Analía Reineri.

En épocas de Gerardo Zamora (Gobernador K), volvió a tomar vigencia en Santiago del Estero un artículo del Código de Procedimientos Criminales de la Provincia que fue aprobado en épocas del juarismo que facilita y avala la expropiación de tierras de los campesinos.

En esa Provincia -como en otras- miles de hectáreas albergan a familias que cosecharon algodón y criaron animales por bastante más de 20 años. El tiempo necesario para que se aplique la ley veinteñal prevista en el Código Civil, superior en la estructura de leyes a una norma prevista de un código de procedimiento provincial. "El Código de fondo otorga derechos que el de Procedimiento vulnera", aseguran desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

El artículo 182 bis del código provincial señala que aun sin un auto de procesamiento (sin haber iniciado acciones judiciales contra el campesino), con el sólo pedido del damnificado, el juez podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble. Sin caución ni nada. Fácil, sólo la escritura basta para pasar con la topadora.

Hace poco, un diputado provincial presentó un proyecto para derogar ese artículo, pero “sólo lo acompañaron ocho legisladores”, dijo Nelly Veliz, presidenta del Mocase ante un muy reducido grupo de gente en la inauguración de una muestra que permanece abierta en la facultad de Derecho de la UNC en Córdoba.

El movimiento que lidera Veliz está conformado por trece zonales en varios departamentos y un problema común: gente expulsada del lugar que habitó su familia por varias decenas de años y que viven de lo que producen.

Este Mocase, es un escisión del movimiento que se creó hace más de quince años; la otra parte se denomina Mocase Vía Campesina (Mocase VC). Esto pasó en el 2001.

En marzo, crearon en Santiago el Registro de aspirantes a la regularización de la tenencia de la tierra que comprende a los poseedores de 20 años o más y se conformó una Mesa tripartita integrada por la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y las organizaciones campesinas (Nación, Provincia y campesinos). "El gobierno no asistió a los últimos tres encuentros", graficó la situación, Nelly ante un público muy reducido.

Enfatizó que “con el registro sólo se podrá obtener un plano de mensura, no la titularidad de las tierras que poseen. Posteriormente a que se tenga el plano se deberá hacer un juicio de prescripción para poder escriturar”. Según aclaró, encima hay políticos interesados que desinforman. “Les dicen a los campesinos que si se anotan en el registro obtendrán la titularidad y piden a cambio que se alejen de las organizaciones".

Otro problema del registro es que los campesinos trabajan y "comparten" grandes predios (en algunos casos de miles de hectáreas).

Asimismo, la organización rechaza el plan de vivienda rural: "El gobierno pretende reubicar a los campesinos en casas al lado de la ruta, llevándolos a la marginalidad", dijo Nelly.

Lo que pide el Mocase es que se cumpla la ley veinteñal y no una reforma legal. Pero claro, los procesos judiciales por desalojo son muy largos. “Cuesta mantener a la gente unida en la lucha con estos tiempos y las mentiras de los funcionarios”, señaló Nelly.

Los campesinos deben lograr asesoramiento legal para comenzar a batallar en la justicia, lo que no lleva menos de dos o tres años. Mientras tanto son víctimas de violentos desalojos con la complicidad de las autoridades. “Muchos policías resultaron testaferros de empresarios de Rosario.”

Para solucionar esto, el Mocase pide que se cree un Fuero Rural en la Justicia de Santiago que se dedique sólo a resolver este tipo de causas. “No hay que cambiar ninguna ley, sólo hay que cumplirla”, sostuvo Nelly.

El moderador de la charla, fue el periodista Sergio Tagle, que aclaró que la diferencia entre el Mocase y el Movimiento Sin Tierra de Brasil es básicamente que los primeros tienen tierras y los ocupantes son ricos empresarios. Mientras que en Brasil, los trabajadores usurpan tierras ociosas de latifundistas para poder producir.

Nelly aclaró que el movimiento que lidera no tiene conexión con otros similares (por caso, el Mocase VC o el Movimiento Campesino de Córdoba). El Mocase VC –por caso- participa y apoya a varios movimientos de base en las ciudades y también tejen redes el MST del Brasil y otras asociaciones latinoamericanas.

Uno de los profesionales que asesoran al Mocase me explicó: “El Mocase VC, pretende cambios de normativas para que les entreguen las tierras. Éste -en cambio- quiere que se cumplan las leyes existentes”.

También me dijo que en Santiago (el tema de las tierras) es "un quilombo: se estima que el 80% de las tierras en cuestión son fiscales", pero el gobierno no efectúa un censo como pide el Mocase.

El Mocase, no tiene asesores pero trabaja con algunas ONGs, entre ellas Avina, Prado y Plurales. Necesitan colaboración para luchar por la propiedad de la tierra, el acceso al agua y la preservación del monte ante el avance de la soja.

Contacto: 0385 156973991/ 0385 4221451/ 0385 156886750.

En la foto: Nelly Veliz.

17/09/06

Enviado por Viviana Poblete.

El lunes fue sancionado por la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santiago del Estero (impulsado por el Ministro de Economía, Atilio Chara) por el cual pasan a disponibilidad y son sujetos a venta 57 bienes inmuebles originados por la privatización del ex Banco Provincia en zonas rurales.

En conjunto pasarían a remate alrededor de 90 mil hectáreas, que en su mayoría están en posesión de familias campesinas cuyos derechos se ven avasallados una vez más.

Vale acotar que dicho proyecto ha sido aprobado sin que esas familias tengan conocimiento de la situación, porque después de mucho solicitar el listado a través de diferentes funcionarios y en el la Mesa Tripartita (creada para analizar estos casos), hubo que solicitar un pedido de informes en la Mesa Provincial de Tierras para saber de qué inmuebles se trataba.

La nomina de los inmuebles fue entregado minutos antes del tratamiento del proyecto, esto pone en evidencia la falta de publicidad de los actos de gobierno en temas tan importantes como lo son garantizar el acceso a la justicia y a la información de los sectores mas vulnerables.

La sorpresa fue que entre los inmuebles a rematarse se encuentra la Localidad de Guampacha en el departamento Guasayan, por un total de 4700 hectáreas donde viven 300 familias campesinas con una escuela en su interior entre las cuales ejerce su derecho de posesión la presidenta del MOCASE, Nelly Veliz, cabe destacar que los diputados por ese departamento que conocen la situación de las familias del lugar ni siquiera argumentaron su decisión al permitir la venta de este inmueble, es triste ver que la historia se repite como hace tiempo atrás el remate de los pueblos de Copo pero esta ves por parte de nuestros diputados que dicen representar al pueblo santiagueño y solo demuestran la falta de responsabilidad como representantes a la hora de tomar decisiones.

Entre los 57 inmuebles también se afectarían a otras zonales del Movimiento Campesino ubicadas en Alberdi, Copo, Loreto y Figueroa, y así a muchas otras familias.

Sosperiodista.

El 5 de marzo pasado salió publicado en el rubro ventas de un diario local, el siguiente aviso clasificado: "Camino Capilla de los Remedios Exc. Terreno p/Loteo Fondo c/Vucetich - 30 Has a $ 8 el m2 4768256"

La importancia periodística del aviso radica en que se trataría de las tierras que estuvieron y están en el centro de la polémica a raíz de las denuncias de los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo de la existencia de casos de leucemia en la zona por la presencia de sustancias tóxicas en la sangre de los vecinos. Esas sustancias, algunas de ellas cancerígenas, provienen de los agroquímicos que se utilizan para la fumigación de los sembradíos de esos campos.

"Aparentemente el dueño quiere vender", nos dijo Sofía Gatica, una de las madres que integró el primer grupo que denunció la contaminación ambiental en el sector. "Van a lotear siendo que ahí está todo contaminado", agregó.

El número telefónico pertenece a una inmobiliaria ubicada en Poeta Lugones de nombre "Ponti y Risetti". Desde la agencia nos confirmaron que, efectivamente, el terreno está a la venta pero que como no estaban seguros si es un terreno que puede lotearse para viviendas, que averiguemos en el municipio. Hecha esta advertencia, nos dieron la identificación catastral.

"El sitio estaría como zona industrial pero sería bueno que averiguaras", mandó una voz femenina, que dijo ser una de las socias del negocio. Destacó que sería un "negocio redondo" en caso de poder lotearse ya que 8 pesos el metro cuadrado "es casi un regalo". Precisó que el terreno comienza cuando la avenida Vucetich hace tope con la calle Schrodinger.

Cuando le preguntamos sobre el propietario, nos comentó que son unos hermanos de apellido "Patti", y en cuanto a las razones de la venta, nos dijo que "porque son personas mayores y quieren desprenderse de algunos bienes". También le comentamos si las tierras son las mismas que estuvieron en el centro de la polémica por el tema de las fumigaciones. "Sinceramente no lo sé, lo tendría que averiguar". Según Gatica, serían los mismos terrenos que hoy aparecen con soja. Lo que se desconoce es si las 30 hectáreas ofrecidas hacen al total de las tierras existentes en el lugar.

Esto no se lo preguntamos a los vecinos, pero estimamos que ver transformados esos campos en lotes para la construcción de viviendas, debería traer algo de alivio y hasta aportaría una solución.

El tema es quién se atrevería a invertir. La misma Sofía Gatica nos contó que su defensa de la salud de los vecinos le valió el repudio de muchos de ellos por entender que tanto ruido denuncista terminó haciendo caer los valores de las casas. "Yo los entiendo, pero en juego estaba la salud de nuestros hijos que crecen con cinco clases de agroquímicos en la sangre", dijo.

Relacionada: Ponen en venta las tierras colindantes a Ituzaingó

15/3/07

Sosperiodista.

A través de los medios, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, le pidió hoy a la ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré que "no otorgue" las tierras del Ejército Argentino ubicadas entre Villa María y Ordoñez al Grupo Los Grobo sino a los pequeños y medianos productores. Lo hizo en una conferencia de prensa realizada en la sede local de la entidad (Bv. Las Heras 36)

De visita en Córdoba, Buzzi dijo que "existe un rumor de que las 10 mil hectáreas de campo La Remonta, en Villa María, serían otorgadas por el Ejército Argentino a Grobocopatel. Hasta ahora es un rumor, yo quisiera averiguar si esto es cierto, pero me gustaría que la señora Nilda Garré no se equivoque también en esto porque más campos es más concentración".

Los Grobo es el principal grupo sojero del país. La empresa, con sede en la localidad bonaerense de Carlos Casares, controla 150.000 hectáreas de producción distribuidas en la Argentina, Uruguay y Paraguay, y una facturación anual de 185 millones de dólares. Por esto, su director ejecutivo, Gustavo Grobocopatel es llamado el "rey de la soja".

"Nosotros le pedimos a la ministra y al señor Oscar Quatromo, su jefe de asesores que ese campo o cualquier campo del ejército como primera experiencia de colonización, donde hay 10 mil hectáreas, podamos poner 50 colonos con 200 hectáreas cada uno. Esto fue planteado hace tres años atrás. La cosa es que quedaron en contestarnos qué campos podían estar en disponibilidad que en lugar de venderse por vía licitación se transformara a través del banco crédito del banco nación en un proyecto de colonización. Pero hasta acá,lo cierto es que no pudimos meter un solo productor en un solo campo del ejército", afirmó crítico Buzzi, ante el pedido de más precisiones de nuestro diario.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) escucharon ese mismo rumor, pero hace un tiempo. Aunque corrigieron a Bussi: dijeron que no estarían en el departamento San Martín sino en la localidad de Ordoñez, pedanía Bell Ville. "Son excelentes tierras, según el testimonio de productores que la explotaron antiguamente", nos dijo Néstor Roulet, vicepresidente de CRA a nivel nacional.

