Eduardo R. Saguier.

De los 1240 millones de dólares procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) distribuidos por la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica o ANPCYT en el término de trece años, entre 1997 y 2010, sólo 40 millones fueron al mejoramiento del equipamiento de investigación (programas PME), consistente en aparatología, bases de datos, digitalizaciones, escaneos, etc., es decir menos del 4% del total de subsidios distribuidos, según puede comprobarse ingresando aquí. 

Esta minúscula proporción del 4% constituye la prueba palmaria de la infamia vigente en la dirigencia de la ciencia argentina, la cual se puede corroborar comparando los míseros contenidos de los portales electrónicos de los departamentos científicos de nuestras universidades, bibliotecas, editoriales, museos, archivos y centros de información y documentación con el de sus respectivos pares en los países del primer mundo, en especial las carpetas temáticas referidas a los recursos de investigación (research utilities) existentes en dichas instituciones.

La casi totalidad de dichos subsidios, o sea unos 1200 millones de dólares, que es el 96% de lo distribuido por la Agencia en trece (13) años de gestión, fue a parar en concepto de subsidios de investigación a los programas personales (duplicados a los que como investigadores de carrera también desarrollan en el Conicet) de una nomenklatura compuesta por tres centenares (300) de investigadores. Muchos de ellos han venido incurriendo en incompatibilidades por ser autoridades directivas de esos mismos organismos de ciencia (miembros de directorios y comisiones asesoras, consejeros directivos, secretarios de cyt de universidades y facultades, etc.) y otros mas son receptores de reiterados subsidios (abundando asimismo entre ellos todo tipo de incestuosos parentescos, sanguíneos y políticos). En suma, los beneficiarios de los subsidios constituyen una escandalosa minoría de apenas el 2% de los investigadores de todo el país.

Este contubernio y malversación de los caudales públicos destinados a la investigación científica es el que está siendo investigado por el Juzgado Federal Penal No.8 de Comodoro Py a cargo del Juez subrogante Marcelo Martínez de Georgi, y cuya ampliación de la naturaleza del querellante está siendo actualmente dirimida por la Sala II de la Cámara Federal Penal (Cattani, Irurzun, Farah) 

El autor pertenece al Conicet-Museo Roca.

28/6/10