Hernán Vaca Narvaja.

La historia a veces se encapricha en ubicar a ciertos personajes en el centro de la escena, como si el destino les hubiera marcado el paso de antemano. Carlos “Charles” Biset, junto a su hermano Rogelio, fue quizás el empresario que más impulso le dio a la actividad industrial en Río Cuarto. Pero la vida se encargó de despojarlo de todos sus bienes y ni siquiera logró retener la conducción del Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto (CECIS) cuando inauguró el imponente edificio que él mismo había construído y que todavía hoy alberga las oficinas del centro.

Agobiado por los conflictos políticos y los vaivenes económicos de un país que ha hecho de la inestabilidad un culto, Biset se autoexilió en Uruguay y dejó su “imperio” en manos de un fideicomiso -figura que por entonces era absolutamente novedosa- integrado por quienes terminarían traicionándolo: su escribano de confianza y el abogado de sus empresas.

Cuando decidió regresar de la costa oriental, Biset no encontró nada de lo que había dejado: Rumifer había quebrado, Bimaco era sólo un recuerdo y el diario Puntal había cambiado de manos.

Biset presentó una denuncia penal contra el abogado Delfor Maldonado y el escribano César Aquiles Mugnaini, a quienes sindicó como los autores de “una programada y sistemática acción de despojo a la cual concurrieron otras personas como partícipes necesarios o secundarios”, entre los que mencionó a Juan Carlos Masoero, Ricardo Pandolfi, Jorge Molinuevo y Héctor Boccaloni, entre otros.

Según explicó Biset en su denuncia, Mugnaini y Maldonado habían recibido -para administrar “de la mejor manera posible”- un patrimonio neto de 1,8 millón de dólares, que se esfumó en los cinco años que duró el autoexilio de Biset en Uruguay. La denuncia puntualizaba cómo se habían rematado los bienes de la familia Biset a precio vil para favorecer a los empresarios amigos de Mugnaini y Maldonado. Por caso, se denunciaba la venta a Roberto Quadrelli de un campo de mil hectáreas en Las Tapias a sólo 100.000 Australes; la transacción de un campo de 7.790 hectáreas (Monteguazú) a Oscar Crenna en 14 dólares la hectárea; y la venta de 160 lotes en los barrios Parque Bimaco y San Lorenzo entregados a Masoero/Carmine SRL a un precio vil de dos dólares el lote.

El primero de octubre de 1996 el por el entonces fiscal de instrucción Jorge Fantín imputó por asociación ilícita y administración fraudulenta a Mugnaini, Maldonado, Molinuevo, Gamond, Masoero y demás empresarios denunciados por Biset. Pero luego se apartó de la causa y el juez Bustamante sobreseyó a todos los involucrados.

Biset quedó rumiando bronca y nunca más habló del despojo del que habría sido víctima. Parecía una derrota irreversible. Pero “Charles” tenía todavía un par de ases bajo la manga. Rescató del olvido unos terrenos ubicados sobre la ruta a Achiras e impulsó la construcción del country San Esteban, que terminó imponiéndose pese a la resistencia de los vecinos de Villa Golf. Y volvió a ocuparse de un juicio de “expropiación inversa” contra la provincia de San Juan, por haberse quedado en forma ilegítima con medio millón de hectáreas de la denominada estancia “San Guillermo”.

“San Guillermo” era uno de los últimos reductos naturales donde nace y crece la vicuña, una especie en extinción. Se trata además de un hábitat de montaña rico en minerales y recursos naturales, declarada “Reserva de la Biósfera” por la UNESCO, cuyos primeros títulos de propiedad le pertenecieron al mítico caudillo riojano Juan Facundo Quiroga.

Antes de su fallecimiento, Biset pudo celebrar su primera victoria en los tribunales de San Juan. La sentencia del juez Roberto Pagés, titular del juzgado de Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, estaba fechada el 3 de julio de 2008 y estipulaba “fijar como justo valor indemnizatorio a pagar a la actora Francisco Biset e hijos S.R.L. (...) la suma total de $ 10.761.600, con más el interés del 8% anual desde la fecha de la expropiación (23/12/1975) hasta el día 31 de octubre de 2007 (fecha de la tasación) y a partir de allí y hasta su efectivo pago la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina”.