Federación Agraria, que representa a 100 mil pequeños y medianos productores, como entidad viene denunciando desde hace tiempo la extranjerización y concentración de la tierra en pocas manos.

Lo mismo hizo la Iglesia Católica en un documento del año pasado titulado Una tierra para todos.

En ese documento se apunta que el Censo Nacional Agropecuario de 2002 mostró que el número de explotaciones agropecuarias se redujo un 20 % en los últimos 12 años. Y que "el 10 % de las explotaciones más grandes concentraba el 78 % del total de las hectáreas registradas, en tanto que el 60 % de las explotaciones más pequeñas no llegaba a reunir un 5 % de las mismas".

Entre otras medidas la Federación propone modificar la actual Ley de Arrendamientos para limitar los contratos por una cosecha, que perjudican al productor y favorecen el ingreso de inversores externos a la vida del campo, que buscan contratos cortos para entrar y salir rápidamente del negocio.

Pampa Olaen. Buzzi participó en Córdoba de un acto en protesta -realizado a la altura del Peaje Molinari, el primero luego de atravesar Cosquín- por la situación de incertidumbre que atraviesan los 33 productores agropecuarios arrendatarios de la Pampa de Olaen, propiedad de la Fundación San Roque. Esta entidad es administrada por altos funcionarios de la Provincia.

El titular de FAA cuestionó por esta situación al gobernador José Manuel de la Sota "quien vive hablando de las virtudes de su política agropecuaria, pero por otro lado no le ha resuelto el problema a estos arrendatarios". Además lo cuestionó porque se rehúsa a recibirlos y a abrir una mesa de diálogo con la entidad.

La situación es que los productores están a la deriva, sin contrato y pagando los arriendos bajo escribano ya que el interventor de la Fundación -que ejerce el patronato de los campos- tampoco los atiende. El interventor es Marcelo Martínez, yerno del legislador Domingo Carbonetti.

A principios de año el gobierno llamó a una polémica licitación, desventajosa para los arrendatarios. El pliego estaba confeccionado de tal manera que pudieran ingresar al negocio personas jurídicas. Se mencionó un pool de siembra allegado a Carbonetti o a miembros del gobierno delasotista.

A raíz de esto, una auditoría del Tribunal de Cuentas detectó una serie de irregularidades (faltantes de caja, de inventarios, etc.) en el manejo de la Fundación, que terminaron siendo denunciadas en la justicia por el vocal de la minoría, Oscar Bocco. La justicia aún no se ha expedido.

Agustín Pizzichini, titular de FAA, señaló crítico que ninguno de los candidatos a gobernador ha dicho que piensa hacer con este tema. Schiaretti y Negri, directamente no dijeron nada, mientras que Juez "me dijo, espera que sea gobernador y después vemos que salida darle".

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Una auditoría y muchos funcionarios

17/8/07

Oscar Branchesi (Tilcara, Jujuy)

info@cerromorado.com.ar

De los derechos a las tierras. Jujuy, igual que el resto de la región andina, se caracterizó por un sistema de propiedad comunal de las tierras, como pequeños poblados autónomos primero e integrados al Imperio Inca a partir del siglo XV. Efectivizada la conquista española a partir de 1594, pasan a ser “tierras de encomienda” y “mercedes de tierra” (según hayan estado pobladas o no), pero siempre manteniendo la estructura de comunidad, bajo el mando de un “curaca” (denominación local de los caciques).

En la Quebrada de Humahuaca, con la llegada de la independencia, estas tierras comunales pasaron a ser “propiedad pública” y concedidas en enfiteusis (sistema de cesión de bienes raíces a largo plazo o en forma permanente mediante el pago de un canon anual), pero con la especificación de que: “Gozan de preferencia los indíjenas originarios de los terrenos que fueron de comunidad” (Art. 5 del Reglamento Enfitéutico – 16/04/1839). Estas disposiciones posibilitaron que -a diferencia de otras regiones de Argentina- se formara una estructura de pequeñas parcelas que fueron adquiridas por sus ocupantes: en 1883, en el Departamento Tilcara, de 148 propietarios sólo 4 tenían más de tres propiedades (información tomada de “Introducción a la Geografía Histórica de la Quebrada de Humahuaca” – Mirta Ana Seca – U.B.A./F.F.L./Instituto Interdisciplinario Tilcara).

En la Puna Jujeña, en cambio, el dominio de la familia Campero (descendientes del Marques de Yavi) se extendía por una enorme región desde Salinas Grandes de Jujuy hacia el Norte, hasta La Quiaca, Yavi, Santa Victoria Oeste (provincia de Salta) y parte del Sur de Bolivia hasta las cercanías de Tarija.

La Asamblea de 1813 hace caducar el sistema de encomiendas, lo que da lugar a reclamos de las comunidades de Casabindo y Cochinoca que estaban bajo este sistema. La familia Campero argumenta que son tierras en propiedad y continúan con su tenencia. Resumiendo en extremo el problema: los reclamos y las fricciones se van incrementando, hasta que en 1874 se genera un gran alzamiento armado de los aborígenes puneños, que derrotan a las tropas provinciales en la Batalla del Abra de la Cruz, pero que son derrotados en enero de 1875 en la Batalla de Quera (conocida como “la hecatombe de Quera”, por los fusilamientos y persecuciones que se desarrollaron después de la misma).

La repercusión de este alzamiento es tan grande en los medios de comunicación de la época que, a pesar de la derrota (pero acorde con los vaivenes políticos del momento), la Provincia de Jujuy inicia un juicio contra estos terratenientes. Como resultado de esto, las tierras de Casabindo y Cochinoca (Puna Oeste de Jujuy) pasan a manos de la Provincia, la que efectúa algunos loteos en la zona cercana a Laguna de Pozuelos (en una primera etapa, algunos lugareños alcanzan a comprar lotes, gracias a un préstamo del Banco de la Nación, pero luego las adquisiciones son de grandes inversores externos), quedando el resto como tierras fiscales.

La continuidad de los reclamos da origen, en 1946 al llamado “Malón de la Paz” (marcha a pie de más de un centenar de aborígenes puneños y de la zona de Santa Victoria-Iruya a Buenos Aires para entregar un petitorio al presidente Perón). Como consecuencia, en 1949 se expropian las tierras jujeñas de la familia Campero (región de Yavi), las que nuevamente quedan en manos de la Provincia y no son devueltas a los pobladores locales (Ver: “Hacienda y encomienda en los Andes” de Guillermo B. Madrazo , “Rebeliones indígenas en la Puna” de Irma Bernal – Editorial Búsqueda-Yuchan o “Batalla de Quera” del Ing. Esteban Cardozo – Abra Pampa/Jujuy/2000, “¿De quién es la Puna?” de Andres Hidalgo – UNJU/1996)

Esta situación se mantiene hasta el presente, donde encontramos que buena parte de las tierras de la Puna son consideradas tierras fiscales provinciales.

Como consecuencia de estos procesos, en esta zona se dan varias situaciones relacionadas con las tierras:

a) los que tienen sus papeles en condiciones (los menos)

b) otros que tienen papeles a nombre de algún antepasado y nunca pudieron actualizarlos por falta de dinero.

c) gente asentada en terrenos fiscales, a veces por propia iniciativa u otras con papeles dados por algún político (incorrectamente en muchos casos, como cuando los intendentes regalan tierras provinciales), pero que no pueden legalizar porque no responden a loteos oficializados, por lo que no tienen números de padrón, mensuras, etc.

d) aquellos que están asentados en tierras privadas, ya sea como “caseros” (cuidan casas o terrenos, recibiendo como compensación el uso de los mismos, sin relación de dependencia o sueldo) o como “arrenderos” (alquilan, pagando un “arriendo”, terrenos para la explotación agrícola o ganadera, que, en casi todos los casos, incluye una casa para vivienda). En estos casos, generalmente, se dan relaciones de décadas entre el propietario y sus “caseros” o “arrenderos”

e) los que no tienen tierras

En medio de este caos legal, últimamente se dan muchos reclamos de tierras, especialmente basados en la condición de “aborigen” u “originario” de los reclamantes.

Frente a estos reclamos, hay dos opiniones totalmente encontradas: los que están a favor de los mismos -como una reparación histórica- y los que argumentan que no son válidos, ya que esta situación es producto de una guerra que los aborígenes perdieron hace 500 años y que es absurdo tratar de volver la historia atrás. No sin cierta lógica, ya que si yo voy a Italia a reclamar tierras que le quitaron a mi familia hace cinco siglos, lo mas probable es que, en el mejor de los casos, me saquen a patadas en el culo.

Aquí tenemos que tener en cuenta dos situaciones: una es el reclamo (legítimo, a mi modo de ver) de aquellos que están en un terreno fiscal -ya sea porque su familia lo tiene “desde siempre” o porque se ubicaron allí en épocas más recientes-, lo mejoraron y construyeron en él y otra -muy distinta- es la postura de todos aquellos que, invocando esa condición “originaria”, se creen con el derecho (y la consiguiente obligación estatal) de que les den un pedazo de tierra que ni siquiera han pisado.

Algo que tenemos que pensar es que, a diferencia de lo que pasó con los mapuches en el Sur, los habitantes originarios de la Quebrada (los omaguacas) fueron desapareciendo a lo largo del tiempo (aunque en la zona se conservan algunos apellidos de ese origen: Toconás, Quipildor, Cata Cata, Vilte) y fueron reemplazados por otros aborígenes provenientes de Bolivia o de la Puna (al comienzo traídos por los españoles, llegados por su propia voluntad a partir del siglo XX). La pregunta (que me hago especialmente como defensor de los derechos aborígenes) es: ¿Hasta qué punto tienen derecho estos “originarios” venidos de Bolivia o la Puna (donde los españoles SÍ pueden haberle quitado tierras de las que después se apropiaron otros) a reclamar tierras en la Quebrada (de donde no son “originarios” y donde, como “originarios” nadie les quitó nada)?

¿Tiene derecho, por ejemplo, un matrimonio de recién casados, sólo por tener un apellido andino, a exigir que les den un lote? ¿Tiene derecho (si queremos ser más extremistas y rebuscados con los razonamientos) un guaraní (que también es de un pueblo originario no quebradeño, como en el hipotético caso anterior) a pedir tierra en esta zona únicamente por ser “originario”?

La justicia indica que TODOS tenemos derecho a la tierra (originarios y descendientes de inmigrantes, aquí o en Buenos Aires, jóvenes o mayores…), pero: ¿Qué parámetros usamos para adjudicarla? Si todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos: ¿no sería discriminación regalar tierras a ciertas personas solamente por ser “originarias” y no hacerlo con otros de distinta ascendencia? Desde un punto de vista de argentinos: ¿qué priorizamos: 80 años de permanencia en el país de una familia “originaria” que vino desde Bolivia (por usar el ejemplo más frecuente) o 120 años de permanencia de inmigrantes italianos (por usar, también, el ejemplo más frecuente)?

