
Sosperiodista.
La Voz del Interior publicó hoy una nota donde intenta plantear que mientras el Concejo Deliberante aún no se decide a aprobar la modificaciones normativas necesarias para autorizar las construcciones bajo suelo en el Centro Histórico de la Ciudad de Córdoba, una empresa parece haber tomado la delantera al estar construyendo un complejo de siete pisos de cocheras dentro de la zona en cuestión.
“A 130 metros de la Manzana Jesuítica se construyen cocheras”, titula el autor de la nota, que también se convirtió en el título principal de tapa de la edición del día. El título es medio engañoso y busca sembrar polémica donde aparentemente no la hay. Es engañoso porque sugiere que este emprendimiento se estaría desarrollando en la ilegalidad, afectando el patrimonio histórico de la ciudad y antes de que los concejales aprueben la normativa. Pero no esto no es así porque, a renglón seguido, el periodista nos aclara que la obra no sólo habría sido autorizada por la municipalidad antes de que se prohibieran estos trabajos, sino que además cumplió con la obligación de hacer una excavación arqueológica para salvar de la demolición los objetos de valor histórico y patrimonial. Es decir que todo estaría en regla y la aparente contradicción que se busca marcar al revelar que se construyen cocheras cuando aún no hay autorización para ello, se cae apenas se empieza a leer la nota. Hasta el propio secretario de Desarrollo Urbano Eduardo Bianqui lo entendió así cuando dijo en el programa “El Show de la Mañana” que “lo que refleja el título no es lo mismo que lo que dice el artículo”.
El único logro de la nota, quizá, es que marca el contrasentido de la UNC en no haber dicho nada acerca de esta obra que se estaba haciendo en las propias narices de la manzana, y sí levantar la voz para cuestionar el proyecto de la manzana del Banco, como si haber obrado mal antes implicaría por alguna ley no escrita tener que hacer silencio ante atropellos futuros inocultables.
Aunque este no sea el fin buscado, la nota termina haciéndole un involuntario favor a los desarrollistas, siempre a la pesca de cualquier justificativo para avanzar con sus negocios en desmedro de lo que realmente cuenta que es la protección del patrimonio y el respeto a la ley, siempre sujeta al manoseo de sus reintérpretes legislativos.
26/5/11
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