Sosperiodista.

Hasta altas horas de anoche el bloque de Unión por Córdoba estuvo reunido discutiendo el proyecto de ley sobre la difusión de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y empleados (y las de sus cónyugues) del Estado que aprobarán en la sesión de esta tarde.

La reunión se prolongó por espacio de tres horas en virtud de los reparos expuestos por varios legisladores a la propuesta que el gobernador enviara al cuerpo en febrero.

Justamente estos reparos son los que hicieron demorar la sanción de la iniciativa, que debiera estar aprobada desde el mes pasado.

Desde el oficialismo intentaron mostrar esta demora como algo natural dada la trascendencia del proyecto, pero lo cierto es que la iniciativa generó cuestionamientos.

En rigor, a la mayoría del cuerpo no le agrada demasiado tener que salir a dar cuenta de los bienes y dinero que poseen, simplemente porque no están habituados al ejercicio republicano de dar cuenta de sus actos. Si fuera por los legisladores, preferirían que la declaración de sus patrimonios continuaran celosamente guardados en los cajones de la Escribanía General de Gobierno, como hasta ahora.

Tampoco el gobernador flotará de la alegría, pero un gobierno que asume con la legitimidad por el piso alguna señal debía dar a la sociedad.

Esto no lo van a reconocer en público.

Pero que los reparos más fuertes a la propuesta del gobernador provinieran de sus propios legisladores, le agregó al asunto condimentos extras.

Fuentes legislativas indicaron a este diario que esas objeciones habrían sido superadas en la reunión de anoche y que el bloque, en su totalidad, votará el proyecto que vino del Ejecutivo.

Esas fuentes indicaron que los reparos surgían de la negativa de algunos a publicar los montos depositados en el sistema financiero, a suministrar el valor de mercado aproximado de sus propiedades (sólo aceptaban el valor fiscal) y a consentir la publicación de las declaraciones en la web legislativa.

Los dos primeros aspectos están contenidos en el proyecto del Ejecutivo; en cambio, la forma de difundir las declaraciones, la escoge las autoridades de cada poder del Estado.

Justamente, este último aspecto, de qué instrumento utilizar para difundir los patrimonios, aún no estaría resuelto pese a que el gobernador Schiaretti ya resolvió que las declaraciones de sus funcionarios serán colgadas en el sitio oficial del gobierno en Internet.

Como informáramos la otra vez, hay legisladores que aún siguen proponiendo como alternativa el Boletín Oficial de la Provincia, lo que sería un papelón pues restringiría el acceso de la información a unos pocos y pondría en contradicción al propio gobernador que en los fundamentos de la elevación del proyecto al Legislativo habla de modificar la ley para ampliar el acceso a la información.

“Creo que la modalidad va a ser la más amplia, lo que no permitirá que haya espacio para una chicana de este tipo”, afirmó un legislador.

Aunque nunca se sabe.

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12/3/08