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay distintas situaciones: una es la de la Puna, donde las tierras -que estaban en poder de los descendientes del Marques de Yavi- fueron expropiadas por el estado y NUNCA se devolvieron a las comunidades y otra (también muy distinta) es la situación de la Quebrada, donde las tierras fiscales (resto de las antiguas tierras comunales) son totalmente marginales e improductivas y las mejores tienen dueños (en su mayoría aborígenes y como consecuencia de la política de enfiteusis del siglo XIX) dueños que están vendiendo (a muy buen precio y de muy buena gana) esas tierras a los “gringos con plata” que vienen a construir hospedajes (¡que lejos están las épocas en que los quebradeños no vendían las tierras porque habían sido abonadas por el sudor de sus abuelos!).

Además de estos reclamos, aparecen los de aquellos que, en las situaciones que habíamos visto antes, ocupan tierras privadas. En la actualidad, muchos de esos propietarios, que durante décadas no habían prestado atención a su propiedad, tratan de sacar un mayor rendimiento económico de las mismas; en la mayoría de los casos, con proyectos asociados con el turismo, lo que genera una reubicación o expulsión de sus “caseros” o “arrenderos”, los que protestan y se quejan, argumentando su prolongada presencia en las tierras y el trabajo realizado en las mismas.

En este caso, se enfrentan LO JUSTO (el derecho a la tierra de quienes las han trabajado o cuidado durante décadas) y LO LEGAL (los títulos de propiedad). ¿Debemos apoyar “lo justo”, con lo que estamos despreciando la base de nuestro sistema democrático y justificando toda acción de “justicia por sus propias manos” o debemos apoyar “lo legal”, porque es lo correcto aunque nuestro corazón esté del otro lado?

Esto puede parecer una teorización digna de una mesa de café, pero muestra lo complejo desde lo legal y, sobre todo, desde la ética, de la situación.

Es muy fácil engancharse de una cadena de mails y decir “¡pobres los coyitas que tiene problema con las tierras!”. Lo difícil (tremendamente difícil) es poder distinguir entre los que realmente TIENEN GANADO el derecho a la tierra y aquellos que se enganchan a la regalaría fácil de los políticos y (amparados en una condición de aborigen que ostentan de la boca para afuera) exigen que les den lotes, casas (que rara vez pagan) y un montón de etcéteras más, no dando ni siquiera el esfuerzo mínimo del trabajo a cambio.

Aquí se conjugan dos situaciones bastante particulares: la existencia de tierras fiscales y la presencia de gente que viene habitando la zona desde hace años (o que descienden de ellos), lo que hace presuponer un derecho sobre las mismas, pero como se desprende de lo escrito mas arriba, mi postura (que coincide con la de los abuelos quebradeños que conocí hace veinte años) es muy simple: LA TIERRA NO SE REGALA, SE LA GANA CON EL ESFUERZO DEL TRABAJO.

Soy conciente de que esta postura genera cuestionamientos difíciles o imposibles de responder, pero me gustaría que la tierra vuelva a tener el valor sagrado que siempre tuvo para los andinos y no que se la prostituya utilizándola para comprar votos.

Lógicamente, hay quienes están en la vereda de enfrente y son fanáticos partidarios de reintegrar a rajatabla las tierras a sus dueños “originales”, como una reparación de un despojo cinco veces centenario. Para ellos, que desde la distancia ven un usurpador en cada persona de piel un poco más clara que habita la Quebrada, les dejo (para el final, así lo consultan con la almohada) la “pregunta del millón”: pensando que TODAS las tierras del país pertenecieron a pueblos aborígenes: ¿por qué no regalan su casa a un “originario”así son coherentes con sus ideales?

De yapa, el correo electrónico. Podría haber terminado aquí este trabajo, pero, como dice la canción: “te`i de dar, si querís, la yapita…”. Y esta “yapita” hace referencia a un E mail que está circulando desde hace un buen tiempo y que está relacionado con el tema que venimos tratando.

Este mail, que se origina hace un par de años, responde a ciertos rumores que circulaban por Tilcara en ese momento y está firmado por Luis Fernando Cabrera, que es un buen chango, pero que creo que acá metió la pata: por esos tiempos, la madre de Luis (que también es una buena persona con buenas intenciones) era concejal y aparecía con muy serias posibilidades de reemplazar al intendente de Tilcara. Por “extraña casualidad”, en el momento en que suena como muy factible la posibilidad del reemplazo (por una aparente postulación del intendente a un cargo de diputado), esta señora se dedica a organizar una serie de marchas bastante xenofóbicas cuyo lema era algo así como: “fuera los gringos de Tilcara”… Allí es cuando (también “por extraña casualidad”) Luis manda este mail, que causó (y causa) bastante alboroto.

Como comentario popular se habló mucho de gente que aparecía con papeles falsos a reclamar terrenos. Pero, que yo sepa, no hubo ningún tipo de denuncias ni datos concretos. Ahora bien: si alguien vino con papeles falsos ¿quién se los dio? (porque tener una escritura falsa no es cuestión de pasar por la fotocopiadora de la esquina y listo) ¿Por qué no se los denunció?

Más allá de que esta posibilidad fuese cierta en algún caso muy puntual, una de las cosas QUE sí SUCEDIÓ, es que (tal como comentaba más arriba), aparecieron personas que tenían terrenos abandonados (o por los menos, bastante olvidados) y se encontraron (como en el caso de la famosa canchita que se menciona en el correo) que estaban ocupados: aquí es frecuente que la gente se instale en terrenos “botados” cuyos dueños no aparecen en años. Acá tenemos el clásico enfrentamiento de la propiedad y la ocupación de hecho. Ahora bien: estos dueños ¿habían actualizado su derecho a propiedad pagando los impuestos o habían desechados estos terrenos y , de golpe, por una cuestión de ambición se acordaron de recuperarlos? ¿Tenían su documentación en orden? Lamentablemente, este tipo de cosas nunca se conoce como para poder evaluar la justicia de los reclamos de cada parte.

Los casos de Alfarcito (donde, de paso las terrazas son PRE-INCA –con unos dos mil años de antigüedad- y no inca como se comenta en el mail) y de los terrenos de Álvarez Prado, están en una situación, también, comentada antes: propietarios (aparentemente legítimos) que reclaman a sus arrenderos. Vuelvo a la pregunta: ¿Lo justo o lo legal?

La familia Flores eran “caseros” de un terreno donde se construyó un hotel y fueron desplazados… ¿lo justo o lo legal?

Se podría ir viendo cada caso mencionado, pero llevaría tiempo y escapa al sentido de este trabajo: algunos los conozco y otros sólo por comentarios.

Una simple (y lógica) aclaración: nadie en su sano juicio va a construir un hotel sobre un terreno apropiado indebidamente, por la sencilla razón de que el terreno es la mínima parte de la inversión y pueden tener problemas el día de mañana.

Dejemos las conclusiones para después y hagamos la pregunta clave: ¿De quién es la responsabilidad de que el pueblo se haya llenado de “jipies con tatuajes” (tal como aparece en algunas versiones del mail) o de “gringos con plata” que construyen hoteles? La respuesta es muy (pero muy) simple: DE LOS MISMOS TILCAREÑOS. Desde hace años se sabía que esto podía llegar a pasar algún día y nadie (especialmente las autoridades) hizo nada para impedirlo. En mi caso particular, desde hace por lo menos quince años que lo venía diciendo en cada reunión de turismo que había o en cada programa de radio en el que he participado y la respuesta, en el mejor de los casos, fue la indiferencia. Y digo que en el mejor de los casos, porque en la mayoría (especialmente cuando le decía a los lugareños de que ellos se tenían que poner a realizar emprendimientos porque de lo contrario otros vendrían a hacerlo) fueron de los siguientes tenores: “a los gringos atendelos vos, que a vos te gusta”, “quién va a venir a hacer un hotel acá”, “yo no le voy a estar lavando las sábanas sucias a los gringos”, “a mi no me jodas con esas cosas y dejame “cervecear” tranquilo con los muchachos” o “yo soy tilcareño y a mí nadie me viene a decir que tengo que hacer en mi pueblo” Ahora la realidad (que tiene tiempos mucho vás rápidos que los tiempos locales) les pasó por encima y es más fácil echarle la culpa a los de afuera (al Patrimonio de la Humanidad, a los gringos, a los jipies…) que reconocer (como muchos lo hacen en privado) que se han equivocado.

Lo que, lamentablemente, no comenta el mail son los casos de usurpación de terrenos por parte de los lugareños: en estos últimos tiempos es necesario tener todo cercado porque, de lo contrario, alguien instala una carpa y ¡que lo saque el que pueda! Tampoco habla de los casos en que los “caseros” (obviamente, lugareños) terminan vendiendo terrenos que no les pertenecen, amparados en la confianza y en la costumbre de hacer “tratos de palabra”.

Independientemente del respeto y el cariño que tengo por mis vecinos tilcareños, hay que reconocer que, cada tanto, rebrota esta actitud de enfrentamiento con los “foráneos” (ver un trabajo de Gabriela KARASIC titulado “Plaza Chica vs. Plaza Grande” o parecido).

Por mi parte, siento que, en la medida que crece este sentimiento de rechazo, la gente me saluda mejor que nunca (quizás reconociendo mis 20 años de presencia en Tilcara, o acordándose de que yo les había avisado, o concientes de que uno está acá por un profundo amor a esta tierra y no por una cuestión de negocios…), así que pienso que puedo analizar este fenómeno sin rencores ni susceptibilidades. Coincido con ellos en que el pueblo ha cambiado y los ritmos ya no son los de antes, pero esto comenzó a cambiar mucho antes de la declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad o del incremento del turismo (esto ya es tema para otro trabajo).

Ahora bien: desde mi semi-desconexión con los ritmos y usos de las ciudades me sorprende (y mucho) como gente inteligente, con posibilidades de acceso a todo tipo de información, se engancha con cuanta cosa le llega por internet y redistribuye información sin tratar de ver, mínimamente, si hay algo de cierto en lo que está mandando... o si está perjudicando a alguien con su actitud (el interesante análisis de esta actitud de “compromiso y participación a la distancia” también es lindo tema para otro trabajo…je, je).

En internet se puede poner cualquier cosa: verdades o mentiras. Incluso la verdad, según como la presentemos (o desde que punto de vista) puede transformarse en una mentira. Tampoco debemos creer todo lo que aparece en diarios, revistas o televisión: los medios muestran lo que vende (y cuanto mas cargado de sentimentalismo y aparente injusticia mejor). Sirva como ejemplo el caso de una nota de la Revista Viva, que también distorsionaba totalmente la realidad: cuando (estúpidamente ilusionado con la libertad de expresión y el derecho a réplica) contesté a la misma a través del correo de lectores pero ¡no publicaron mi respuesta! (se la puede ver aquí)

Así que: ¡a ser más precavidos muchachos!, porque, como decían los viejos mineros: en la vida es más fácil encontrar pirita (bien llamada “el oro de los tontos”) que oro verdadero.

