Sosperiodista.

“La polémica explotó en Córdoba la semana pasada, cuando diferencias irreconciliables entre los legisladores que responden al gobernador Juan Manuel de la Sota y los enrolados en el sector que lidera el vicegobernador Juan Schiaretti impidieron el debate en la Legislatura de un proyecto por el cual la provincia adhería a la ley nacional 26.130 que legalizó la anticoncepción quirúrgica en todo el país. El tratamiento se frenó después de que la legisladora Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti, se plantara en una reunión del bloque oficialista y anunciara que no iba a permitir que se aprobara la norma”, contextualiza Mariana Carbajal en su artículo.

Y agrega que la resistencia de Vigo tiene que ver con el temor a enemistarse con la jerarquía católica a meses de que su esposo, dispute el sillón del gobernador en las elecciones de 2007.

En la nota se reproducen declaraciones de la diputada nacional del ARI, Marcela Rodríguez, que explicó por qué la ley nacional 26.130 no requiere la adhesión de las provincias para su entrada en vigencia como ocurre con otras normativas y aclaró que justamente se adhirió a una convención de jerarquía constitucional para evitar que las provincias pusieran obstáculos para su cumplimiento.

Además, a propuesta suya se eliminó del dictamen que se había aprobado en comisiones un artículo que establecía que las provincias debían adherir.

Esta interpretación queda clara en un documento que acaba de elaborar el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: El paper dice que toda persona mayor de edad podrá hacer valer su derecho en cualquier hospital o clínica del país. Y que “ninguna regla existente o que se planee dictar una vez vigente la ley 26130 puede establecer requisitos o condiciones que dificulten o limiten el acceso al derecho regulado en la norma nacional”.

“En Córdoba pretenden que una junta médica sea la que decida si una persona puede someterse a alguna de esas prácticas, en lugar de que sea su voluntad, previo consentimiento informado, la que prime a la hora de decidir una intervención de este tipo, como determina la ley nacional”, dice Página.

El Ministerio de Salud de la Nación también aclara que “las leyes de ejercicio de la medicina provinciales que restringen la realización de las prácticas (...) también son desplazadas por la ley nacional” .

Página/12 consultó a dos legisladoras cordobesas que defienden la implementacion de ley 26.130 y ambas desconocían esta interpretación de la normativa. Al parecer, ningún legislador cordobés está al tanto de que ya es legal la anticoncepción quirúrgica en su territorio. Tampoco el ministro de Salud provincial, Oscar González, que defiende la implementación de la ley, pero quiere imponer restricciones al acceso de la ligadura y de la vasectomía. González anunció que el tema se discutirá el 13 de diciembre en la Legislatura. El debate no sería necesario. A la diputada Prato (FPV), que la semana pasada pidió que le ligaran las trompas, sólo deberían exigirle el consentimiento informado para operarla.

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05/11/06