscal, en el Tribunal Oral Federal Nº1.

En la causa se investiga la complicidad de funcionarios judiciales en el alevoso fusilamiento de presos políticos durante la dictadura. Los abogados Miguel Ceballos y Hugo Vaca Narvaja, junto al referente de derechos humanos Luis Miguel Baronetto, fundamentaron su planteo en que se habría realizado un trueque: el fiscal habría excluido al juez jubilado de la causa a cambio de que éste le diera trabajo a su hija. Al cierre de esta edición, Ceballos y Vaca Narvaja evaluaban denunciar penalmente a Vidal Lascano y a Otero Álvarez por cohecho y tráfico de influencias.

Esta situación pone luz sobre un ejercicio propio de punteros políticos, pero de alta gama, que se desarrolla hace años en la justicia federal de Córdoba. A caballo de la influencia corporativa, la endogamia y el aprovechamiento de los vacíos legales existentes, los nombramientos parentales no son la excepción sino la regla en la sagrada familia judicial cordobesa.

Esta revista no descubre nada nuevo si afirma que en Córdoba es inútil intentar acceder a un puesto en los tribunales federales sin un padrino influyente. Pero en esta edición se publica una lista de personas que trasforma el mito en un hecho real, en un desvergonzado ejercicio de nepotismo que se refleja en la relación de parentesco de decenas de empleados con la más alta jerarquía del estamento judicial federal.

Revista El Sur tuvo acceso a información exclusiva donde se consignan algunos de los cargos en el fuero federal que están cubiertos por familiares de 23 jueces, fiscales, secretarios y demás funcionarios (ver gráfico), nombramientos que configuran un verdadero estado corporativo y familiar en un ámbito donde la ecuanimidad y la pulcritud de los actos debería estar fuera de cualquier impugnación, atento a que  allí ejercen funciones quienes tienen en sus manos la decisión sobre la vida y los bienes de los ciudadanos. Este listado es incompleto, ya que hay más nombres que no han sido incluidos por no haber podido ser chequeados todavía. La relevancia de los personajes involucrados en el listado que se publica da una idea clara de la metodología de los nombramientos.

Tres fuentes, independientes entre sí, confirmaron la lista de parientes de Jaime Díaz Gavier y Vicente Muscará (jueces del Tribunal Oral Federal Nº1), Carlos Otero Alvarez (juez jubilado del mismo tribunal), Luis Rueda y Octavio Cortez Olmedo (presidente e integrante respectivamente de la Cámara Federal de Apelaciones), Ricardo Bustos Fierro (titular el Juzgado Federal Nº1),  Alejandro Sánchez Freytes (responsable del Juzgado Federal Nº2), Alberto Lozada (fiscal general ante la Cámara de Apelaciones), Enrique Senestrari (fiscal federal Nº1), Graciela López de Filoñuk  (fiscal federal Nº3), Liliana Navarro (secretaria del Juzgado Federal Nº1), Agustín Ferrer Vera (secretario del Juzgado Federal Nº2), Silvia Díaz (secretaria del Juzgado Federal Nº3), Marcela Martínez y Juan de Cesaris (secretarios de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones), Fernando Núñez (secretario de la Cámara Federal de Apelaciones), Alberto Uuez (jefe del Centro de Cómputos), Héctor Martínez (secretario Civil del Juzgado Federal Nº1), Luis Eduardo Molina (ex defensor Oficial), Cristina Álvarez (Encargada de Notificaciones), Carlos Diers (secretario Electoral Juzgado Federal Nº 1), que se suman al ya mencionado Vidal Lascano.

Todos estos funcionarios hicieron uso y abuso de las prerrogativas que les permiten nombrar a quienes deseen como empleados en sus áreas administrativas, debido a que no existe reglamentación alguna que limite sus decisiones, ni normativa que regule los nombramientos.

(Puede leer la nota completa en la edición impresa de revista El Sur de mayo, de venta en kioscos de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y zona de influencia)

Guillermo Posada.

La revelación de cantidades de parientes de altos funcionarios judiciales nombrados en la justicia federal cordobesa que realizó El Sur en mayo pasado generó réplicas que aún consternan los cimentos anquilosados de la familia judicial. Cómo la línea recta es el camino más corto para unir dos puntos, esta revista entrevisto a Luis Rodolfo Rueda, presidente de la Cámara de Apelaciones, para conocer de propia mano cómo observa la cúpula judicial el estado de situación en que se encuentra un fuero federal donde se tratan tanto causas que llevaron preso a Luciano Benjamín Menéndez, como procesos que fijarán el destino de los cable operadores de la corporación mediática hegemónica en Argentina, con sus miles de millones en juego.

