
El comunicado de la Fundación:
En el momento de crisis actual de la Salud Pública de la provincia y más especialmente de la ciudad de Córdoba, la Fundación por la Defensa de los Derechos del Paciente quiere recordar que por LEY 8835 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA DERECHOS DE SALUD ART. 6:
Todas las personas en la provincia tienen derecho a:
a) Recibir atención médica adecuada en los hospitales públicos cuando careciera de seguro social y se encontrara desempleado. Si en el momento de requerir el servicio, no existiera capacidad asistencial, el hospital deberá derivarlo a otro centro médico privado a costa del estado provincial.
Por lo tanto todas aquellas personas que consideren que no son atendidos ( hemos visto futuras mamás que no pueden hacer el control de su embarazo, pacientes que ven caídos sus turnos de cirugía, o su atención en consultorios externos)en los establecimientos públicos de la provincia podrían recurrir a los establecimientos privados costeados por la provincia. Al respecto queremos recordar el antecedente de un fallo en la ciudad Rio Tercero en el caso de atención de un parto de riesgo, que no podía ser atendido con las garantías necesarias y que se determinó fuera asistido en un establecimiento privado costeado por la provincia. (publicado en La Voz del Interior y que se puede leer en la página www.derechosdelpaciente.org.ar )
Recomendar esta notaEs un aviso de importancia y que debemos todos poner en practica, en el caso de no existir asistencia adecuada. Las denuncias, ¿dónde se formalizan para la derivación? es mi mayor interrogatorio.
Interesante información. Deberían hacer uso de ella todos los pacientes que se ven afectados por esta problemática de atención en la salud verdadero responsable es el gobierno de la ciudad de Córdoba quien tiene a los médicos y personal de sanidad con sueldos paupérrimos.Así como disponen de nuestro dinero para obras superfluas deben considerar seriamente la situación de la salud y escuchar reclamos justos de los trabajadores superados por el número de pacientes y considerar la responsabilidad que les compete.
Gracias a éste medio, muchos se han enterado de la existencia de esta normativa, en la cual los directores de los centros asistenciales, no dan cumplimiento y hasta pretenden hacer creer de su no existencia o tienen miedo en hacer valer la norma. Es hora que el poder político de turno, de nacimiento a una "defensoría de los pacientes" y no tanta defensorías de cuestiones perdidas o que formen puestos de trabajo innecesarios.
Lamentablemente la página ha sido "jaqueada" o sacada de la red por varios días. Lástima que los responsables de la fundación no le brindan mayor publicidad o espacio a la misma. Organizados, serían los mejores protectores de la sociedad y seguramente, serán factores a tener en cuenta en las futuras contiendas electorales. La Dra. Olga Romero, el Cr. José Cmet y los restantes, son personas muy sanas en los principios de la vida pública. ¿Qué pasa que no se movilizan con fervor?. ¿Acaso los medios, salvo el presente, le cierran las puertas?.
Sin lugar a dudas, las puertas son cerradas para las organizaciones y personas de bien. Los medios cordobeses (salvo poquitas excepciones como ésta página) están contamindos de censura pero no por el asunto tratado, por censura sojera o cajera. La Dra. Romero, médica jubilada del Hospital Tránsito de Allende, es una persona dedicada al bien público y nunca ha sido convocada (posiblemente por no compartir curros) a funciones para administrar la mejor calidad en la gestión de salud pública.
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