Ana Clarisa Agüero.

La Ciudad Vacía. Carta Abierta al intendente Daniel Giacomino:

A comienzos de noviembre del pasado año, y en virtud de haberse conocido los resultados de la VI Edición del Premio Municipalidad de Córdoba de Historia “Dr. Santiago del Castillo”, presenté a las autoridades competentes una serie de observaciones relativas a las poco decorosas condiciones en que se había procedido a evaluar el conjunto de los trabajos presentados, y la casi pasmosa estructura del resultado final.

Se exponía allí, sintéticamente, esta situación: tratándose de un concurso público regido por el anonimato (lo que, de manera evidente, reconduce a principios más generales de igualdad de condiciones para los concursantes), el resultado puso de manifiesto que los tres textos premiados eran obra de personas que mantenían larga y estrecha relación de trabajo con los diversos miembros del jurado. Dicho de otro modo, cada uno de los trabajos premiados correspondía a un/os dirigido/s de cada uno de los jurados.

La cuestión no era menor porque sugería la imposibilidad de que el anonimato, instrumento mediante el cual el Reglamento procura la igualdad de condiciones en esta instancia pública, hubiera existido para todos los concursantes. Mi presentación fue efectuada entonces en mi doble carácter de postulante -en efecto, el Acta disponía para mi trabajo una Mención Especial, reconocimiento sin premio- y ciudadana, puesto que tratándose de una convocatoria municipal y pública, había en el caso mucho más que una afección individual.

A fines de noviembre, la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba, enterada del caso, efectuó una presentación adicional en la que exponía las razones que hacían radicalmente contraria a justicia la ratificación de una estructura tal de resultados. Adicionalmente demostró, apelando a documentación de carácter público proveniente de instancias oficiales -mucha de ella disponible incluso en la red-, la estrechez y antigüedad de los vínculos entre premiados y jurados, vínculos que no se limitaban a relaciones de dirigido-director sino que se habían tejido estrictamente en el trabajo sobre los temas propuestos al concurso y premiados. Consecuentemente, cada uno de los jurados había tenido la oscura satisfacción de premiar y ver premiado un trabajo al cual, en tanto cabal director, había contribuido y que, por ende, no podía resultarle anónimo.

Nadie ha negado la existencia y naturaleza de los vínculos que mi nota sugería y la de la Clínica demostraba hasta la náusea.

La Municipalidad, entidad promotora y administradora del Premio, no se expidió sobre mi presentación sino bastante después del cambio de gestión y, hasta donde sé, la Clínica Jurídica aún no ha sido notificada de la resolución relativa a la que efectuara. Dado que, tanto en vísperas de las elecciones como en el preocupante proceso que las sucedió, el bloque que usted representa tuvo ocasión de renovar a viva voz sus votos de transparencia y su voluntad de realización ciudadana; y dado que, paradójicamente, es precisamente su firma la que rubrica un decreto ajeno a cualquier idea de justicia y sanidad institucional, la presente no podría tener otro destinatario.

Dirijo, pues, a usted mis consideraciones y, por entenderlas de interés colectivo, elijo la forma de carta abierta para participar de las mismas a los numerosos colegas que agriaron sus miradas y acompañaron el sigiloso curso del proceso. Por lo demás, me atrevo a sugerir que buena parte de ellos alimentó el voto que, guiado por un sentido progresista de la transformación urbana, lo llevó a usted, señor Intendente, al lugar que ocupa.

El Decreto que usted firmó con fecha 23 de enero de 2008 fue depositado en mi casa el día 12 de febrero. El mismo se limita a declarar Inadmisible mi presentación en virtud de que el Reglamento estipula el carácter inapelable del fallo. Entre los considerandos, se expresa también que la presentación de la Clínica será desconocida; puesto que no hay resolución al respecto, me limitaré aquí a señalar lo que la respuesta a mi propia nota implica, ya que entiendo que implica demasiado.

No es muy costoso advertir que un fallo puede permanecer inapelable en la medida en que él mismo no sea producto de un procedimiento viciado; de lo contrario, la anulación de sus resultados no debiera derivarse de una resolución externa y posterior sino que vendría dictada por la propia insanía del procedimiento. Esto es lo que indica la más mínima idea de justicia, siempre y cuando la autoridad no trate mi intervención, como parece haberlo hecho, como un pedido de mudar el premio de A a C, por dar un ejemplo familiar.

Así, mientras que mi nota sugiere y la de la Clínica demuestra la transgresión de un principio general inalienable en una instancia pública, el Municipio, que no niega ninguno de los señalamientos relativos a los vínculos que fueron condición de la acción del tribunal, lee del Reglamento la línea que dice inapelable y no lee en absoluto las líneas que instalan el régimen de anonimato ni, mucho menos, colige los principios constitucionales a que eso reenvía.

Dado que el propio Premio es un bien público, el Decreto que usted firmó, señor Intendente, vino a sancionar la confiscación particular de un patrimonio común cuyo sentido, efectiva publicidad y prestigio debiera garantir. Hasta ese Decreto, la cuestión quedaba limitada a la actualización, en sí misma grave y penosa, de la institución del favor en el ámbito universitario; desde él, la Municipalidad la avala, promueve y acepta en su seno.