Lo que se decide en la justicia federal de Córdoba tiene efectos nacionales, por eso la lupa del poder en Buenos Aires sigue de cerca lo que sucede en el edificio de la calle Concepción Arenales. “Hicieron un desastre”, señala un empleado con años en La Torre al comentar la investigación de esta revista sobre el nepotismo judicial.

Rueda encabeza el tribunal de alzada que establece la última palabra de lo que se tramita en Córdoba. Además, elevó en 2002 un proyecto de diseño de ingreso por concursos que chocó con la mayoría  de la jerarquía federal de entonces. El juez recibe a esta revista en un despacho cuyo escritorio esta tapado de expedientes. “Rémora del corralito”, suspira, acercando una carpeta con el proyecto de concursos que tramitó junto a otros funcionarios. Es su carta de presentación para una charla donde el magistrado se quejará de que la prensa reporta sólo una parte de lo que pasa en tribunales, hipótesis que, de ser cierta, confirma que hay mucho por cambiar en el fuero.

-El Sur publicó un informe respecto al nombramiento sistemático de parientes en la justicia cordobesa, aprovechando la falta de normativas que regulen el ingreso de personal ¿Qué reflexión le merece esta situación?
- Esa normativa podríamos haberla suplido nosotros. Sería recomendable, en un Estado democrático, que exista un sistema por concursos. En esto, más que hablar, hay que probar. Tanto yo como otros jueces -Alejandro Sánchez Freytes, Ignacio Vélez Funes- o el mismo gremio judicial venimos manteniendo esta tesis hace años. Desde el momento en que algunos medios de comunicación se hicieron eco de las iniciativas hubo una inminente desintegración de la Cámara, que hoy está integrada con jueces subrogantes. No deja de ser materia de nuestra preocupación el sistema de ingresos y ascensos por concurso. Respecto a eso, implementé un régimen cuando era juez federal Nº1, que me derogó la Corte Suprema de entonces. De todas maneras, en la Cámara Federal nombramos 37 empleados en 10 años. De todos me hago cargo. Pareciera que se piensa que no hay concursos para mantener un estado de situación y no es así.

-Entonces, ¿por qué no se implementaron los concursos?
- Ha habido circunstancias diversas. Algunas relacionadas con magistrados que no están. Debería preguntarle al resto de los magistrados que no nombré para que digan por qué.

-Pero usted, como presidente de la Cámara, es la cabeza de fuero en Córdoba.
- Sí, pero se magnifica y se asume que uno tiene un gran poder que en realidad no tengo. La Cámara está integrada por varios jueces y adopta decisiones consensuadas. Lo que tiene que ver con la presidencia es la facultad de superintendencia, no la batuta para hacer designaciones.

- Los jueces tienen la potestad de designar en sus propios juzgados, igual que los Tribunales Orales, pero su opinión es pertinente.
- Se la doy y la estoy documentando.

- ¿Qué opina de los funcionarios que aprovechan la falta de normativa para operar a favor de sus parientes?
- Por un lado hay gente (abogados, legisladores, políticos, algunos allegados a organismos de derechos humanos) que por fuera deslegitiman y para adentro nos vienen a pedir por la designación de un pariente o algún estudiante de derecho. Por otro lado, que en 20 años de juez haya nombrado a mi hijo y al hijo de mi esposa no habilita, a mi modo de ver, que tenga una actitud de nepotismo.

-Hay funcionarios que han nombrado no dos, sino cuatro, cinco o seis parientes…
- Esa circunstancia se ha dado.

- Para el ciudadano común pareciera que constituye una situación de endogamia y pone en tela de juicio si los ciudadanos estamos habilitados para acceder a un empleo en la justicia federal.
- Eso es un dato de la realidad.

-¿En que medida esta situación afecta la administración de justicia?
- No la afecta en la medida que las personas nombradas, aún con la falencia que usted señala, sean idóneas. Y aquí no se nombran inidóneos (sic), se lo puedo asegurar. Distinto sería que se nombren personas que no tienen capacidades para el cargo, no son estudiantes de derecho, no cumplen o tienen favoritismo. Pero no se resiente el funcionamiento de la justicia por esta circunstancia.

