
Román Ballesteros.
Como había prometido hace unos días en este espacio, les envío una síntesis de los aspectos más importantes que debiera contener un Marco Regulatorio Municipal, destinado a resolver en forma efectiva el funcionamiento del Sistema de Transportes Públicos de la Ciudad de Córdoba. Su definición debe ser estrictamente técnica y legal, sin condicionamientos políticos. Es imprescindible establecer previamente los acuerdos entre las partes (Municipio, Empresas prestadoras, Gremios, Centros Vecinales y ONG). Sigue una propuesta básica.
Nuevo Marco Regulatorio
Aspectos imprescindibles del articulado.
Sistema Municipal de Transportes Públicos. Objeto. Política general y agentes del Sistema. Medios de Transporte y Organización. Concesionarios transportistas, Operadores, Controladores y Usuarios. Disposiciones comunes a Concesionarios transportistas y Operadores. Disposiciones particulares a Controladores y Usuarios. Provisión de los servicios. Limitaciones. Propiedad de la Infraestructura y Recursos. Organismo de Control y Despacho. Presupuesto del Sistema y Tarifas. Contrataciones. Ente Municipal Regulador. Fondo del Transporte. Procedimientos y Control jurisdiccional. Contravenciones y sanciones. Ambito de aplicación. Régimen de Concesiones. Disposiciones varias. Adhesión de otras jurisdicciones.
Aspectos necesarios de discusión y de acuerdos.
Condiciones para los Concesionarios transportistas, Operadores, Controladores y Usuarios. Obligaciones de los Concesionarios transportistas y Operadores. Funciones de los Controladores y Usuarios. Modalidades de la Provisión de los servicios. Contravenciones y sanciones. Ambito de aplicación. Régimen de Concesiones.
Definiciones Técnicas indispensables.
Propiedad de la Infraestructura y Recursos funcionales y operativos. Ente Municipal Regulador. Organismo de Control Operativo. Presupuesto del Sistema y Tarifas. Cuadro de Costos y de Prestaciones. Fondo del Transporte. Procedimientos y Control jurisdiccional. Disposiciones complementarias.
29/4/08
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La revista trata en este número de agosto la colaboración prestada por la Iglesia Católica a los militares genocidas y el alto costo que pagan quienes osen brindar información pública, tal el caso de lo ocurrido entre el abogado Hugo Vaca Narvaja y el procurador del Tesoro provincial Alfonso Mosquera. Este último despidió a aquel por "falta de confianza" al informar a la prensa sobre la causa de la expropiación del Palacio Ferreyra. Justamente Mosquera revaloriza la confianza cuando "hizo de la traición una forma de hacer política", afirman desde la revista.