El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dio a conocer el viernes pasado el decreto que ordena la apertura de los archivos de la dictadura. El decreto alcanza a la Policía de la Provincia, al Servicio Penitenciario y a todas las dependencias estatales que funcionan en la órbita del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

María Elba Martínez, titular de una de las agrupaciones que participan de la Comisión por la Memoria, precisó que el decreto se refiere a las estructuras del estado y "a donde pudiera existir" documentación de ese período negro de la historia política argentina. Esto último, dijo, le abre la puerta para pedir que las empresas tanto públicas como privadas también muestren sus archivos.

Justificó este pedido en que siete de cada diez de los 30 mil desaparecidos, según la denuncia de las organizaciones de derechos humanos, fueron obreros y empleados. "Tanto en el orden de las empresa estatales como privadas debe existir documentación. Por ejemplo en Materfer, Fiat, Perkins, hay un montón de estructuras empresariales de donde evidentemente salían las listas", denunció la abogada, que recordó el caso de Mercedes Benz en Buenos Aires.

También anunció que hará lo propio con las organizaciones sindicales. "Yo lo voy a plantear así, porque con este decreto ya no hay motivos para encontrar resistencia en el tribunal para obtener información al menos de las estructuras estatales. De las otras (se refiere a las privadas) veremos...", dijo Martínez. Precisó que a través de los "decretos de prescindibilidad y cesantía" de entonces se puede hacer "todo el circuito administrativo" que lleve al hallazgo de información.

Recordó que "hubo empresas que fueron abiertamente colaboradoras de las órdenes militares", pero "habría que ver y analizar qué estructuras han quedado". Por caso, Perkins ya no es Perkins sino Pertrak, y sus accionistas no son los mismos que los de entonces.

"El decreto es una orden para que todo aquel que tenga archivo lo entregue, y si no lo hace, el decreto estipula una sanción. Si los mandos no responden, se puede plantear la desobediencia", afirmó.

El Jefe de Policía, Alejo Paredes, el viernes mismo dijo haberle ordenado a los jefes de sus dependencias efectuar un control de los archivos y documentos que hubieren estado vinculados al “terrorismo de Estado”, aunque se mostró escéptico sobre su existencia.

Para la abogada, no hay dudas: "Desde el '83 vienen con la cantinela de que está todo quemado y ya tenemos casi dos piezas de archivos en el Juzgado Federal. Debe ser uno de los más completos del país", dijo y agregó que viene secuestrando material desde hace 25 años.

"Hace unos años sacamos de la Policía Federal una barbaridad de archivos, de gente que vive hasta en Buenos Aires", reveló.

Indicó que logró disponer de actas del ministerio de Gobierno autorizando el desplazamientos de los cadáveres al cementerio de San Vicente. "Esas actas la firmaba el ministerio de Gobierno, el Superior Tribunal, la Cámara Federal, el director del nosocomio, de la morgue y del Tercer Cuerpo. En esto hay que comprender que todo era obra de un Estado y no de un grupo de militares", detalló.

Además de Servicio de Paz y Justicia, adonde pertenece Martínez, a la Comisión por la Memoria la integran agrupaciones como Hijos, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y Familiares de Desaparecidos.

Agustín Di Tofino (Hijos) sostiene que "los archivos existen porque la lógica del terrorismo del Estado fue la de una administración que registraba documentalmente todo lo que hacía. Por supuesto que parte de la impunidad fue ocultar esos archivos. Los archivos están, lo difícil es saber dónde", razonó.

Indicó poco probable que los archivos de inteligencia de la Policía (ex D2) se encuentren a esta altura en un armario de la jefatura.

"Seguramente los tiene escondido alguien", estimó "aunque nunca se sabe". Por eso el decreto abarca a "quienes integren la administracion publica y a los integrantes de la fuerza de seguridad, penitenciaria y policial en actividad o EN RETIRO".

Luego, dijo, están los archivos de las reparticiones estatales que quizá no tengan un valor jurídico pero sí historiográfico. "Es un material que debería servirnos para la reconstrucción de la memoria histórica, para ayudarnos a caracterizar cómo funcionó el aparato represivo del Estado en Córdoba", aseguró.

Oportunidad

Opositores al gobierno calificaron de "oportunista" al anuncio de Schiaretti. Nosotros dijimos que era una de las pocas medidas que se le conocía en materia de DD.HH desde que milita en política.

La letrada Martínez: "Cuando no hace porque no hace, cuando hace porque tiene intencionalidad política. Claro que hay una intencionalidad, si es político, lo que no quiere decir que no me vaya a servir. Por supuesto que hubiéramos querido que se hiciera mucho antes, pero soy una persona muy positiva, me dan una llave y para mí es una llave inglesa", dijo.

Di Tofino dijo que, a diferencia de De la Sota, Schiaretti "ha mostrado una actitud propositiva en este asunto".

17/12/07

Anonimo(2)

Ojala que ello ocurra y va a haber muchas sorpresas. Muchos "services" tambien "encubiertos" o nó saldran a la luz. Comoel caso de Revello, aquél periodista´-productor de Canal 12 que era agente de inteligencia del Tercxer Cuerpo. Todo ello salio a la luz en la justicia federal, cuando "pinchaban" los telefonos de una jueza. habra muchas sorpresas, gente que esta gtrabajando en distintos lugares y actividades públicas o privadas, y que en verdad son "servicios", informantes del poder de turno.

Martín Menditto

no será que están abriendo todos los archivos porque ya se aseguraron de hacer desaparecer todo lo que podía comprometer interreses de políticos y empresarios