La sentencia fue apelada por el Gobierno sanjuanino y por el propio Biset. El fiscal de Estado de San Juan, Mario Díaz, se mostró reacio a brindar información. La asesora legal de la Provincia, Margarita Toro, explicó que Biset “no acreditó tener título de dominio inscripto, ni de derechos y acciones registrados”. Pero su argumento fue rebatido por un fallo de la Corte de Justicia de San Juan. Pese al hermetismo y el mal humor que genera en los funcionarios sanjuaninos la consulta sobre el tema, en realidad la administración Gioja no parece haber definido una estrategia para abordar la problemática de la estancia “San Guillermo”.

El abogado de Biset, Eduardo Aguiar Prieto, también se negó a brindar información sobre la causa. “Discúlpeme, pero la familia no me ha autorizado a hablar sobre este asunto”, se excusó ante la consulta de El Sur. Su decisión de apelar la sentencia es curiosa: el monto indemnizatorio dispuesto por el juez Pagés es muy similar al arreglo extrajudicial que Biset y el Gobierno nacional habrían estado a punto de firmar cuatro años atrás. La indemnización establecida por la Justicia de San Juan es una fortuna: 39,1 millones de pesos.

Entre el año 1975, cuando se produjo la expropiación, y el 2007, cuando se estableció el precio de la indemnización en base a una tasación oficial, se debía pagar a Biset una tasa de interés del 8 por ciento anual. Esto suma $ 22.238.416 que, agregados al capital ($ 10.761.600), totalizan $ 33.000.016. A ese monto hay que sumar los intereses devengados por tasa activa durante un año, lo que suma otros $ 6.138.003. En definitiva, la Justicia le ordenó a la provincia de San Juan que le pague a a Carlos Biset la friolera de 39.138.019 pesos.

Pero Biset apeló. Aparentemente, el empresario no podía terminar de asimilar la caída de un preacuerdo por 60 millones de pesos al que se había arribado en el año 2004 y que habría contado incluso con la venia del presidente Kirchner.

Desde el 9 de octubre último, las apelaciones de Biset y del Gobierno de San Juan están a estudio de los magistrados que integran la Sala III de la Cámara de Apelaciones de esa provincia.

La excursión a San Juan

Más allá de la demanda judicial, Biset siempre estuvo abierto a una negociación para recuperar el dinero que le correspondía por las tierras que le habían sido expropiadas por el gobierno de San Juan. En algún momento pensó que ese dinero podría ser la tabla de salvación para sus empresas, el nuevo motor que le permitiera reconstruir parte del poder económico que se le había esfumado de las m anos. El propio juez Pagés destacó en su sentencia que “la injustificada demora de la Provincia en iniciar el trámite judicial expropiatorio motivó a su parte (a Biset) a realizar gestiones administrativas tendientes a obtener la pertinente indemnización patrimonial compensatoria, la cual estuvo a punto de concretarse con un acuerdo administrativo que finalmente se frustró de manera inexplicable”.

La historia del litigio millonario se remonta al año 1988, cuando la dupla Mugnaini-Maldonado, por entonces administradores de los bienes de Biset, otorgaron poder general al abogado Aguiar Prieto para que iniciara una demanda judicial por “expropiación inversa” a la provincia de San Juan. El abogado sanjuanino cobraría el 30 por ciento del monto indemnizatorio resultante y como contrapartida se haría cargo de los gastos que insumiera el proceso.

(Puede leer la nota completa en la edición impresa de revista El Sur de noviembre, de venta en kioscos de Córdoba, Río Cuarto y Villa María)

Selva

Interesante informe, como todos los publicados por esta revista y este periodista...si sera RENTABLE el "negocio de tierras"...

juan c. olmos

Cristobal Colon.TIERRAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Selva

El periodico LA VOZ DE MINA CLAVERO (se adquiere en el kiosco la terminal del mercado sur y en Arturo M. Bas y Caseros) en su numero de Noviembre de 2008 publica OTRO ESCANDALO sobre inmuebles usurpados que se ventila, cuando no, en los tribunales de VILLA DOLORES...mas verguenza...