Entrevista a Delia Ferreira Rubio.


¿Cuáles fueron las falencias de la ley 23.600 que regula el financiamiento partidario?
Las falencias tienen que ver con las normas de procedimiento a aplicar que garanticen que los controles se hacen a tiempo y que las sanciones se apliquen. Las sanciones contempladas en la ley son severas. El problema es que el andamiaje normativo que había para ponerle plazos y darle ritmo a quienes iban a aplicar la ley cayó con el veto del (ex presidente argentino Eduardo) Duhalde.

De la elección presidencial del 2003 pasaron ya tres años y medio y todavía no se han terminado de analizar las cuentas que los partidos presentaron ni se han aplicado las sanciones. Tampoco es accesible el expediente. Lo digo con conocimiento de causa porque me presenté con patrocinio letrado hace dos años y medio y a duras penas pude conseguir alguna parte del expediente, a pesar de que la ley lo autoriza. El problema es que aplicar sanciones cuatro años después no tiene ningún sentido.

¿Qué avances logró esta norma?
Lo bueno es que se mejoró algunas cuestiones de transparencia como la obligación del informe previo a la elección, la prohibición de las donaciones anónimas y la obligación de poner la información en Internet. También, lo que hizo la Cámara Electoral Nacional, al facilitar a los partidos un software para que todos uniformemente informen. Los ciudadanos interesados puedan conocer algo que antes no conocían accediendo a la página de los tribunales federales. Así que ya no hay excusas cuando se trata de dar información.

¿Aportes públicos o privados? ¿Cuál es el mejor sistema?
No hay un mejor sistema. Los aportes públicos tienen algún problema, los privados tienen otros. En general lo que predomina son sistemas mixtos. Pero los recursos públicos no pueden asignarse discrecionalmente, deben estar regulados. Debe existir un organismo independiente que asigne los recursos sin manipularlos.

La ley acabó con las donaciones anónimas pero no pudo evitar las posteriores maniobras utilizadas para burlar esa disposición.
La ley acabó con los donantes anónimos pero no con la corruptela, porque se puede interponer una persona y ocultarse, o burlar los límites de los aportes dividiéndolos entre varias personas aunque la plata salga de un solo bolsillo.
Pero conociendo las rendiciones puedo controlar eso.

¿Quién es el Gran Donante Encubierto que aparecerá en el 2007, según expuso usted?
El Gran Donante Encubierto que se nos viene en el 2007 es el gobierno. El uso de los recursos públicos con fines proselitistas. El uso de los bienes y personal del Estado, de los subsidios y fondos con fines clientelistas y sobre todo, el manejo discrecional de los fondos reservados. Frente a esto, lo que queda es alertar a la población, fiscalizar. Yo creo que para el 2007 no tenemos herramientas para controlar.

En Córdoba aún no se reglamentó la ley de partidos políticos sancionada en los ochenta.
No hay voluntad política de poner en marcha la ley, y como hay recursos nacionales que financian los partidos políticos, muchas veces las provincias dicen “bueno, que se financien con eso y nosotros no usamos esos fondos”, sin perjuicio de que los gobiernos usan los recursos provinciales con fines electorales.

¿Por qué no informar sobre lo que se gasta, además de la transparencia, afecta también a la competencia electoral?
No es solo un problema de transparencia sino también de equidad en la competencia. Las leyes de financiamiento tienen muchos objetivos, entre ellos, la equidad y la competencia para que el dinero no sea lo que determine el triunfo electoral.

Nota de Sosperiodista: La entrevista es profesora de la Universidad del Cema.


19/08/06