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En la foto principal regreso a casa cargada con paja para techar
(cercanías de las Lagunas de El Toro) Foto Interior: Manca Fiesta (a mediados de octubre en La Quiaca), es una tradicional feria de intercambio - Habitante de Tucsa. -Cuidador de la iglesia de Rosario de Susques (Oscar Branchesi)

Nota de Sosperiodista: El autor reside en Tilcara desde 1987 y presta servicios de guía en la Quebrada de Humahuaca y Peña jujeña

28/10/07

La información no ha hecho más que reinstalar el debate sobre la ausencia de una normativa que ponga un poco de freno a esta alocada carrera de ventas de tierras, muchas veces a sociedades o grupos inversores de los que no se sabe nada y con sedes situadas en verdaderos paraísos fiscales.

La falta de una legislación federal en la materia afecta ya al 10% del territorio nacional -según cálculos de especialistas- siendo que más de 30 proyectos de ley esperan por un tratamiento en el Congreso.

Sobre un total de 2,78 millones de kilómetros cuadrados de Argentina, se estima con total seguridad que 300 mil kilómetros cuadrados ya están en manos extranjeras. El mayor propietario es la familia italiana Benetton, con 10 mil kilómetros en la Patagonia; luego, el multimillonario ecologista Douglas Tompkins, con 4.500 kilómetros cuadrados, también en el sur del país; el fundador de la cadena de noticias CNN, Ted Turner, y Joseph Lewis, el sexto hombre más rico del Reino Unido.

A esta selecta lista, pretenden integrarla ahora los Bush.

Nobleza obliga, que dentro de los compradores figuran familias tradicionales argentinas, pero lo que más llama la atención de los medios de comunicación y a la propia Iglesia Católica, es la compra por parte de magnates extranjeros. En su documento Una tierra para todos, la Iglesia denunció la concentración de la tierra productiva y pidió una política de Estado para un "problema" que afecta a comunidades indígenas, trabajadores del campo y habitantes de las ciudades.

Rossi, de Federación Agraria, advierte que en el caso de los Bush habría que tener en cuenta los "oscuros antecedentes" con que cuenta su administración en lo que hace a la "apropiación del petróleo y otros recursos naturales en Medio Oriente, luego de iniciada la guerra en Irak".

Por eso afirmó: “Advertimos a las autoridades sobre el peligro de esta nueva maniobra empresaria. Y solicitamos al gobierno cordobés que investigue las reiteradas denuncias periodísticas, para garantizar el derecho de los productores locales ante este nuevo intento de una firma estadounidense de quedarse con una parte del suelo argentino”.

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, dijo que desconocía estos rumores, al ser consultado por La Voz del Interior.

3/3/08

Juan Carlos Ruíz (Barcelona, España)

Estos días asistimos al nacimiento de una peculiar legión de guerrilleros de la palabra: la Red Internacional de Escritores por la Tierra. Una iniciativa que reúne a un centenar de creadores de la palabra de ámbitos tan diversos como la ciencia, el ecologismo, el periodismo, la literatura o la música.

El Primer Encuentro de Escritores por la Tierra, celebrado en la ciudad de Granada (Nicaragua), en marzo de 2007, del que toma nombre esta Red Internacional, representó un punto y aparte, tanto en la forma como en el fondo, a la hora de reivindicar una serie de aspectos de interés general para la humanidad. Nunca antes se habían reunido personas de disciplinas e ideas tan dispares con un nexo común, el lenguaje, el poder de la palabra, para diagnosticar, desde la sensibilidad literaria, una vez más, que habitamos un planeta enfermo y triste. Ciencia y literatura para hablar de la Tierra, desde la raíz de los problemas y en la búsqueda de soluciones. Ese es nuestro objetivo. Estamos planteando realidades que requieren de nuestra solidaridad, en países donde, por ejemplo, la gente tiene que vivir con un dólar al día… si es que llega.

Por ello, la palabra es SOLUCIONES y los ciudadanos las queremos ya.

Muchas respuestas deben llegar desde las instituciones internacionales, pero hay un factor clave, sin duda, que nos afecta de lleno a los ciudadanos: la EDUCACIÓN. La educación que empieza por casa. No sólo es una tarea de los profesores y educadores. Educar en la paz, en la solidaridad, en la sensibilidad ambiental…son metas que incluyen diversos actores. Por ejemplo, quienes nos dedicamos a contar la actualidad, a escribir sobre la vida, también tenemos nuestra parte de responsabilidad.

Los medios de comunicación, especialmente la televisión, requieren ser sometidos a un riguroso debate social, habida cuenta de la involución que se viene produciendo a nivel de contenidos, con la telebasura, en las principales cadenas españolas, y que deja mucho que desear. Ya no importa mezclar el cambio climático, con la boda de Belén Esteban, el hambre en África y la crónica de sucesos. Nos sirven cantidades industriales de basura televisiva, nos atiborran de montajes absurdos, historias que poco o nada nos enriquecen como personas. No hay espacios para la divulgación de los grandes problemas que afectan a nuestro planeta.

A propósito. Sé que todo esto suena poco o nada corporativista hacia el resto de profesionales del periodismo, pero no todos queremos entrar en el mismo bombo, entre otras razones porque entendemos que nuestro trabajo debe responder a la verdad, la transparencia y el rigor informativo. Por tanto, el chisme de escalera, las falacias, el colorín, los murmullos, el cotilleo o como quieran llamarlo, ya no casan con la teoría y práctica del periodismo que se imparte en las universidades españolas. Por ello, no estaría de más que los profesionales de los medios hiciéramos ya un examen de conciencia en relación a cómo estamos empleando esa herramienta nuestra de cada día, la palabra, el leguaje, el periodismo. Pero no sólo eso, convendría también que empezáramos a desterrar ese periodismo de salón y despacho, de chaqueterismo provinciano, de rebufo funcionarial…Falta relación humana entre quienes informamos. Pisamos a quien sea necesario por estar, ¿dónde?... La respuesta: hoy arriba y mañana abajo. No sirve de nada vivir encantado de conocerse en esta profesión. Como dice el refrán castellano: arrieros somos y en el camino nos hemos de encontrar. De modo que este panorama hace necesaria una unión que nos haga fuertes ante lo que no es periodismo y cercanos a quienes comparten la tarea diaria de informar, los compañeros de profesión.

Arengas aparte y volviendo al asunto de fondo, la necesidad de divulgar estas cuestiones, tampoco sirve con sacar un documental a la calle, ser laureado y dar conferencias millonarias cuando has sido un mercenario del medio ambiente y tu mina de zinc ha contaminando el entorno. Soy incapaz de compartirlo. En mi humilde opinión, hay que dar más cabida a la divulgación, las televisiones han de abrir nuevos espacios a estas cuestiones, pero sinceramente los guiños son mínimos, si comparamos la televisión que se hace en España con la de otros países europeos.

Este es sólo un caso paradigmático de la inmensa labor que nos queda por hacer en el terreno de la información. Puedo citar otras direcciones desde las que deben darse cambios a corto plazo. La sociedad en general, la comunidad científica, la clase política, los agentes sociales, los creadores de la palabra, los educadores… todos tenemos que estar ahí, como se ha propuesto esta tribu de Escritores por la Tierra, que diría nuestro entrañable Pere Casaldáliga.

Si somos capaces de darnos cuenta de que la Tierra es una criatura viva que seguirá su camino, aunque la especie humana se extinga, como ocurrió durante la glaciación, entonces deberíamos apostar ya por cambios que contribuyan a esa tendencia a la mejoría que buscamos. Porque las evidencias las tenemos. Y porque no podemos seguir desde Homero con la misma Odisea. Esta fue la razón que nos llevó a movilizarnos.

A menudo, no somos conscientes de que podemos cambiar multitud de situaciones mediante el uso del lenguaje, que el empleo de una sola palabra puede servirnos para modificar ese escenario que ahora recorremos con cierta desazón. El diálogo es la clave y del mismo surgió esta Red Internacional de Escritores por la Tierra, una idea concebida y desarrollada por Mare Terra Fundació Mediterrània, una ong de provincias que se ha internacionalizado gracias al esfuerzo de un equipo que lucha, cada día, por ayudar a construir otro mundo. Mare Terra Fundació Mediterrània, tiene hoy presencia en varios países de Mesoamérica y en Etiopía. Esta Red es un nuevo proyecto que se suma a su lista de acciones. Y esto demuestra que, desde el ámbito de lo local también podemos aportar nuestro granito de arena, sea desde Tarragona o desde Solentiname. Sí, he dicho bien, Solentiname. Ese lugar que representa muchas ilusiones por cumplir, como diría el combativo Manu Chao, buen conocedor de la tierra donde vio la luz esta iniciativa.

Solentiname es, etimológicamente, el lugar de muchos huéspedes, en la lengua náuatl, y el archipiélago del Lago Cocibolca de Nicaragua donde se forjó la idea del Primer Encuentro de Escritores por la Tierra y donde Mare Terra Fundació Mediterrània viene trabajando, hace años, en varios proyectos. El mismo entorno donde naciera la Misa Campesina de los Mejía Godoy, la cuna del arte primitivista. Islas de poesía en una palabra. Por eso bautizamos nuestro documento fundacional como el “Manifiesto de Solentiname”.

Un tributo a ese rincón histórico y crucial, durante la revolución sandinista, que terminó con la derrota del régimen de Somoza, en la Nicaragua de los 70, y que tiene como protagonista de excepción a uno de los padres de la Teología de la Liberación, el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, el hombre que revitalizó el Solentiname postrevolucionario, pues que duda cabe que la comunidad permanente que se asienta en la isla y que él mismo creó, junto al alumbramiento del “Evangelio de Solentiname”, su obra cumbre, han sido razones de peso para que el archipiélago sea conocido internacionalmente.

El “Manifiesto de Solentiname” exhibe la realidad de un planeta que se destruye, que navega a la deriva en el mar de la globalización, el deterioro ambiental y la violación de los derechos humanos. Pero al tiempo plantea acciones encaminadas a erradicar la pobreza extrema y el hambre, a lograr la enseñanza primaria universal, a promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, a reducir la mortalidad y la explotación infantil, a mejorar la salud materna, a combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, a garantizar una vida digna, a fomentar una asociación mundial para el desarrollo, a impulsar la información, educación y la economía ambiental, a garantizar a los pueblos autóctonos los derechos humanos fundamentales, sus tradiciones y libertades, así como la permanencia en sus territorios tradicionales y a impulsar un comercio justo internacional, que posibilite el desarrollo sostenible.

