Sebastián Sigifredo.

Desde hace algunas semanas, un escándalo de proporciones imprevisibles salpica al gobierno colombiano al quedar en evidencia los estrechos vínculos existentes entre los paramilitares y altas esferas del poder político.

La renuncia de la canciller María Consuelo Araujo para no obstaculizar la investigación, luego de que trascendiera el pedido de captura que pesa sobre su padre -Álvaro Araújo Noguera, antiguo senador, ex ministro de Agricultura en la década de los ‘70- y la detención de un hermano de aquella - Álvaro Araújo Castro, senador-, es sólo la punta de un ovillo en el que también están involucrados al menos ocho congresistas cercanos al presidente Alvaro Uribe Vélez.

Para rastrear el surgimiento de las fuerzas paramilitares hay que remontarse al año 1982, cuando los grandes propietarios y terratenientes organizaron fuerzas de choque para preservar sus intereses, encontrando rápido apoyo en la derecha colombiana. Amparados por el Estado, los grupos violentos proliferaron en vastas comunas y regiones transformándose en una industria formidable de la mano del narcotráfico.

Consolidado su poder económico y sus lazos con la dirigencia, se dieron a la tarea de aniquilar las fuerzas rebeldes -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN)-, a los opositores políticos y al campesinado del minifundio que era considerado proclive a apoyar las guerrillas. Actuando como sicarios, sembrando el terror en los poblados, lograron imponerse a sangre y fuego.

El poder político y económico acumulado por los escuadrones de la muerte se sintetiza en datos reveladores: según sus voceros, controlan el 35% del Congreso y de acuerdo con la Contaduría General de la República no menos de un millón de hectáreas. Consecuencia: 3,5 millones de personas desplazadas, deambulando por las principales ciudades colombianas. Contando sólo los homicidios documentados oficialmente, las fuerzas paramilitares han asesinado, entre 1998 y 2003, a 14.476 personas, muchas de ellas líderes sociales.

Para entonces, los paramilitares habían cobrado una trascendencia indisimulable en el espacio público y el gobierno colombiano debió abocarse al asunto para encausar la escalada de abusos, extorsiones y asesinatos.

El presidente Uribe, que se rehúsa a cualquier discusión con las FARC y en menor medida con el ELN, negocia con los paramilitares desde diciembre de 2002. A pesar de la ausencia de marco legal, 4000 paramilitares habían sido desmovilizados cuando el 22 de junio de 2005 la Cámara de representantes aprobó la “Ley de Justicia y Paz”.

Criticada tanto por las organizaciones de Derechos Humanos como por Naciones Unidas, esa disposición elude el problema del narcotráfico, legaliza las grandes fortunas de los señores de la guerra vinculados con el negocio de la droga y establece la impunidad de facto para miles de asesinatos cometidos por los grupos paramilitares.

Sin embargo, nada se dice de resarcir a las víctimas y sus familias o de responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo colombiano.

16/03/07

Pablo Numancia

Totalmente de acuerdo en relación a los paramilitares, es una interesante síntesis de un grave problema que aqueja a nuestro hermano latinoamericano, pero sería importante no olvidar los daños que causan las FARC. Creo que no hay buenos y malos, sí víctimas; y como siempre, son quienes no detentan el poder.

Enrique Sigifredo

Desafortunadamente los tiempos de la historia, de la revisiòn del pasado histórico, difieren en décadas con los tiempos de los pueblos. A la distancia y gracias a las voces de los sin voz, de los acallados polìticos, de un modo u otro los aberrantes actos de terrorismo de estado sufren un reparador aunque tardío castigo - a veces póstumo-. A este proceso de toma de conciencia no va a ser ajeno Colombia, y quienes hoy legalizan el aparato ilegal de custodia y protecciòn de sus bienes e intereses deberán responder cuando esto suceda frente a una justicia menos postrada ante sus intereses. Por cierto que esa alternativa no se construye en si misma por mero determinismo històrico. Son los hombres quienes dirigen sus destinos, accionan sobre la realidad y la transforman. Y serà el pueblo Colombiano, con sus intelectuales y luchadores sociales a la cabeza quienes sienten en el banquillo a aquellos que hoy, desde una superficial legalidad formal, violan las leyes fundamentales del respeto y la dignidad humana.- Con relaciòn al comentario de Pablo, creo sí hay malos -muy malos por otra parte-. Creo que el planteo romàntico de las FARC originarias -uno de los movimientos insurgentes más antiguo de latinoamèrica-, ha variado en el tiempo y ha perdido legitimidad popular. Y coincido en que por supuesto hay miles de vìctimas ajenas a la disputa.