- Se recusó al fiscal Vidal Lascano en la causa de los magistrados porque desestimó la denuncia sobre Carlos Otero Álvarez al mismo tiempo que su hija, Julieta Vidal, estudiante de bellas artes, fue nombrada en el Tribunal Oral Federal Nº 1 mientras lo presidía Otero Álvarez. Fue precisamente esa denuncia la que disparó la investigación sobre los nombramientos de parientes en la justicia.
- Perdóneme pero me entero por usted. El reglamento que establece los requisitos para el ingreso a la Justicia Federal es de 1958 y no prevé que (el aspirante) deba estudiar derecho. Se ha impuesto acá como una obligación de facto. En 10 años se han nombrado en la Cámara 37 personas, casi cuatro por año, y menos que una por cada uno de los seis camaristas. En estos casos, salvo que haya sucedido alguna inadvertencia de mi parte, se ha cumplido siempre esta regla de nombrar estudiantes de derecho.

-¿Qué opina del mote ‘sagrada familia’ con que se califica en general a los funcionarios de la Justicia Federal?
- Creo que es injusto, porque no me siento parte de ninguna sagrada familia. A cada uno le corresponderá hacer una autocrítica, el que haya actuado monárquicamente tendrá que hacerse cargo de ello y no soy yo quien lo tiene que señalar.

-Sin personalizar, ¿no considera importante que el fuero federal haga una autocrítica en Córdoba?
- Si, me parece que sí. Cuando las relaciones de toda la Justicia nacional, no sólo en Córdoba, tienen un problema de sintonía con la sociedad, que percibe mal el volumen del trabajo y la calidad que se produce, habrá algo que tenemos que revisar. En esa línea va la política de la Corte Suprema actual. Participamos de ese proceso. Si no lo hemos podido cristalizar, creo que mejorará con le transcurso del tiempo.

- ¿Tiene que ver con que los funcionarios actuales cambien la actitud o con renovar funcionarios?
- Con las dos cosas.

- A mediados de junio se realizó una reunión íntima y privada en la casa de campo del juez federal Alejandro Sánchez Freytes donde se encontraron, además del anfitrión, el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, usted, el juez Luis Rodolfo Martínez, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa y el secretario de la Cámara, Rodrigo Altamira, entre otros. Altamira es candidato a ocupar el juzgado federal N° 3, por lo que será evaluado junto a otros concursantes por Fera y Sánchez Freytes en su carácter de vocales del Consejo de la Magistratura ¿No le parece inapropiada una reunión entre uno de los concursantes y quienes deben evaluarlo? ¿Pueden los otros candidatos sentirse discriminados y Altamira favorecido?
- Permítame que le aclare algo señor periodista (por primera vez abre grandes sus ojos e inclina el cuerpo sobre el escritorio): con cada presidente del Consejo de la Magistratura que visita Córdoba nos reunimos todos los jueces y algunos funcionarios, estén concursando o no. El tema del concurso está en trance de evaluación por un jurado elegido democráticamente, que está evaluando sobre exámenes secretos. Hasta donde yo conozco, Fera no es jurado donde concursa Altamira. Después, todo lo que sigue a la evaluación por parte de los cuatro miembros del jurado es revisado íntegramente por la Comisión de Conductas del Consejo de la Magistratura, hay entrevistas públicas. Posteriormente, los candidatos deben someterse a las entrevista en el Senado. Si alguien quiere impugnar la relación de un candidato porque ha estado cenando con un miembro del Consejo, puede ir y decirlo ahí. Para eso están todas estas instancias. Creo que es un exceso de suspicacia pensar que un concursante que estuvo cenando con un miembro del Consejo de la Magistratura pueda estar arreglando algo.

(Puede leer la nota completa en la edición impresa de revista El Sur de julio, de venta en kioscos de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y zona de influencia)

19/7/2011

Pepe el Viejo

El Juez Alejandro Sánches Freytes, logró el cargo de Juez Federal, de la mano de su padre, el ex - Camarista Federal, llenando de regalos a Carlos Menem, cuando éste como Presidente visitaba Anillaco y su contacto fue una amiga fallecida, amiga de Zulema Menem. Así llegó. Por mérito propio. Por favor, la Hora del Escarmiento vendrá pronto, o no vendrá nunca?.

Daniel

En San Luis pasa lo mismo, en menor escala pero en porcentajes es igual... Creo que se puede hacer mucho, pero debe intervenir el Gremio a nivel nacional -que dicho sea de paso se calla bastante- El Consejo de la Magistratura tampoco se puede hacer el sordo o que esto no sucede en todo el País... en el año 1994 se reformó la constitución, Un Pais Republicano necesita jueces constitucionales, no que hayan sido nombrados a dedo, por favoritismos políticos, también hay muchos en la actualidad favorecidos por la dictadura militar en forma directa e indirecta y hoy se hacen los democráticos hacia afuera pero dentro de la institución se comportan absolutistas y de derecha... Que raro!!!!