Ante esta realidad de realidades, rompamos la rutina y el silencio, sumando esfuerzos y sinergias, logrando entre todos el control de nuestro planeta, con la voluntad de Mujeres y Hombres. Gritemos, para que se nos oiga, con eco al futuro, nuestro hastío por la prepotencia, el abuso, la guerra, la corrupción, el hambre, las injusticias…y conquistemos el derecho a la vida, para todos por igual… Demos la bienvenida a esta nueva criatura que es la Red Internacional de Escritores por la Tierra. Y usemos para ello las palabras de Thiago de Melo: “queda decretado que los hombres están libres del yugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza del silencio. Ni la armadura de las palabras.El hombre se sentará a la mesa con la mirada limpia. Porque la verdad pasará a ser servida antes del postre” Que así sea…

El autor de este artículo es Periodista y escritor. Responsable de Comunicación de la Red Internacional de Escritores por la Tierra

MÁS DATOS SOBRE LA “RED”:
http://mareterra.info/red/index.html

NOTICIAS DE LA “RED”:
http://escritoresporlatierra.wordpress.com/

SOBRE JUAN CARLOS RUIZ
http://www.juancarlosruiz.net

Imagen: mosaa.blogia.com

9/2/08

por Asociación de Derechos Civiles

La gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos dictó un decreto que regula la forma en que el Poder Ejecutivo provincial distribuirá su presupuesto publicitario. La medida reconoce que el reparto discriminatorio y arbitrario de la publicidad oficial es una violación a la libertad de expresión y busca “reducir la discrecionalidad” en la colocación de la pauta.

Establecer leyes que regulen la publicidad oficial es un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos. En Tierra del Fuego, la ADC ha trabajado junto a organizaciones locales –como Participación Ciudadana y el Sindicato de Prensa de Río Grande- en el monitoreo del uso y abuso de publicidad oficial, e impulsando el debate sobre la necesaria regulación.

La ADC considera que la medida adoptada en Tierra del Fuego es un paso adelante en ese sentido. Sería positivo que la Legislatura provincial adoptara el decreto como punto de partida para la sanción de una ley que incluya también a los otros poderes del estado provincial.

Principales características

El decreto 183/08 dispone claramente cuál es la finalidad de la pauta del Estado, que incluye “informar objetivamente sobre la gestión del gobierno”, “comunicar disposiciones normativas”, “preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores”, “difundir políticas públicas relevantes” y “afianzar principios constitucionales”.

También crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación, en el que se deberán inscribir todos los medios y producciones independientes interesados en contratar publicidad con el gobierno. Éstos tendrán que cumplir ciertos requisitos, entre los que se destacan no tener deudas impositivas, tener a los empleados en situación regular y presentar una declaración jurada de tiraje o visitas (en caso de ser medios electrónicos) y una grilla de programación con su correspondiente tarifario.

El régimen legal establece un sistema que asigna distintos puntajes a los medios de comunicación inscriptos según diferentes criterios, tales como la producción local de contenidos, cobertura sobre asuntos de interés de los fueguinos, niveles de audiencia o tiraje y cantidad de empleados. También prevé una distribución prefijada en términos geográficos y de rubros de medios de comunicación. Siguiendo esos criterios de distribución, la Secretaría de Comunicación Institucional de la provincia deberá “prorratear el monto disponible de manera proporcional al puntaje obtenido por cada postulante del Registro Público de Medios”. 

El decreto dispone que la Secretaría de Comunicación Institucional suscriba los contratos de publicidad “según las necesidades reales de cada área y/o servicio”. Las asignaciones de pauta se publicarán en el sitio web oficial de la provincia.

Un primer paso

Con la sanción de este decreto, Tierra del Fuego se convierte en la primera provincia argentina en regular la distribución de la pauta oficial, si bien en varias jurisdicciones existen proyectos de ley a la espera de ser tratados por las legislaturas. Lo mismo ocurre en el Congreso de la Nación, donde se presentaron proyectos tanto en la Cámara Diputados como en el Senado.

El abuso de publicidad oficial en la provincia ha sido particularmente grave. En 2005 la ADC y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta (Open Society Justice Initiative), de Nueva Cork publicaron Una Censura Sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina, que documenta como las autoridades de Tierra del Fuego “parecen usar generosos contratos de publicidad para comprar influencias de casi todos los medios locales”. “Los pagos por publicidad –dice el informe- rara vez se relacionan directamente con los escasos avisos publicados. Según periodistas y representantes del gobierno, los pagos a los diarios pueden incluso comprar el control sobre las noticias de tapa y la ubicación de artículos producidos por los propios funcionarios”.

20/02/08
 

Oscar Taffetani (*)

La palabra usura es de origen latino y tiene que ver con el uso del dinero y el crédito, y con el cobro de intereses por ese concepto.

Para la doctrina cristiana (por lo menos, antes de sus últimas actualizaciones) el cobro de intereses y la obtención de ganancias por el uso del dinero son actos inmorales.

Shakespeare puso en escena esa discusión, en la obra El Mercader de Venecia. Allí se refleja el conflicto entre el antiguo capitalismo mercantil y el naciente capitalismo financiero.

Esa misma confrontación entre el productor (fuera campesino, artesano o comerciante) y el banquero, reapareció en los tiempos de la Revolución Francesa.

Fue el médico François Quesnay, hijo de chacareros, quien echó a andar la llamada doctrina fisiocrática, que dividía las actividades humanas en "estériles" y "no-estériles", privilegiando la explotación de la tierra y los recursos naturales por sobre otro tipo de explotaciones.

Entrado el siglo XX (sin obviar los aportes del pensamiento anarquista y socialista sobre el tema) un memorable poema de Ezra Pound volvió a fustigar al capitalismo financiero, por alejarse de la tierra y del auténtico espíritu de la creación humana.

Sabemos cómo terminó esa historia: el capitalismo financiero, recuperado al fin de la segunda guerra mundial, enjauló al poeta Pound (literalmente) y sentó las bases de un poderoso organismo financiero llamado Fondo Monetario Internacional.

Pueblos echados a perder

La impericia (según algunos) o la soberbia (según otros) del gobierno de Cristina Kirchner al diseñar el sistema de retenciones a la producción agropecuaria, metió en la misma bolsa recaudatoria a corporaciones propietarias de cientos de miles de hectáreas con grandes y medianos terratenientes y con minifundistas del Nordeste, sin discriminación.

Así, permitió que se uniera el grito de los auténticos chacareros y pequeños propietarios rurales con el aullido de los simples rentistas del agro y con los chillidos de los pooles y multinacionales exportadoras, que veían reducirse un poco (apenas un poco) sus colosales márgenes de ganancia.

El cóctel desató un conflicto que no tiene miras de acabar, al que se agregan día tras día reivindicaciones y exigencias sectoriales, en un país-archipiélago (así lo llamó el economista Daniel Muchnik) en donde la agenda mediática va desplazándose de los muertos en las rutas a los heridos en las canchas de fútbol y a los magullados de la protesta rural, pero nunca se detiene en la cotidiana y lacerante realidad de la pobreza extrema, el hambre y la exclusión de cientos de miles de argentinos.

Daba tristeza, por estos días, ver arremolinadas junto a los containers del Mercado Central a mujeres y niños dispuestos a comer las frutas y verduras que a causa del paro se habían echado a perder.

El pueblo entero -usemos esa metáfora- se está echando a perder, ante la insensible mirada de la dirigencia política y empresaria.

La herencia malversada

Hay una historia -y también una mitología- construida a través de los siglos, acerca del campesinado, sus luchas y sus esperanzas.

Una parte de esa historia nos toca de cerca. Los abuelos de muchos de nosotros, como se dice, bajaron de los barcos. Pero bajaron para quedarse, acotamos. Bajaron para arraigar.

Ellos, nuestros abuelos, maldecían y escupían la tierra, lloraban sobre la tierra, copulaban con la tierra. Le daban todo y le pedían todo.

Cuando los usureros de turno quisieron sacarles la tierra, entonces se levantaron, organizaron la huelga, marcharon. Así, dieron el Grito de Alcorta, en 1912. O cantaron el Himno Nacional en Colonia Winifreda, durante la década pasada, resistiendo a los desalojos.

Claro que algunas cosas fueron cambiando en estos últimos años, y de eso da cuenta un reciente editorial del diario La Arena de La Pampa, que destaca que la mayoría de los propietarios de tierra de esa provincia han dejado en manos de terceros la explotación de los campos y se han convertido en simples rentistas agrarios.

"Los pooles sojeros -dice la nota de La Arena- no consumen servicios ni productos ni mano de obra provincial y dejan así a la provincia sin el 'derrame' que la producción de soja, supuestamente, debería dejar si estuviera en manos de los productores..."

Como se sabe, la fórmula que hizo el milagro económico de estos años es la soja transgénica combinada con un herbicida universal llamado glifosato.

Y como también se sabe, las campañas dobles de soja, con siembra directa, agotan la tierra y la esterilizan, comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones.

Cuando haya pasado la era de la soja, esas provincias sojizadas quedarán como quedó el norte de Santa Fe tras el paso de La Forestal: sin su bosque, sin su diversidad biológica, sin el recurso renovable para sus habitantes.

La tierra por la que lucharon nuestros abuelos no era sólo un medio de producción, enajenable, alquilable, descartable. La tierra, para ellos, era el principio y el fin de cada cosa; y era la única continuidad posible de la vida.

Un mismo sentimiento (aunque negado por el discurso del poder) los unía con los habitantes originarios de este suelo.

Por eso recelaban de los bancos, de los abogados y los escritorios, de esos lugares en donde se traman negociados y expropiaciones cuyas únicas víctimas son los trabajadores del campo.

Ellos, nuestros abuelos (tal vez idealizados en el recuerdo, no importa) se hubieran cortado las manos antes que convertirse en rentistas del agro, en despreciables usureros de la tierra.

(*) El artículo salió publicado en el sitio web de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo.

3/4/08

Sosperiodista.

Hablamos el otro día en este sitio de la mafia del cementerio. Fue cuando publicamos un artículo en donde dijimos que el reciclado de ataúdes en el cementerio San Vicente, estuvo vinculado desde siempre (si es que todavía no lo sigue estando) con el tráfico negro de cajones dentro de la necrópolis.

La nota hacía referencia a la lucha que Raúl Alfredo Gath (ex director del cementerio sanvicentino en los dos primeros años de la gestión de Luis Juez) había emprendido contra la delincuencia organizada del lugar. Esa lucha terminó con cuatro trabajadores del cementerio pescados in fraganti por la Policía vendiendo los herrajes y ornamentos del cementerio (placas, manijas, crucifijos) en un negocio de compra-venta de la zona. Tres de esos empleados fueron cesanteados en febrero y uno sigue en capilla.

Gath había enviado un proyecto al Concejo Deliberante (que éste rechazó) para que lo autorizaran a reciclar cajones con el objetivo de “frenar el tráfico negro de los ataúdes” que el municipio compraba para los indigentes y tras unas horas de uso, luego reciclaban los empleados, a veces para su reventa. Esto nunca se investigó pero es vox populi.

Esa batalla le costó a Gath el puesto. Debió renunciar a pedido del ex intendente.

El tema del reciclado de ataúdes se actualizó cuando dos funcionarios del gobierno local terminaron peleándose en público y acusándose mutuamente de haber dado la orden para reciclar cajones. Se trata de Jorge Navarro, actual Secretario de Participación Ciudadana, y Jorge Gait, ex Director General de Cementerios. Éste último –que habló con nosotros- se fue denunciando al primero por violación de ordenanzas y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario. Se abrió un expediente en Sumarios.

Siguiendo con el asunto, esta semana entrevistamos a Nicolás Luis Hadad, un ex fabricante y proveedor de ataúdes del municipio, que fue víctima de un pedido de coima sucedido a los cuatro o cinco meses de comienzo de la gestión Juez, en diciembre del 2003.

