Mario Albera.

El otro día, a propósito del envío a la Legislatura del nuevo escalafón del empleado público provincial, le planteé al secretario de Información Pública, Marcelo Falo, que bueno, que si los gobiernos se empecinan en premiar a sus contratados con el pase a planta permanente mediante concursos cerrados (evitamos utilizar el calificativo "a medida" para que no suene peyorativo) habrá que animarse algún día a sincerar las cosas y a reformar la Constitución Provincial para derogar el artículo 174 que manda que "el ingreso a la Administración Pública se hace por idoneidad, con criterio objetivo en base a concurso público de los aspirantes, que aseguren la igualdad de oportunidades".

De la misma forma habría que proceder con las Cartas Orgánicas Municipales, a tenor de la modificaciones normativas impulsadas por el intendente Luis Juez en las últimas horas, y que abren la puerta para que miles de contratados y monotributistas obtengan su estabilidad laboral.

Frente al interrogante planteado, Falo arriesgó un tibio "será tu impresión, no creo que un tema así deba merecer la reforma de toda una Constitución, no lo creo". En rigor, Falo no tuvo una respuesta convincente ese día, y es lógico que así sea, porque en el fondo concuerda en que en estos casos -como en otros- nuestra Carta Magna no es más que "papel pintado", un cuerpo de normas, principios y reglamentos olímpicamente ignorados por quienes deberían honrarlos.

Las versiones periodísticas indicaban que el nuevo escalafón permitiría el pase a planta de hasta 3.000 gerentes y subgerentes, pero por ahora el tratamiento legislativo del proyecto quedó para el 2007.

Esos gerentes, subgerentes, así como directores, directores generales, subsecretarios, asesores; cuya cantidad real se desconoce, fueron cargos creados con asignaciones prepuestarias superiores a los jefes de departamento o división, con años de antigüedad, dentro de la carrera administrativa.

La petrificación de la carrera administrativa -que ahora el gobierno pretende activar- permitió que se creara una estructura casi paralela de contratados (quizás un "ejército") con cargos superiores, sin más justificación técnica que la de cumplir con determinados compromisos partidarios o clientelares, según la denuncia de gremios críticos como ATE. En este sentido, la implantación del doble turno por la ex secretaria General de la Gobernación Olga Riurtor, fue funcional a esa estrategia porque permitió agrandar la administración con nuevo personal que, en muchos casos, asumió funciones que terminaron superponiéndose o desplazando la realizada por sus pares de planta.

Frente a este crecimiento del escalafón político de la mano de contratados, los gremios se pusieron firmes exigiendo la estabilización laboral del escalafón general. Fue así que el 15 de noviembre pasado el oficialismo legislativo aprobó una ley impulsada por el ministerio de Salud por el cual alrededor de 4.600 contratados -aunque algunos estiran la cifra a 6.000- de los equipos de salud provinical pasan a planta permanente sin rendir los concursos abiertos que exige la ley provincial 7.625.

"Es por única vez y en forma excepcional", afirmó el ministro Oscar González en esa oportunidad, ratificando que la regla es la excepcionalidad. Hay que aclarar que la ley surgió de un acuerdo con los gremios del SEP y la Unión de Trabajadores de Salud (UTS).

Hoy, esa misma excepcionalidad le sirve de fundamento y apoyo al intendente capitalino para darle estabilidad laboral a más de 2.300 contratados por el municipio durante este último tiempo.

No es buen ejemplo que el Estado, que debe combatir el empleo informal, emplee en negro ni tenga trabajadores precarios. El eje está en cómo fueron elegidos esos trabajadores que se pretenden formalizar. Para darle un barniz legalista y transparente, Juez promete que habrá concursos internos para esas personas, emulando el argumento utilizado por su enemigos políticos.

Pero el problema no es el ahora, es el antes. Digo: ¿cómo ingresó esa gente a la administración pública? ¿quién la seleccionó? ¿en base a qué criterios? ¿cuáles son sus antecedentes? ¿es idónea? ¿era necesaria?

No lo sabemos, y aunque querramos saberlo, ya es tarde. Esa gente ya está adentro y reclama derechos adquiridos. Algunos vienen de años así (como los equipos de salud provinciales), otros quizá de meses (como los contratados de Juez).

Los gremios -sin distinción- bajo la excusa de combatir el trabajo precario, han sido cómplices de este crecimiento porque ha supuesto mayores ingresos a sus arcas, de la mano de la cuota sindical. "Nosotros no somos los culpables de que no haya concursos", decía ayer, un dirigente del Suoem.

Pero otra cosa son estos seudos concursos que se planean instrumentar para legitimar una metodología de selección donde el amiguismo, el parentesco o la cercanía con el poder, parecen imponerse sobre criterios constitucionales de idoneidad e igualdad de oportunidades.

La cuetión no es el ahora, es el antes.

28/12/06