Eduardo Alberto Planas.

En materia de Seguridad, Alessandro Baratta nos habla de dos modelos contrapuestos.

El primero, se denomina Derecho a la Seguridad, y está próximo a la tendencia represiva de políticas de prevención y seguridad, que identificando seguridad y orden, determina una política centralista y autoritaria, en que sólo el gobierno decide las medidas a tomar sin escuchar a otros representantes sociales.

Este modelo se ha caracterizado por el constante reclamo de aumento de penas y “mano dura” y, muy particularmente, por la reducción de los derechos ciudadanos al derecho supremo de la seguridad individual y la propiedad privada, negando valor a los otros derechos fundamentales, como el del principio de inocencia, defensa en juicio, etc., que son garantías ante el poder del Estado para todos los habitantes de la nación argentina. Y también, derechos sociales y políticos: a la educación, a la salud, a condiciones dignas de trabajo, a seguridad social, y el de elegir y ser elegido para cargos públicos, etc. Se lo suele llamar aquí el de la Tolerancia cero.

Privatización de la Seguridad. Al desconocer la primacía de estos derechos por sobre la seguridad de los bienes privados, este modelo tiende a la exclusión social. Porque la seguridad individual deja de ser un servicio público que el estado debe prestar en una sociedad de iguales, para ser entendida, en la escasez de arcas oficiales, como un producto más que en la sociedad de consumo obtiene quién tiene capacidad económica para hacerlo. Es decir: para quien puede pagarlo.

De allí, el crecimiento de las empresas de vigilancia personal y de edificios, de transporte y custodia de caudales, de los hipermercados, de las compañías de seguros, de venta de armas, animales adiestrados, blindajes y fortificaciones de edificios, alarmas para viviendas y vehículos, los barrios cerrados, aerosoles con gas paralizantes, pistolas eléctricas, las escuelas de entrenamiento y defensa personal y toda una industria de servicios y productos vinculados con la “inseguridad” y más propiamente con la subjetiva sensación de inseguridad.

Esta industria del pánico, según los autores en “permanente expansión, ha llegado a constituirse una de las áreas más dinámicas de la economía latinoamericana”.

El otro modelo

El otro modelo, según Baratta, es el de Seguridad de los Derechos y se basa en la concepción de ella como un servicio público que el Estado ha de garantizar. Esto es así porque cuando el Estado expropió el derecho del ofendido por el delito a la venganza por mano propia asumió el monopolio de la violencia, y así el poder de castigar colectivo, en virtud del principio “Protejo, ergo obligo”.

Este servicio público se articula en un sistema garantista, porque el Estado puede lesionar garantías individuales al perseguir penalmente a los autores de un delito. El Estado trata a través de una política integral de protección de todos los derechos del ciudadano de lograr un debate político y la participación de todos los actores de la comunidad: organismos oficiales e instituciones sociales, religiosas, culturales, económicas y políticas involucradas en este problemática.

Es por esto, un modelo de inclusión social, que intenta identificar, primero las causas de la inseguridad, no sólo hacer desaparecer los efectos. Entre las principales causas figuran: la desigualdad social, el abuso de poder y el silenciamiento de las reinvidicaciones sociales y políticas, bajo el argumento del orden ciudadano y la defensa a ultranza de la propiedad privada.

En esta segunda concepción, la seguridad se enfrenta como una política más en el espectro de todas las políticas públicas de desarrollo general: económico, de educación, salud y prevención. E intenta coordinar las acciones de prevención y disuasión de la delincuencia, a través del aumento de la vigilancia en horas y lugares conflictivos, buena iluminación en zonas riesgosas, charlas sobre medidas vecinales y familiares de protección y otras, con programas de prevención de alcoholismo, drogadicción, de violencia familiar y escolar, de explotación del trabajo infantil, de educación sexual.

En este modelo de gestión como política de Estado, las acciones se deben sustentar en la convicción de que la vida en sociedad exige compatibilizacion entre derechos opuestos y tolerancia, porque existen jerarquías de bienes jurídicos que deben garantizarse, aún en desmedro de intereses individuales.

Así el el Estado podrá compatibilizar, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la intimidad y al honor de los mencionados en una noticia periodística, pero ningún derecho individual podrá compatibilizarse con el derecho a no ser detenido ilegítimamente, torturado o sometido a condiciones humillantes de encierro.

La exclusión social. La exclusión social tiene otro sentido que la desigualdad social, pues proviene de (o consiste en) la ruptura de los lazos sociales, que no se puede señalar tan solo acudiendo a los fríos vectores de los economicistas que demarcan las líneas de la pobreza y de la indigencia como resultado de un cálculo económico o estadistico.

¿Qué significa estar excluido? En términos de relaciones sociales, significa la ausencia de lazos sociales de integración y la sustitución de todos ellos por relaciones mediadas por la violencia, entre los mismos excluidos y; entre ellos y la sociedad "normal" o integrada.

La distancia es enorme, si se tiene en cuenta que en villas miserias de Argentina hay familias que se han acomodado a condiciones distorsionadas de vida durante tres generaciones o más, o si se considera la distorsión cultural y la profundida ajenidad social que genera el desempleo pertinaz durante la íntegra trayectoria familiar, y el necesario despliegue de habilidades clandestinas o infralegales para asegurar la subsistencia diaria.