Cuenta Hadad que un día, en su fábrica de barrio Los Boulevares, recibió la presencia de un señor (“un tal Aguilar”, no recuerda el nombre de pila) que le dijo que tenía la fórmula para ganar una licitación en la municipalidad. Y que eso le iba a costar una comisión equivalente al 10% de la licitación. “A este lo entierro hasta las orejas”, pensó Hadad mientras el extraño le decía, con total desparpajo, que su contacto dentro del municipio era la hermana de su suegra, una tal Fernandez que estaba en licitaciones.

Hadad interpretó que el hecho podría servirle a Juez para demostrar que venía en serio a luchar contra la corrupción. Así que le habló a Marcelo Torres (por entonces funcionario juecista), quien le dijo que le “metiera para adelante” con la denuncia.

Entonces lo primero que pensó es en apoyarse en el periodismo, por lo que fue a ver al jefe de Crónica 10 y dio con Luis Recalde, que acordó ayudarlo y desarrollaron un operativo con filmaciones secretas. También hizo la denuncia a la Policía y el fiscal Amayusco tomó a su cargo la investigación. Fueron tres entreviastas filmadas con pago de coimas: la primera filmó sólo la Policía, la segunda y tercera la hizo conjuntamente con Canal 10 y el concurso de una escribana.

A todo esto, efectivamente el tipo había usado sus influencias para que Hadad ganara la licitación para proveer de mil ataúdes al municipio.

Nunca supo por qué la Policía no lo detuvo ni mandó a seguir al extraño para saber dónde vivía pese a que había sido filmado cobrando una coima. Dice que tuvo que mandar a un empleado para eso, y así logró saber que residía en Alto Alberdi.

“Como pasaron los días y veía que nadie hacía nada, ni la Policía ni el municipio, me propuse destapar esto para no perjudicarme yo. Entonces hablo con Canal 10 y tiran el informe al aire, pero sin mostrar la filmación de la coima. Al rato llama Juez al canal diciendo que le arruinaron la investigación que él estaba haciendo en secreto”, cuenta.

Hadad terminaría siendo denunciado por el ex intendente supuestamente por haberse apropiado de un material de prueba que debía estar a cargo de la Policía. “Un disparate”, dice. "Queda claro que Juez no había hecho nada para esclarecer mi primera denuncia y trataba de cuerperla echándome la culpa a mí". La cuestión es que un día Juez lo llama –según cuenta- "con tono amistoso y me dice que a ninguno de los dos nos convenía este conflicto o algo así, por lo que debíamos terminarla".

Hadad señala que nunca más supo qué pasó con el coimero, a pesar de que él debió declarar en la Policía varias veces, se abrió también un sumario en la oficina respectiva de la Municipalidad que funciona en el Cabildo Histórico "donde también me hartaron a preguntas y me hicieron ir mil veces para nada". Lo insólito del caso es que la licitación no se cayó y Hadad terminó proveyendo y cobrando los cajones pese a haber denunciado que fue coimeado.

Hace unos meses, Hadad cerró la fábrica para siempre. La había abierto en 1978. No obstante, le quedó un stock de ataúdes. En diciembre pasado, Jorge Gait lo llamó “desesperado” porque necesitaba cajones. Hadad dice que le dijo que no, pero ante la insistencia del ahora ex funcionario, accedió. Le vendió 50 cajones por 25 mil pesos. Dice que Gait le prometió que a los diez días tendría el pago. Lo mismo le habría dicho Navarro hace un mes: “En 15 días solucionamos lo tuyo”. Hadad confiesa que todavía espera que le cumplan.

“Yo digo que la municipalidad está en una situación de emergencia. El municipio tiene necesidad de cajones, porque los muertos se le acumulan, pero no tiene plata para comprar. Nunca tiene plata. El reciclado, entonces, puede ser una salida posible, en la medida en que se cuide el aspecto sanitario y sea por estricta necesidad humanitaria”, concluye quien hoy preside el Centro Vecinal de Los Boulevares.

Mientras Hadad confesaba que hace más de cuatro meses que no le pagan, se nos vino a la cabeza la imagen del intendente Daniel Giacomino anunciando la millonaria construcción de un subterráneo.

2/5/08

Sosperiodista.

Vecinos sin vivienda y otros que fueron estafados por una cooperativa a la que le confiaron sus ahorros para acceder también a la casa propia, usurparon ayer tierras ubicadas entre los barrios Villa El Libertador y Comercial, en el sector sur de la ciudad de Córdoba.

La toma se produjo pasadas las 15 horas, en el terreno baldío ubicado por Guatimosín, entre las calles Sobremonte y Villa María. Es un campo amplio, poblado de altos pastizales y con una canchita de fútbol con arcos de madera en el medio.

Según le habrían informado desde Catastro a los ocupantes, el terreno estaría hoy en litigio por una deuda que el dueño habría contraído con el Estado supuestamente por el no pago de impuestos.

Entre los participantes de la toma se destaca un grupo de vecinos que fueron despojados por el dirigente justicialista Ariel Rodríguez, de la cooperativa Almafuerte, hoy preso tras haber sido denunciado por estafar a alrededor de 730 personas con promesas de vivienda a cambios de dinero.

En un primer momento, la Provincia se había comprometido a darles una solución antes de la última elección, pero como ésta nunca llegó decidieron tomar el toro por las astas y salir a usurpar un terreno para provocar la reacción oficial. Sin embargo, una de las estafadas, Verónica Tissera, reveló a Sosperiodista que desde ámbitos oficiales los alentaron a llevar a cabo esta toma.

“Una de las últimas veces que fuimos nos dijeron en el Hogar Escuela del Pablo Pizzurno que buscáramos un terreno que sea del gobierno y lo usurpemos”, relató, y puntualizó que “nosotros sabemos que está mal usurpar, pero si no lo hacemos nadie nos da nada”. “Por ahora lo vamos usurpando, después lo pagaremos como podamos, porque no queremos regalos”, dijo.

Permanecerán allí –dijo- hasta que aparezca una respuesta oficial.

La mayoría de los usurpadores concurrieron ayer al lugar con su familia; había niños llorando en los cochecitos, y otros jugando a campo traviesa, mientras sus padres cavaban los pozos para marcar los terrenos con estacas, alambres o las cintas que se usan para proteger la escena de un crimen. 

Los terrenos marcados medían 8 metros de frente por 25 de fondo. “Tomamos como medida las viviendas de enfrente”, señaló Esteban Campos, quien al igual que Miguel Sánchez, Carina Acosta y Mercedes Videla estaban ahí porque no pueden pagar el aumento sufrido por los alquileres. Y algunos ya tienen orden de desalojo.

“Pagaba 400 y me lo subieron a 550 y no tenemos trabajo.Yo hace dos meses que no pago y me han pedido que desaloje la casa. Decíme ¿cómo hago? Tengo tres bebitos, ¿qué les doy de comer? Me tengo que ir debajo de un puente y esperar que el gobierno me de un subsidio”, contó Miguel.

A Mercedes también le aumentaron en febrero 300 pesos el valor del alquiler: hoy paga 800 pesos por una modesta casita en Comercial. “Tenés que trabajar para pagar el alquiler”, dijo, y agregó sobre la toma: “Es la primera vez que hago esto y me animo a todo por la necesidad que uno tiene. Alguien se tiene que apiadar de nosotros, porque necesitamos tener una casita digna”.

Entre los ocupantes se vio ayer a los oportunistas de siempre: personas vinculadas al delito, punteros de algún político y gente que no pasaría por fuertes necesidades, según confiaron algunos vecinos. Por eso existía la idea de hacer una asamblea para que la cosa no se descontrolara.

Sergio Costigliolo, de la agrupación barrial Tupac Amaru, estaba brindando apoyo logístico ya que él es uno de los referentes de la cooperativa Camoatí que usurpó terrenos logrando que la Provincia expropiara terrenos lindantes al futuro hospital de la zona sur para hacer un plan de viviendas.

“Los compañeros nos pidieron que les demos un apoyo ya que tenemos experiencia en este sentido. Si el gobierno cede las tierras, las expropia, nuestra organización tiene la estructura suficiente como resolver el tema de la vivienda. Hemos hecho más de 2 mil viviendas en el país y tenemos la posibilidad de gestionar ante el ministerio de Planificación de la Nación un proyecto para ellos”.

6/8/09

Fernando Javier Lasagno (Córdoba)

Enormes cicatrices provocadas por la voladura a gran escala de montañas y valles, es un panorama repetido en varios países del mundo, entre ellos numerosas naciones americanas.

Las tecnologías aplicadas, de ninguna manera toman en cuenta el inmenso dolor que sufre la corteza terrestre, con pozos profundos donde yacen pruebas de la ambición, codicia, egoísmos e indiferencia hacia este sufrir de la madre tierra, sus comunidades y la biodiversidad, que en definitiva es todo un conjunto severamente afectado.

Lo que a la tierra le significaría varios millones de años de restaurar, el ser humanos y en combinación con numerosas actividades productivas, muchas de ellas insostenibles le costaría su estadía en este planeta a un precio irrisorio de pocas décadas.

Millones de toneladas de piedras pulverizadas, casi infinita cantidad de agua utilizada y contaminada, para obtener migajas de codicia cuyo destino final son pocas manos, para el mal de muchos, y como siempre desde la corta historia de la humanidad para los mas poderosos materialmente.

Estas actividades extremadamente nocivas, por la mega explotación que se usa, y el daño irremediable que hereda al patrimonio ambiental y social, ya casi ha sido exportado totalmente desde los países desarrollados hacia los menos favorecidos, y por supuesto que somos estos últimos gracias a una estrategia fabulosa que ha llegado a la vida real, recibidos a brazos abiertos por gobiernos que tomaron la democracia y globalización como la solución para continuar con esta política de concentración de poder y de riquezas para los más ricos.

Gobiernos que -tras la excusa de que con el capitalismo y la democracia se vive y se come- han engañado en complicidad con las grandes corporaciones, a sus pueblos y aún siguen haciéndolo, otorgándole a éstas la propiedad privada de todos nuestros bienes heredados por la tierra y por nuestros antecesores, usando cualquier instrumento como la legalización de estos genocidios con leyes mineras afines a esos intereses, dándoles incentivos como la exención impositiva y cánones miserables, usando a los medios de comunicación para que oculten la información, favoreciendo la destrucción del tejido social, su salud, sus actividades productivas originarias, sus culturas, etc.

Pero creen que no tienen límites su expansión, cuando están intentando comprar con fondos contaminados la moral y ética de las universidades en el país; pero cuidado que los pueblos están despertando, las discusiones en torno a estas actividades están vigentes y desparramadas, las comunidades están movilizadas, la ley de radiodifusión tiene amplio consenso y la información y conocimientos están en camino a la masificación, y  el sueño largo que la gente ha vivido detrás de estas mentiras, despertará y puede que aun estando con fuerzas, haremos e intentaremos un gran cambio por el bien de nuestros pueblos y herederos.

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lasagnojavi@hotmail.com
ferlasagno@yahoo.com.ar

17/09/09

juan c. olmos

¿QUE LINDO POZO?

