Hernán Vaca Narvaja.

Fue el escándalo de fin de año: una conocida abogada de la ciudad, funcionaria municipal del área de saneamiento de títulos, utilizaba indigentes para evadir impuestos. Trascendieron nombres de “ricos y famosos” y se habló de una organización de alcances provinciales con sede en Córdoba.

María Pía Cardoso fue expulsada del municipio por orden del intendente Benigno Rins y la causa se desdobló: Julio Rivero investiga las lesiones leves provocadas al joven Príncipe y la Justicia federal todo lo atinente a la presunta evasión.

Después explotó la Planta Piloto de la Universidad Nacional de Río Curto y el affaire Cardoso prácticamente desapareció de la agenda mediática de la ciudad. ¿Qué pasó desde entonces?

Pese a la complejidad de la causa, el Tribunal federal avanzó rápidamente en el secuestro de documentación y tiene virtualmente probado el circuito de la evasión. Pero, paradójicamente, la investigación no puede avanzar porque el principal perjudicado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), todavía no habría determinado el monto de la evasión y por tanto el perjuicio económico ocasionado.

La Ley Penal Tributaria es clara en ese sentido: “El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria”, para lo cual tiene un plazo de 90 días, “prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo”.

Al cierre de esta edición, la AFIP todavía estaba dentro del plazo estipulado para hacer la denuncia, pero en el organismo prima el hermetismo. De todas maneras, hasta tanto ellos no determinen el monto de la evasión y hagan la denuncia, el Tribunal federal no puede avanzar en la delimitación de responsabilidades.

Aunque no es poco lo que ya consiguió: apenas tomó estado público la presunta maniobra de la abogada Cardoso con un abogado de Córdoba y un puntero político de Rins, la Policía Federal allanó las dependencias municipales donde trabajaba la abogada y habría secuestrado importante documentación de una bolsa de residuos hallada frente al edificio donde tiene residencia, ubicado sobre la calle Alvear.

En esa bolsa de nylon blanca el juez Oscar Valentinuzzi y el secretario penal Carlos Ochoa encontraron el “mapa” que permitió orientar la investigación hacia la presunta ruta de la evasión tributaria.

La bolsa de Pía contenía, entre otros residuos, cartas de porte en blanco y otras a nombre de indigentes, formularios de autorizaciones en blanco, formularios de inscripción en monotributo ante la AFIP también con datos de indigentes y numerosas fotocopias de Documentos Nacionales de Identidad (DNI).

Esa bolsa de residuos fue clave para orientar el resto de los allanamientos, que incluyeron las dependencias municipales donde trabajaba Cardoso, sobre la calle Mendoza al 700 (área de saneamiento de títulos) y en las dependencias de la Secretaría de Obras Públicas (San Martín 36, primer piso).

Las primeras sorpresas surgieron del allanamiento producido en las oficinas locales de la Federación Agraria Argentina (San Martín 1060), donde los federales secuestraron, entre otros papeles, recibos de la Federación a nombre de indigentes acompañados por triplicado, fotocopias de F-01 de la FAA con certificación de firma, formularios CHC, fotocopias de DNI y fotocopias de autorizaciones de comprobantes de compra, además de listados impresos con detalles de facturación de la FAA sobre las ventas de formularios y listados de cartas de porte impresas por la entidad.

Siguiendo la declaración testimonial de Nilda Romero, los federales allanaron también una escribanía ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen, donde secuestraron documentación a nombre de Hugo Agüero (a) “El Porteño” y un grupo de indigentes que habrían sido contactados por él y la abogada Cardoso, a quienes se hizo suscribir formularios de la AFIP.

Los nombres de algunas empresas que estarían implicadas en las maniobras surgieron de otro allanamiento, esta vez a las oficinas de la Sociedad de Acopiadores de Córdoba, donde se hallaron solicitudes de compra a nombre de indigentes con las empresas ADELCAR S.A., F.L.G. AGROPECUARIA S.A., GORDON S.A. y HERNÁN, todas con domicilio en la ciudad capital, que fueron allanados y donde también se secuestró importante documentación.

Por último, el rompecabezas se terminó de armar con una serie de allanamientos a productores agropecuarios en las localidades de Las Acequias, Reducción y Alejandro Roca.

(Puede leer la nota completa en la edición impresa de revista El Sur de marzo, de venta en kioscos de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y zona de influencia)

América V.

Repugnante lo de Pía Cardoso, repugnante lo de Rubén Daniele que aparece en la misma tapa. Dos caras de la corrupción que merecen nuestro más enérgico repudio. ¿Repudio? No, asco.