Pero sobre todo, las relaciones sociales de la exclusión son violentas, tanto por la indiferencia social, que en modo alguno es suave o continente, como por el hecho de que casi las únicas atenciones brindadas por el Estado se encaminan a través de la policía o el sistema penal.

Una persona que no puede determinar las condiciones que presidirán el desarrollo de sus vínculos sociales, que de manera inevitable asumen todas las formas imaginables de la violencia, sólo podrá reproducir esa misma violencia cuando logra dictar las condiciones de otras relaciones posible: éstas reflejan más allá de todas dudas, en los contactos sociales proporcionados por el crimen. En este marco la violencia deja de ser irracional. En esas condiciones ni el respeto por la vida ni por los demás valores que la integran a la sociedad pueden compartirse porque el excluido resulta ser, precisamente, un ajeno.

El problema del crimen no se agota en ese marco; en realidad se podría decir que es allí donde termina, y el hecho de poner énfasis sobre la supuesta irracionalidad de la violencia criminal en la calle no está privado de consecuencias. Una de ellas es la construcción de un concepto que se ha dado en llamar seguridad ciudadana, que traduce la aspiración a no ser asaltado o agredido en los espacios públicos o en las viviendas o en los comercios privados, como que el término ciudadano se reduce a su menor expresión, la de habitante de las ciudades.

Es obvia la legitimidad de esa aspiración, pero ella no debe ni ocupar todo el espacio asignado a la preocupación por la (in)seguridad, dado que esta se compone de otras cosas, que suelen ser las mismas de las que carecen los sectores de la exclusión y de las que tambien carece, aunque en menor medida, el grueso de la clase media en plena regresión.

¿Que són esas otras cosas? La seguridad del empleo, de la asistencia en la enfermedad y en la vejez, de la vivienda, la educación, la cultura, el desarrollo personal son otras formas en las que debe conjugarse el término seguridad.

Finalmente diremos que "las leyes que son el instrumento de la política, traducen en cambio la aspiración de derrotar la desigualdad y acorralar a la violencia. Sólo en la esperanza de lograr o de acercarse a estos objetivos tiene sentido la vida en sociedad; fuera de ella, ha perdido parte de su valor. Recuperarlo requiere, por lo menos, la conciencia del rol del derecho como el vínculo de la constitutución de un pueblo, y la certeza de que la degradación de su validez y de garantías que la lay consagra no es indiferente ni inocua.

Requiere, además, la convicción de que el problema de la (in)seguridad no se resuelve solamente apelando a estretegias violentas fundadas en la hostilidad hacia los excluidos, que sólo profundizan la división social. Es preciso reconstruir, en cambio, un concepto de seguridad cuidadana cuyos elementos estén dados por el conjunto de derechos garantizados por la constitución política, y cuya orientación no puede ser otra que la más absoluta y abarcativa inclusión social.

(foto archivo Sosperiodista)

Fuentes: PENSAMIENTO PENAL Y CRIMINOLOGICO. Revista de Derecho Penal Integrado. Córdoba. Año III, nº 4, 2002 pág. 419/421.
BINDER, Alberto. Policías y ladrones. La Inseguridad en cuestión. Bs.As: Capital Intelectual. Colección: Claves para todos. 2004. pág. 30/31.
PENSAMIENTO PENAL Y CRIMINOLOGICO. Op. Cit. Pag. 419/421.
JULIO VIRGOLINI. Abogado penalista. Ex Juez de la Nación. Prof. de Derecho Penal y Criminoilogía de la UBA. Artículo publicado en el libro Voces en la Crisis.

20/05/07

marce

Las personas son , en gral, y mas si fueron victimas de un delito, adeptas a la "mano dura",vemos que ese tipo de discursos "prende" rapido y si bien no tendrá efectos concretos sobre la seguridad genera una sensacion de Justicia que calma a la gente. Sucede tambien que a veces, y en un pais como este, con su historia, las personas sienten que no hay tiempo para esperar que la seguridad llegue una vez que se acabe la exclusion y desigualdad social. Creo que tiene que ver tambien con sentarse a esperar que la desigualdad la solucionene otros.

Alberto

El tema está en que entendemos por Seguridad. ¿No es seguridad el tener un empleo estable,sueldo digno, una obra social,el acceso al crédito, a la vivienda, a la educaciòn y a la salud?E sa Seguridad es la que debe brindarse. Como se dice en el artículo:"La seguridad del empleo, de la asistencia en la enfermedad y en la vejez, de la vivienda, la educación, la cultura, el desarrollo personal son otras formas en las que debe conjugarse el término seguridad". Con respecto a la "manodura" o "tolerancia cero" como se dice aquí, les quiero hacer saber que fue aplicada por el Alcalde de Nueva York, para las infracciones o faltas,, no para los delitos. Esta no es la solución. Ya esta visto. Ni aquí ni en Estados Unidos, donde fracasó ya que ese país tiene el más alto índice de muertos por arma de fuego de todo el mundo:12.000 al año. Saludos