Ismael Cativa

Córdoba, 17 de setiembre de 2009. BAJO LA ALUMBRERA EN MI PROVINCIA DE CATAMARCA. Y DE ESOS CAPITALES EXTRANJEROS. REVISAR TODO SR. GOBERNADOR BRIZUELA DEL MORAL. ¿Qué es lo que queda para mi provincia natal? En lo económico, ambiental, ecosistema, pueblos, contaminación, social, etc. Ismael Cativa - Villa El Libertador.

Pepe el Vijo

Acertada nota de Lasagno. Casi todos los medios ocultan esta triste realidad (aquí nos salvamos por ser libres), que nació de lo mano en la reforma de la CN en 1994 con el pretexto de la posibilidad de reelección del impresentable ex - presidente Menem, a iniciativa (por pura casualidad?) del hoy matrimonio ultra presidencial, se favoreció entre tantas provincias a San Juan, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, etc. o sea las provincias que recibieron beneficios gratuitos en su coparticipación federal en décadas de las 14 provincias que generaron riquezas, hoy son ricas. O sea, para entender mejor, las provincias pudientes, apoyaron financieramente a las restantes provincias escasas de recursos presupuestarios, pero ricas en gastos en personal administrativos, excelentes jubilaciones privilegiadas y otras yerbas que no hacen a la cuestión de esta nota. Como fruto de la reforma constitucional (del acuerdo Menem-Alfonsín, zorros grises de curros), dejando en libertad y dueños de las extracciones mineras, petroleras, etc., o sea dejaron de ser riqueza nacional y a favor de los caudillos provinciales. Resulta que en la actualidad estas provincias hacen a sus antojos la venta o saqueo de sus riquezas (que es del país) sin participar en regalías o retenciones al resto de las provincias, que por décadas las asistieron financieramente. La mineria en manos del clan oficialista (kirchneristas) de los hermanos Gioja de San Juan, brindaran recursos junto con Catamarca y La Rioja, en mas de 200 mil millones de dólares de saqueo patrio (en oro y otros minerales ricos que no se conocen), ¡sin retenciones o regalias como las sojeras al país (simplemente un porcentaje burdo de las ventas). Para males, se contaminan las aguas, se destroza el habitat, en síntesis la nota de Fernando lo dice todo. Con las petroleras sucede los mismo en el saqueo patrio. En el año 2007 el Néstor les prorrogó por 30 años mas, las concesiones a favor del monopolio Repsol y otras las extraciones que vencian en el año 2017 (sin los castigos por no hacer las inversiones de rigor y que el gobernador Das Neves de Chubut lo denunciara y desde el año 1995) o sea venceran en el año 2047. El año 2008 las utilidades de las empresas petroleras han sido de 27 mil millones de dólares sin igualdad de rentenciones como las sojeras. ¿En qué país de las avivadas estamos?. Para colmo, en este medio, todavía existen "algunos colegas" incrédulos, mal informados o simplemente, ¡hipócritas obsecuentes!. Pero se debe aceptar, por existir libertad de expresión, pero algún día llegará que se reproche al abuso de la mala expresión. Dudo que el pueblo despertará pronto, mientras tengan tantos "planes trabjar o descansar".

juan c. olmos

EXCELENTE PEPITO!

Ramón Báez

Córdoba, 17 de setiembre de 2009.- Para colmo aparte de contaminar todo el medio ambiente y secar los ríos tanto para las personas como la vida animal, se llevan todo lo que extraen, ni las migajas nos dejan. Señores gobernantes basta de negocios personales y piensen un poco en los que menos tienen. R. Báez, Comercio y Justicia.

Martín Menditto

que raro que los que suelen hablar y acusar al campo por la contaminación, no hayan opinado ni se hayan rasgado las vestiduras por esta contaminación atroz.

Selva

para hablar de MINERIA y la posible CONTAMINACION hay que saber mucho...porque como todos sabemos CUALQUIER ARGUMENTO es bueno para pegarle al gobierno de turno...mucha lengua floja y mucho biribiri en esto, yo he visto documentales de una minera en el sur que integro a toda la comunidad en el emprendimiento y me parecio fabuloso.

Martín Menditto

Selva como decis hay que saber como en todos los temas. pero hace falta ver en que condiciones trabajan esos mineros del sur en que estado queda el agua, las reservas subterraneas de agua. hay que saber, hay que saber aceptar que pasan cosas donde el gobierno nacional es complice de las destruccion. y esto no es solo un tema para pegarle al gobierno, esto es una realidad que sufren todas las provincias andinas o pre andinas. al final algunos quieren ocultar o deformar la verdad, de la misma forma que le critican a los medios concentrados.

Selva

En el documental que vi el agua tiene un tratamiento que la potabiliza y TODA la comuniad monitorea la mina, es mas los egresados de la escuela del lugar ingresan como empleados a la empresa.Por supuesto que acepto que pasan cosas en TODOS LOS GOBIERNOS del pais y me refiero a los provinciales y tambien al nacional pero desgraciadamente no tenemos un periodismo que investigue con INDEPENDENCIA porque los monopolios mediaticos YA NO SON CREIBLES.Por eso espero la pronta sancion de la ley de servicios de comunicacion audiovisual porque las ONG LOS PUEBLOS ORIGINARIOS LOS LUGAREÑOS diran lo suyo, asi tendremos la posibilidad de formarnos OPINION escuchando TODAS LAS VOCES, tambien las voces de los gobiernos y de los empresarios. Respecto a legislacion para PROTEGER nuestras RIQUEZAS NATURALES sin dudas APOYO los proyectos en ese sentido siempre que no sean UTILIZADOS para golpear la democracia. NECESITAMOS MAS MAS MAS informacion PLURAL. Hoy MARTES a las 23 Hs. en canal 7 "la historia de clarin".

José A. Cmet

Agrego una cicatriz mas a la buena nota de Lasagño y sus cómplices (concientes o no)estan en Córdoba y al lado nuestro. Termino de analizar un artículo excelente Gabriela Tijman, desde Tilcara, Jujuy http://www.rebanadasderealidad.com.ar/americaxxi-09-03.htm y es tanta la bronca que me llena, que transcribo tal cual un apartado, que refiere a la complicidad de las universitades nacionales (en manos de las franjitas moradas, independientes, socialistas, los nuevos peronistas, etc.) y es: "Investigadores y científicos del ámbito académico provincial y nacional han tenido un rol clave a la hora de acompañar reclamos y encarar estudios que los avalaran. Sin embargo, muchos se preguntan hasta cuándo las universidades serán fuentes confiables, dado que las compañías mineras han destinado recursos financieros a lo que algunos definen como compra de conciencias. En realidad, se trata de dinero destinado a las universidades de acuerdo a la Ley 14.771. El yacimiento de oro de La Alumbrera fue descubierto en 1948 por integrantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Al principio fue explotada de manera local, pero en la década de 1990 se afianzó la presencia extranjera: para explotar la mina, Ymad (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) conformó una unión transitoria con Minera Alumbrera Limitada, formada por las corporaciones Xstrata Plc, de Suiza, y Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997, se trata de la mina más grande del país y una de las mayores del mundo. Ymad percibe el 20% de las utilidades de la explotación de la mina; el 60% de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40% va para la Universidad de Tucumán; el resto se distribuye entre las demás casas de estudio nacionales. Según dispone la ley 14.771, la Universidad Nacional de Jujuy recibió algo más de un millón de pesos; la UBA, 3,4 millones. En total, las universidades nacionales recibieron 86 millones de pesos, que se distribuyeron según lo acordado entre todas ellas en el Consejo Interuniversitario Nacional. “Al aceptar estos fondos, la universidad pública está dando su consentimiento a un emprendimiento que va contra los intereses del país”, dijo en declaraciones a la prensa, Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix. Si bien hubo voces de rechazo a estas partidas, lo cierto es que, en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional, la discusión entre los rectores se centró en los montos correspondientes a cada universidad". La UNC recibió un suma aproximada de dos millones de pesos, de fondos malditos, en la cual hermanos argentinos padecen enfermedades por las contaminaciones respectivas, destrucción de las riquezas naturales, etc. Amigos: en las oportunidades que transitemos por la Ciudad Universitaria de la UNC, no dejemos de analizar que las nuevas construcciones se hacen con fondos malditos. El que mira para otro lado, es tan cómplice como esta casta de los nuevos ricos y "raros intelectuales".

José A. Cmet

Me parece oportuno acompañar al presente y excelente artículo, un apartado especial de un trabajo de Gabriela Tijman, desde Tilcara, Jujuy, que rescato de Rebanadas de Realidad - América XXI, 02/07/09 y es otro de los estudios de calidad sobre esta realidad en “el saqueo de nuestras riquezas mineras” y en especial a los involucrados (a cuyo texto me remito). “Complicidades: Investigadores y científicos del ámbito académico provincial y nacional han tenido un rol clave a la hora de acompañar reclamos y encarar estudios que los avalaran. Sin embargo, muchos se preguntan hasta cuándo las universidades serán fuentes confiables, dado que las compañías mineras han destinado recursos financieros a lo que algunos definen como compra de conciencias. En realidad, se trata de dinero destinado a las universidades de acuerdo a la Ley 14.771. El yacimiento de oro de La Alumbrera fue descubierto en 1948 por integrantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Al principio fue explotada de manera local, pero en la década de 1990 se afianzó la presencia extranjera: para explotar la mina, Ymad (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) conformó una unión transitoria con Minera Alumbrera Limitada, formada por las corporaciones Xstrata Plc, de Suiza, y Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997, se trata de la mina más grande del país y una de las mayores del mundo. Ymad percibe el 20% de las utilidades de la explotación de la mina; el 60% de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40% va para la Universidad de Tucumán; el resto se distribuye entre las demás casas de estudio nacionales. Según dispone la ley 14.771, la Universidad Nacional de Jujuy recibió algo más de un millón de pesos; la UBA, 3,4 millones. En total, las universidades nacionales recibieron 86 millones de pesos, que se distribuyeron según lo acordado entre todas ellas en el Consejo Interuniversitario Nacional. “Al aceptar estos fondos, la universidad pública está dando su consentimiento a un emprendimiento que va contra los intereses del país”, dijo en declaraciones a la prensa, Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix. Si bien hubo voces de rechazo a estas partidas, lo cierto es que, en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional, la discusión entre los rectores se centró en los montos correspondientes a cada universidad”. Como Fernando resalta, el daño y perjuicio en las personas y bienes públicos es ilimitado. Pero la gravedad es la complicidad de las universidades nacionales, que acceden a fondos extra-presupuestarios, que provienen de las empresas que atentan contra la salud y bienestar de la sociedad argentina. Por lo tanto, la excelencia del saber universitario con esta actitud, muestran el otro costado que no conocemos y algunos que no desean conocer o meterse en tal realidad. La UNC en el prorrateo ha recibido una suma cercana a los dos millones de pesos y cuyo destino, la comunidad intelectual no conoce. Posiblemente dichos fondos, engrosarían sueldos adicionales de algunas autoridades ocasionales. Como dice el profesor Gak, al aceptar estos fondos dando consentimiento a un emprendimiento contrario a los intereses del país, la universidad pública se convierte en cómplice liso y llano del saqueo nacional y de la destrucción en la salud y cuidado de la gente.