La cuestión es seria porque caricaturiza los propósitos progresivos que la gestión que usted encabeza se esfuerza en reiterar. Así, mientras la declamada transparencia se empobrece en las alternativas de la política institucional real, se nos convida a tomar por ella un manojo de declaraciones juradas que hieren la inteligencia de quien las lee. Por razones de pertinencia, no hablaré aquí de otras cuestiones que atentan en el mismo sentido contra la integridad ciudadana, como ciertos aumentos aceptados y declinados por concejales, o la gravedad de los sucesos que rodearon el tratamiento del aumento del cospel. No hablaré de ellos aquí, pero merecerían ser reconsiderados ampliamente.

Vuelvo al documento que impulsa esta carta, porque el mismo, antes que responder, elude el problema, evitando toda consideración política comprometida y conforme a cualquier idea de transparencia, de igualdad ciudadana y de justicia. El Decreto que usted firmó, señor Intendente, no se ocupa siquiera de prever reformulaciones que obliguen a explicitar los aspectos jurídicos que el Reglamento da por supuestos; esto, que indudablemente hubiera representado una tenaza legal para la gestión, hubiera sido, sin embargo, infinitamente más digno y respetable.

Puesto que no hay nada de eso, del Decreto se colige que la Municipalidad, en la figura de su Intendente, encuentra aceptable que una convocatoria pública sea ejecutada y resuelta por jueces y partes; que es adecuado que unos tengan más derechos que otros; y que no hay contradicción entre proclamar principios progresistas de la ciudad y burlar la buena fe de los ciudadanos, convocando a instancias que, definidas públicas, se encuentran en verdad confiscadas, privatizadas por las figuras de turno.

No hay ningún sentido progresista de la política sin una idea arraigada de justicia y esta idea, para ser tal, debe atender no a los individuos concretos involucrados en una situación puntual sino, estrictamente, a la abstracción de individuos sin rostro ni nombre que, en una situación definida por ciertas coordenadas, habrían de moverse, regularla o sufrirla.

Cuando la acción estatal no logra guiarse por ese principio general igualitario, sólo queda la política náusea, patrimonio de políticos profesionales -especialmente en el sentido de vivir de la política-, funcionarios temerosos sin proyecto y rapaces intermedios de todo orden; la ciudad se vuelve entonces un torpe borde territorial, recinto de poblaciones con más voto que derechos.

Penosamente, el Decreto que usted firmó, Señor Intendente, se encadena a una larga historia de espacios públicos confiscados, de ciudades sin ciudadanos, cuidadamente vacías.

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Dudas vitales

Sosperiodista.

Los resultados del concurso se conocieron a través de un acta con fecha 24 octubre del 2007. Según las denunciantes -Agüero y la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba, una ONG que promueve la defensa del interés público y el estado de derecho- esa acta refleja con nitidez las irregularidades que rodearon al concurso.

“El acta deja ver que no sólo existen vínculos entre ellos, sino que cada jurado ha votado consistentemente para premiar a su/s dirigido/s. En consecuencia, cada uno de los dirigidos del jurado ha obtenido alguno de los premios", se afirma en la denuncia presentada por la Clínica.

A posteriori, las pruebas aportadas por la entidad revelan el móvil y sus autores: "En efecto, Ana María Martínez de Sánchez votó para que se le otorgara el primer premio a su dirigida Karina Clissa; la doctora Ana Inés Ferreyra votó para que se le otorgara el segundo premio a sus dirigidas Carolina Prosdécimo y Celmina Victoria Cánovas, mientras que el doctor Adrián Carbonetti votó para que se le diera el primer premio (y no lo consiguió, entonces fue el tercero) a su dirigida María Laura Rodríguez”.

Las pruebas de esta estrecha relación académica entre concursantes y jurados fueron obtenidas por las denunciantes de las páginas electrónicas del CONICET, la Facultad de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba y la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT), donde aparecen distintos artículos que probarían que las partes tenían una relación previa al desarrollo del concurso, en el sentido de que los jurados eran directores de tesis o de los trabajos de los concursados.

Al ganador le correspondió un premio de dos mil pesos, al segundo de 1.500 pesos y al tercero, de mil pesos.

El intendente, con su decisión de dejar todo como estaba, tal como lo había hecho su antecesor en el cargo, profundizó aún más las dudas hacia la transparencia del concurso y la honorabilidad de los miembros del jurado.

7/3/08

José A. Cmet

Daniel Giacomino, proviene de la estructura corporativa-franjita moradas y otros, de la Universidad Nacional de Córdoba y no es de extrañar su comportamiento en las decisiones irregulares en los concursos de esta tipología (o similares). Me sucedió como ex-docente en la Facultad de Ciencias Económcias de la UNC. Es un dominio de "guantes blancos de la intelectualidad", al mejor estilo de "Don Corneolitos" y en la versión moderna de estos timpos. Sigamos participando.-

Luis A.

Hace un par de años trucharon un concurso literario en "La Nación". En la maniobra participaron sus afamados críticos, pero quedó todo a la vista. Fue grosero y repugnante. Sin embargo, siguen trabajando en la "tribuna de doctrina", y el "ganador" sigue vendiendo libros. Todo un himno a la pelotudez argentina.