Fernando Lasagno

La verdad es bueno poder participar y a su vez que nos dejen publicar opiniones sobre el tema que fuere, y poder estar de acuerdo o disentir; agradezco a este medio que nos da esta portunidad, tan simple como hacer lo correcto en acuerdo a leyes morales y eticas que no estan escritas; y cumpliendo de paso con la esperada para todo el pais bendita ley de medios. Querida Selva, no se que mineria vio usted tal vez aquella que la realiza la comunidad y no mega-corporaciones; Para hablar hay que saber, tiene razon, y si algo sabemos de participar en diferentes debates,seminarios y foros; estar con gente en vivo y en directo escuchando sus testimonios y leer un toco como dicen los chicos; analizar la informacion real y cual de esa publican medios del pais y de esas provincias contaminadas. Los gobiernos Selva, estan manchados de sangre cuando modificaron los codigos mineros provinciales y nacional, cuando tienen negociados con los grupos privados, cuando permiten que su pueblo pierda la dignidad, la salud y el derecho a un ambiente sano, cuando violan articulos constitucionales, cuando prefieren el oro por encima a la vida, cuando permiten saqueo ambiental y patrimonial; y mucho mas. Selva, para saber no hace falta ser cientifico ni politico; este tipo de mineria deja huellas para siempre y no hay proceso de remediacion que cierre nuestras cicatrices.Le envio un abrazo Saludos cordiales Fernando Lasagno

Abel Four

A Selva únicamente le interesa recuperar sus tierras robadas o usurpadas (por no cuidarlas, sembrarlas, alambrarlas, etc.) y apuntar a los involucrados en las mismas, que me parece bien, con la esperanza que el matrimonio presidencial, haga algo y es todo lo contrario, prefieren estos los grandes latifiundio, monopolios, etc., para las producciones sojeras y nos medianos y pequeños productores que se junta y hacen mucho ruido y con pocas nueces. Buena nota y verdaderos comentarios, que un medio como éste, se pueden expresarlos.

Andrés Broda

La Universidad Nacional de Rio Cuarto, informa a la comunidad que rechaza los fondos de la minería manchados de sangre y que refiere a la nota que efectúa el Prof. Cmet. Seguramente que la UNC y el ADIUC han aceptado tal distribución, en desprecio a nuestros hermanos contaminados.

mercedes centena

Contacto prensa Para mayor informacion: cel (011) 155-990-9876.- mail javiergarin@yahoo.com.ar. blog: www.derechoshumanosxjaviergarin.blogspot.com "LA MEGAMINERIA QUIERE DESTRUIR ANDALGALA" DENUNCIÓ ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS El abogado de derechos humanos y escritor Javier Garin viajó a Andalgalá para solidarizarse con los vecinos autoconvocados en lucha contra la mega minería, y asesorarlos legalmente. "Los proyectos megamineros de Agua Rica y Pilciao 16 son una amenaza para la supervivencia misma de la ciudad de Andalgalá y para todo el entorno natural", denunció Garin, y aseguró que "si es necesario, este caso debe llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se ha puesto a las ganancias de las multinacionales mineras por encima del derecho a la vida y la salud de los habitantes". El abogado de derechos humanos y escritor Javier Garin, autor del "Manual Popular de Derechos Humanos", visitó la ciudad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina, para solidarizarse con los vecinos autoconvocados por la vida, quienes se encuentran en lucha contra una serie de megaemprendimientos mineros. Garin viajó acompañado por la Secretaria de Relaciones Institucionales del “Foro Nacional de Derechos Humanos y Accion Humanitaria”, Soledad Benítez, a fin de asesorar legalmente a los andalgalenses en su lucha contra la megaminería destructiva y participar en las reuniones de la Asamblea El Algarrobo que resiste la instalación del proyecto de Agua Rica en las cumbres del Aconquija. "Pasamos la Nochebuena en la Asamblea, velando junto al camino donde los vecinos resisten la instalación del emprendimiento de Agua Rica, el cual amenaza con contaminar los cursos de agua y la atmósfera de toda esta región", explicó Garin. El abogado de derechos humanos explicó que "Agua Rica es un megaemprendimiento mayor que Bajo La Alumbrera y va a afectar las fuentes de agua de los andalgalenses, en esta región donde el agua es un bien sumamente escaso, destruyendo un valioso entorno natural". Por otra parte, Garin señaló que "hay otro emprendimiento en marcha que tiene como objetivo las tierras donde está asentada la ciudad de Andalgalá, donde se supone que existiría oro y cobre, y para eso prevén desalojar una ciudad entera. La Secretaría de Estado de Minería de Catamarca ha informado recientemente al Concejo Deliberante de esta ciudad que, en caso de avanzar en el proyecto, se indemnizaría a los propietarios, lo que significa que una población de veinte mil habitantes podría ser desplazada para instalar un nuevo Bajo la Alumbrera en la zona. Este es un caso sin precedentes en Argentina, en el que se pone por delante de todo los intereses de una corporación multinacional, invocando para ello una supuesta política de Estado de promoción de las actividades mineras. Veinte mil habitantes pueden ser arrojados de sus lugares de pertenencia, sacrificando toda una población en el altar de la megaminería, para que la multinacional se pueda llevar nuestras riquezas al extranjero a cambio de un cánon irrisorio, especulando con las necesidades y la falta de escrúpulos de cierta dirigencia". El abogado pidió la "solidaridad activa de todos los que se oponen a esta entrega, ya que los luchadores de Andalaglaá se encuentran sometidos a todo tipo de presiones y extorsiones por parte de las multinacionales y sus inescrupulosos socios políticos". Destacó la "valentía y decisión de los autoconvocados" y agregó que "nos vimos obligados a iniciar una denuncia penal y un habeas corpus para hacer cesar el hostigamiento de la policía. Garin señaló además que presentó un pedido de informes en la Secretaría de Minería provincial, elaborado por un grupo de abogados ambientalistas de Buenos Aires, el cual contaba con las firmas de legisladores y refententes nacionales, tales como Pino Solanas, Victoria Donda, Claudio Lozano, Luis Zamora y otros, requiriendo precisiones sobre las condiciones de estos emprendimientos. Asimismo, llamó a "luchar contra esta nueva avanzada de la megaminería que se ha convertido en la punta de lanza de una segunda Conquista que pretende quedarse con nuestras riquezas naturales y destruir si es necesario el medio ambiente, las poblaciones, tradiciones, cultura, cursos de agua, comunidades originarias, y todo lo que se cruce en su camino." Para mayor informacion: cel (011) 155-990-9876.- mail javiergarin@yahoo.com.ar. blog: www.derechoshumanosxjaviergarin.blogspot.com

maria gonzalez

FAVOR DE DIFUNDIR: "FEROZ REPRESION DE ALZAMIENTO POPULAR EN ANDALGALÁ, CATAMARCA", DENUNCIÓ ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS El abogado de derechos humanos y escritor Javier Garin denunció feroz represión policial a vecinos y asambleístas que se oponen a la Mina de Agua Rica en Andalgalá, Catamarca, y responsabilizó al Juez, la fiscal y el Intendente por el accionar policial. Alzamiento popular con decenas de detenidos, balas de goma, vuelco de vehículos y represión indiscriminada. Garin viajará a Catamarca y pedirá destitución o renuncia de los funcionarios responsables. El abogado de derechos humanos y escritor Javier Garin, autor del "Manual Popular de Derechos Humanos", y abogado patrocinante de los vecinos autoconvocados de Andalgalá que interpusieron una acción de amparo a fin de impedir la puesta en funcionamiento de la Mina de Agua Rica, en la ciudad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina, denunció que el día 15 de febrero se dió inicio a una feroz represión policial que se prolonga a través de las horas, con decenas de detenidos, balas de goma, gases, golpes a los manifestantes y "todo tipo de violencia y arbitrariedad por parte de las autoridades". "Responsabilizo por esta acción represiva llena de barbarie contra simples vecinos y manifestantes pacíficos al Juez que la ordenó y a la fiscal que la solicitó, así como al Intendente de Andalgalá José Perea, quien en los días previos estuvo llamando a la represión. Funcionarios indignos de su cargo, que son una vergüenza para Catamarca, prefieren castigar al pueblo que defiende sus derechos a la vida y la salud y a un ambiente sano, con tal de favorecer a las empresas multinacionales que vienen a saquear nuestros recursos y que tienen mucha plata para repartir en corruptelas. Vamos a exigir la renuncia de tods estos personales o su destitución, ya que fueron ellos los responsables de desatar la represión y la violencia", aseguró Garin. El abogado de Derechos Humanos anunció que viajará a Catamarca para pedir la destitución de los funcionarios involucrados y el castigo de los delitos cometidos contra los asambleístas´, "a quienes se viene coartando su derecho a manifestarse". También denunció que "hubo escenas de guerra en esta ciudad, con autos volcados, resistencia popular a la represión policial y decenas de heridos y detenidos, todo por culpa de las autoridades que tratan a la gente como animales. Son las autoridades los únicos responsables de la reacción popular". Garin manifestó tambien que "llama la atención que se lleve a cabo una provocación y represión de esta naturaleza cuando se ebncuentra en trámite una acción de amparo que interpusimos y que debería encauzar el conflicto por la vía pacífica. ¿Por qué salen a reprimir así? ¿Por qué mandan desalojar una asamblea popular que no comete ningún delito? Es porque saben que a la corta o a la alrga, la vía judicial va a tener que frenar el protyecto de Agua Rica. Si no lo hace la justicia catamarqueña, lo hará la Corte Suprema de Justicia, porque está demostrado que este megaproyecto minero es inviable al afectar el medio ambiente y la salud pública, amenazar a la ciudad de Andalgalá con la contaminación del aire y las aguas y peligros de derrumbes y avalanchas y al vulnerar derechos protegidos por la Constitución Nacional", concluyó Garin. Para mayor informacion: cel (011) 155-990-9876.- mail javiergarin@yahoo.com.ar. blog: www.derechoshumanosxjaviergarin.blogspot.com ................................................................................................................................... Maria Gonzalez (para Prensa 17 de Noviembre Lanus)

mariela

Estimados amigos luchemos para que la mineria en andalgala no se habra,soy de Belen donde esta ubicada la mega empresa minera alumbrera que por cierto ya esta en preparativos de irse porque ya no tiene mineral.Lo mas grave de esto es que nos destruyo nuestro ecosistema,este agujero con que lo van a llenar seguro que con los moribundos que hay alrededor hay mucha gente enferma de cancer como asi de otras enfermedades desconocidas.Estan despidiendo gente a su antojo porque se acerca el famoso cierre de mina.Los manifestantes esos que recien creen que van a parar todo si ya es tarde las litros y litros de agua que gastaron y siguen gastando para la produccion limpieza entre otros no se los va recuperar, porque no salieron antes....o ud.estan buscando un redito economico.El cauce del Rio Belen por donde pasan diariamente los camiones de la mina,un irresponsable de la empresa que transporta comustible volco un camion con 35.000litros en el rio obvio que el comustible se fue a las napas subterraneas y ahora estamos tomando agua contaminada.-Eso podrian haberlo evitado si estos irresposables de jdg,nos cagaron la vida en todo sentido.